Una propuesta de Vacancia o Renuncia por probada incapacidad

¿Cuándo Perú dejó de ser seguro?

Miedo, frivolidad y una vacancia que llega tarde

Mientras el crimen organizado ganó barrios y carreteras, el Gobierno administró la imagen y el Congreso miró hacia otro lado. Hoy la vacancia se admite: la seguridad ya no puede seguir en piloto automático.

Del ruido político al miedo cotidiano

¿En qué momento Perú dejó de ser seguro? ¿Cuándo se apagaron las marchas por mala gestión y la gente eligió encerrarse?
Una fecha simbólica es la gran ola migratoria venezolana: llegó muchísima gente trabajadora, pero también se colaron redes criminales —liberadas o toleradas por el régimen de Maduro— que encontraron terreno fértil en nuestro desorden. El breve gobierno de Kuczynski no puso diques ni controles suficientes. Luego vino Castillo, con una política que se armaba y desarmaba, hasta el autogolpe torpe que bordeó el conflicto.

Con Boluarte, la respuesta estatal a la protesta fue letal: más de cincuenta peruanos muertos en operativos. Y, en paralelo, la delincuencia se volvió “útil” para ella, para un poder que dejó de escuchar a la calle: no se detiene a los criminales, la ciudadanía se retira, el miedo se expande por todo el país, no solo en Lima.

Miedo como anestesia; frivolidad como gobierno.
Mientras la gente peleaba con la extorsión, el asalto y el sicariato, el pánico social reemplazó el control democrático. La crítica abierta se apagó; el poder quedó sin contrapeso. En ese vacío, la Presidencia viajó, posó y anunció, pero no concluyó. La transparencia tampoco fue emblema: poco o nada sabemos de acuerdos sensibles —por ejemplo, con China— que deberían ser públicos.

El inventario de la inacción

Si hoy podemos escribir un inventario de omisiones es también porque la ciudadanía —cansada, temerosa— prefirió no mirar y esperar una solución “desde arriba”. El gobierno de Boluarte dejó una lista de acciones inconclusas:

• Emergencias sin resultados. Prórrogas en Lima, Callao, Trujillo, Virú y más. La extorsión y el sicariato siguieron al alza; no hay indicadores públicos de reducción sostenida.

• Explosión de la violencia letal. 2025 estuvo marcado por el asesinato de transportistas (al menos 180 por negarse a pagar “cupos”) y ataques a artistas populares; incluso un tiroteo a Agua Marina dentro de un recinto militar. Fallaron prevención, inteligencia y control territorial.

• Desalineo entre discurso y capacidad. Se debilitó la lucha contra el crimen al erosionar la independencia de fiscales y jueces. El Ejecutivo respondió con gestos simbólicos (pena de muerte, inviable hoy) en lugar de un plan integral. Resultado: más homicidios y extorsiones entre 2023–2025.

• Desconexión con la gente. La aprobación presidencial se hundió en 2–4%. Con esa fragilidad, coordinar con regiones, municipios y PNP se volvió casi imposible.

• Señales anti–Estado de derecho. La amnistía a militares y policías por crímenes del pasado, cuestionada internacionalmente, transmitió blindaje político en plena ola delictiva.

Y la medida de esa irresponsabilidad se vio ayer: en Cusco, más de dos mil turistas quedaron varados; hubo incluso quienes excavaron bajo los rieles del tren, generando caos. Y, al mismo tiempo, el Gobierno promete aumentar la llegada de turistas. Una estrategia “a su modo” que no se distancia de Castillo: destruir el país.

Lo que produjo: tres daños que pesan

• Falla estructural. Seguridad sin plan (inteligencia, cárceles, aduanas, finanzas del crimen, policía comunitaria) y emergencias encadenadas que no bajan la curva.

• Costo humano. Transportistas asesinados, artistas atacados; Estado ausente incluso en espacios “protegidos”.

• Costo institucional. Medidas simbólicas, choques con derechos humanos y desconfianza récord hacia el Gobierno.

Vacancia a meses de 2026: qué mirar ahora

A meses de la presidencial de abril de 2026, tras ignorar clamores, también del sector empresarial, tardíos pero claros, el Congreso admitió la vacancia. Lo inmediato:

1. Ruta de votos. Tras los 52 para admitir, la destitución exige 87.

2. Contragolpe oficialista. ¿Más emergencias, operativos o cambios de gabinete para ganar tiempo?

3. Señal de los grandes bloques. La mayor bancada anunció apoyo a la salida; si no se mueve, la correlación cambia.

Un país que normaliza emergencias sin resultados termina gobernado para la imagen. La vacancia no resuelve el crimen por sí sola, pero nombrar la inacción es el primer paso. La seguridad no se administra con comunicados: se construye con inteligencia real, cárceles ordenadas, aduanas blindadas, finanzas del crimen perseguidas y presencia policial donde la gente vive.

La democracia no puede seguir en piloto automático mientras el miedo hace el trabajo sucio.

Y sí, es lícito preguntar por qué una mujer del interior del país, que conoce de cerca la violencia que Perú ha padecido, más allá de Sendero, fue tan insensible al decaimiento social. Sus decisiones siguieron una lógica cortísima:

1. Gobernar para sobrevivir, no para reformar. Con 2–4% de aprobación, la prioridad fue retener votos en el Congreso. Eso empuja a parches (más emergencias, más militares) en vez de reformas (policial, penitenciaria, fiscal) que rompen equilibrios. Un do ut des permanente y mezquino.

2. La emergencia como muleta. Lima/Callao y otras zonas encadenaron prórrogas. La extorsión y el sicariato no cedieron. La emergencia exhibe acción; no baja curvas.

3. Instituciones debilitadas. Con un Congreso que recorta independencia a jueces y fiscales, aún con voluntad el Ejecutivo pierde capacidad contra extorsión, lavado y control carcelario.

4. Señales de impunidad. El Tribunal Constitucional suspendió investigaciones a Boluarte hasta 2026: legalmente posible, políticamente tóxico. Se sumó una amnistía leída como blindaje, no como seguridad.

5. Relato desconectado. Con ≥180 conductores asesinados y miles de extorsiones, el Gobierno no mostró métricas de mejora ni un plan paso a paso. Cuando el discurso no cuadra con la calle, o con el caso Agua Marina, la gente sella su veredicto: inacción.

En síntesis:

• Falla de enfoque: supervivencia política y “mostrar acción” vs. políticas integrales.

• Falla de entorno: un andamiaje institucional debilitado atasca cualquier estrategia seria.

• Falla de legitimidad: con aprobación mínima y señales de blindaje, el Gobierno perdió autoridad para exigir sacrificios y coordinar.