Será votada en la plenaria de septiembre 2017 la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las negociaciones relativas a la modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile elaborada en la Comisión de Comercio internacional por la Ponente, la diputada española, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Las relaciones entre ambos actores se rigen por el Acuerdo de Asociación UE-Chile de 2002, el deseo de modernizarlo surge ante los cambios comerciales y económicos que han transcurrido en este último decenio. La probación en plenaria comprenderá que se suscriban dos acuerdos, uno referido al comercio de productos ecológicos y el tercer protocolo adicional  para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la UE.

Entre los considerandos de la propuesta resaltamos la consideración de la estrategia «Comercio para todos» la cual señala que «la Comisión debe seguir una política que beneficie a la sociedad en su conjunto y fomente las normas y valores europeos y universales junto con los intereses económicos fundamentales, y haga más hincapié en el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la evasión fiscal, la protección de los consumidores y el comercio justo y responsable».

Nadie pondrá en duda el gran beneficio que ha constituido este Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile, activo desde el 2003 duplicando sus valores comerciales. En 2016, la Unión exportó a Chile bienes por valor superior a €8,600 millones, mientras que Chile exportó a la Unión bienes por valor de €7,400 millones; en 2015 el valor del comercio de servicios de la Unión con Chile ascendió a €3,800 millones y el del comercio de servicios de Chile con la Unión, a €2,000 millones; por último, la inversión extranjera directa de la Unión en Chile alcanzó un total de €42,800 millones.

El transcurso de tiempo ha ampliado sectores, se sienten las carencias como son los capítulos específicos referido a la inversión, pymes, derechos de propiedad intelectual, energía y género, y que tampoco cuenta con un capítulo dedicado al comercio y el desarrollo sostenible, en el que se establezcan obligaciones en materia de cumplimiento de la legislación laboral y ambiental y se fomenten las mejores prácticas en ámbitos como la responsabilidad social de las empresas y la garantía de la sostenibilidad; tampoco comprende la protección y promoción de la salud pública, los servicios sociales, la protección social y del consumidor, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente, el bienestar animal, la moral pública, la privacidad y la protección de datos, y la promoción y protección de la diversidad cultural.

Chile ha sido el primer país latinoamericano que ha suscrito con la UE un acuerdo sobre el comercio de productos ecológicos, donde prima el reconocimiento bilateral de la «nueva generación» en el comercio de productos ecológicos, se firmó el 27 de abril de 2017 y requiere el consentimiento del PE para su celebración formal. La UE y Chile reconocerán mutuamente la equivalencia de sus normas y controles sobre la producción de alimentos orgánicos. En cuanto a la UE, el acuerdo abarcará los productos ecológicos con arreglo al Reglamento (CE) nº 834/2007.

La Comisión de Comercio Internacional aprobó este proyecto de informe con 32 votos en contra favor, 2 en contra y 5 abstenciones. Contiene una amplia gama de recomendaciones, tales como buscar mejoras ambiciosas en el acceso al mercado de las líneas arancelarias para el comercio de mercancías, respetando al mismo tiempo los productos sensibles y abrir aún más la contratación pública, incluso a nivel subnacional. Además, sugiere una mayor liberalización de los sectores de servicios, pero hace hincapié en la necesidad de preservar el derecho de los gobiernos a regular los servicios públicos en interés público. Se propone poner valores sociales, ambientales y políticos compartidos en el centro del proceso de modernización, e insertar una cláusula horizontal de derechos humanos que abarque a todo el Acuerdo de Asociación. Sugiere capítulos separados sobre las microempresas, las pequeñas y medianas empresas (PYME), las inversiones y el comercio y el desarrollo sostenible, que contienen disposiciones vinculantes y aplicables y posibles sanciones por incumplimiento, así como sobre el comercio y la igualdad de género con objetivos claros y mensurables. Por último, el informe aboga por la utilización del nuevo sistema de tribunales de inversión y respalda la conclusión de dos acuerdos distintos que distinguen entre un acuerdo sobre comercio e inversión en el ámbito de la competencia exclusiva de la UE y otro sobre cuestiones en las que la UE y los Estados miembros comparten competencias.

Una nueva etapa de Acuerdos comerciales con visión femenina se está abiendo camino en las relaciones birregionales, se requiere impulso de ambas partes, en el caso de Chile este impulso se ha verificado con la presidencia Michelle Bachelet que ha encontrado respuesta en las diferentes instancias europeas, desde el Parlamento europeo como ha sido la diputada Rodríguez-Piñero Fernández; la Comisión europea con la Comisaria Anna Cecilia Malmström.