El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) manifestó su preocupación por el robo al expediente de investigación del caso de Berta Cáceres, activista ambiental, dirigente de la organización indígena COPINH y defensora de derechos humanos asesinada el pasado 3 de marzo de 2016, a través de una carta dirigida al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rolando Argueta, y otra dirigida al Fiscal General del Ministerio Público de Honduras, Oscar Chinchilla.
El Comité se pronunció ante las autoridades debido a la posible vulneración del derecho de toda víctima de violencia y a sus familiares a tener un juicio justo y transparente, así como la posibilidad de estar transgrediendo los estándares de debida diligencia que ha desarrollo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), basándose en el contenido de la Convención de Belem do Pará.
En los documentos enviados, el Comité recordó a las autoridades que el Art. 7 de la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados Parte a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, estableciendo procedimientos legales justos y eficaces, que incluyan medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, así como establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la familia de la víctima tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.
Finalmente, el Comité recordó el retroceso que esto implica para el Estado de Honduras en materia de garantizar los derechos de defensores y defensoras de derechos humanos, debido a que Berta era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009, por las constantes amenazas a causa de su trabajo como defensora de los derechos indígenas y medioambientales.
El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal.