PETROPERU, empresa peruana creada en 1969, reactivada con capitales estatal y privados comunicó que el 4 de febrero se identificó una contingencia en el Km206 del Oleoducto Norperuano (Ramal Norte, ORN), ubicado en el distrito de Morona, provincia Datem del Marañón, región Loreto, a 13Km de la comunidad nativa de Mayuriaga. Sin embargo, ya el 25 de enero se había producido otra contingencia.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, organismo público técnico especializado, que se encarga de fiscalizar a los administrados de los sectores de minería, energía, pesquería e industria manufacturera, inició la supervisión, señalando que el reporte de emergencia ambiental de la empresa no informa el volumen de petróleo crudo derramado ni los componentes ambientales que habrían sido posiblemente afectados, observando presencia de hidrocarburos sobre la superficie de las aguas del río Morona y en cuerpos de agua en la desembocadura de la Quebrada Cashacaño.
El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, manifestó que existe descuido en el mantenimiento del ducto, pues en el año 2014 ya se había detectado un derrame en Cuninico a causa del mal estado del mismo ducto de ahora. “Se estima que el derrame total, en ambos puntos, fue de 2 mil a 3 mil barriles. El crudo ya está siendo contenido con barreras desde el 8 de febrero. La gente de OEFA se encuentra en la zona al igual que el Ministerio de Salud y del Ministerio de Energía y Minas, que deben declarar una emergencia sanitaria porque el punto central es el abastecimiento de agua segura”, señaló además que Osinergmin verificó que Petroperú no concluyó el Plan de Adecuación que debía cumplir en el 2015, el cual obliga a todas las empresas que operan ductos a implementar diversos sistemas de integridad para gestionar la seguridad de los mismos. Uno de ellos es la utilización de dispositivos de inspección interna (raspatubos inteligentes) que permiten hacer pruebas precisas sobre el estado del ducto en toda su extensión. Esto ya se cumplió en los Tramos I y II, encontrándose pendiente el resultado o informe final de esta inspección. Cabe resaltar que esta investigación queda pendiente en el ramal norte del oleoducto NorPeruano, que data del año 1976, por lo que el OEFA está estableciendo que se haga una revisión inmediata y un mantenimiento urgente a todo el ducto.
Las medidas contra una empresa pública como Petroperú son las mismas que se aplican a una empresa privada: se debe reducir la presión del crudo en la zona para evitar más fuga, se tiene que cumplir el Plan de Adecuación y se exige restaurar el suelo afectado. “El propósito es evitar más derrames de crudo en un ducto que claramente necesita mantenimiento y prevenir más problemas a futuro”, concluyó Pulgar-Vidal.
Luego del derrame de petróleo ocurrido el 25 de enero en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, y el acaecido el 4 de febrero en el distrito de Morona, provincia del Dátem del Marañón, departamento de Loreto, el OEFA expuso que: «Los derrames ocurridos implica una situación de reincidencia, debido al derrame ocurrido en Cuninico (Urarinas, Loreto) en junio de 2014, lo que incrementa la multa a ser impuesta».
Adicionalmente, se le ha solicitado a PetroPerú que, en un plazo no mayor a 30 días hábiles (contados desde el 16 de febrero, según Resolución Directoral Nº 012-2016-OEFA-DS), cumpla con elaborar y presentar un proyecto de actualización de su Instrumento de Gestión Ambiental ante el Ministerio de Energía y Minas, a efectos que en dicho instrumento se incluya la evaluación integral de los impactos identificados en la actividad de transporte de hidrocarburos a través del Oleoducto Norperuano, así como los compromisos ambientales que resulten aplicables para garantizar el adecuado manejo y mitigación de dichos impactos.
Por otro lado, según información del Ministerio de Salud, un total de 243 personas de 39 comunidades fueron afectadas por el derrame en Loreto y Amazonas.
Se espera la renuncia del presidente de Petroperú, Germán Velásquez, quien puso su cargo a disposición, decidirá el Directorio, donde participan el Ministerio de Economía.
El 1 de marzo, de acuerdo con la Agenda de Actividades del Congreso de la República, la ministra de Energía y Minas, Rosa Ortiz Ríos; el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal Otárola; el presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Jesús Tamayo Pacheco; el presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Hugo Gómez Apac; y el presidente del Directorio de Petroperú, Germán Velásquez Salazar, se presentaron ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, para tratar el estado actual del derrame de petróleo ocurrido el 25 de enero de 2016 en el río Chiriaco, ubicado en el distrito Imaza, provincia de Bagua, Amazonas, y las medidas que se habrían implementado para remediar el daño al medio ambiente y a las poblaciones adyacentes.
Un parlamentario señaló que «no obstante el Director de PetroPeru haya pedido perdón el mismo sostenía que no había contaminación, en cambio hay muchos niños contaminados».
El Director de PETROPERU señaló que van a «invertir en la limpieza y luego en la corrosión, requerimos de 60 días. En 16 años no se había hecho el control. Lo normal es hacerlo cada 4 años y desde ahora se hará cada dos años».
El Ministerio de Salud ha identificado a 90 niños que han tomado contacto con el petróleo y se está vigilando el desenvolvimiento de los mismos, siendo necesario trabajar en la prevención.