El miércoles 20 en la plenaria del Parlamento Europeo, sede de Estrasburgo, se debatirá la Resolución sobre el proceso de paz en Colombia.
El texto toma en cuenta los pasajes más importantes del avance de las negociaciones entre el Gobierno Colombiano y las FARC así como la participación de la Unión Europea.
Es relevante el acuerdo sobre la justicia transicional en Colombia y la declaración de la VP/AR Federica Mogherini al declarar “La UE reitera su apoyo a los continuos esfuerzos de Colombia para poner fin al conflicto interno. Estamos dispuestos a apoyar a todos los colombianos frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades que surjan de la aplicación de un acuerdo de paz”. (24 de septiembre de 2015). El nombramiento de Eamon Gilmore como enviado de la UE para el Proceso de Paz en Colombia el 1 de octubre de 2015, así como la declaración de la VP/AR, Federica Mogherini, en el acuerdo sobre las víctimas del conflicto en Colombia, cuando sostiene “Las víctimas se encuentran ahora en el centro de un proceso de paz. Junto con la verdad y la justicia, el acuerdo incluye los principios de la reparación y la no repetición. Estos son esenciales para construir una paz duradera en Colombia”. (16 de diciembre de 2015).
Un conflicto que lleva más de cincuenta años en Colombia, cuya paz es importante también para toda la región Latinoamericana, la Cumbre UE-CELAC de junio de 2015, reitera que América Latina es una zona de paz.
La Union Europea exalta el esfuerzo que se está llevando a cabo en La Habana, Cuba para poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado, “los acuerdos que se han alcanzado en algunos temas clave, incluyendo acuerdos sobre la restitución de tierras, la participación política y el tráfico de drogas, y que las partes se han fijado una fecha límite de 23 de marzo de 2016 al firmar un documento final; mientras que el acuerdo final se someterá a la aprobación de la población de Colombia en un referéndum”.
Esta propuesta de Resolución considera que “más de 220 000 personas han muerto en el conflicto armado y 45 000 han desaparecido, el 80% de ellos civiles, y que millones de personas han sido desplazadas por la violencia y muchos han sido secuestrados, amenazados o heridos por las minas terrestres durante el conflicto; mientras que Colombia es el segundo país más afectado por las minas en el mundo después de Afganistán, como las minas terrestres han matado o herido a más de 11 000 personas en los últimos 15 años”.
Sin embargo, deja en claro que la violencia no ha sido “causada por los insurgentes de las FARC, ya que muchos de los asesinatos fueron cometidos por los paramilitares de derecha, originalmente creados para combatir a las FARC; mientras que las bandas criminales que luchan por el control de la producción de cocaína de Colombia también se han convertido en una amenaza cada vez mayor”. Por otro lado, reconoce la creación de un “»sistema integral de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición», que tiene por objeto proporcionar un marco para la aplicación del presente acuerdo y del acuerdo relativo a la víctimas, incluyendo un acuerdo para establecer una comisión de la verdad para establecer quien cometió las atrocidades, tribunales especiales para juzgarlos y un compromiso de ambas partes para buscar a los desaparecidos”.
Concluye y señala:
1. Acoge con satisfacción los progresos realizados hacia la consecución de un acuerdo de paz definitivo, y elogia, en particular, el compromiso de poner a las víctimas en el centro del proceso de paz;
2. Elogia el papel de los países garantes, Cuba y Noruega, en las conversaciones de La Habana, así como el papel de los patrocinadores adicionales (Venezuela y Chile) y las naciones que se acompañan, en la asistencia a este proceso de paz;
3. Acoge con satisfacción el acuerdo sobre las víctimas que establecen un «Fuero Especial para la Paz», creado para oír confesiones, juzgar y sancionar a los autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y para determinar las reparaciones para las víctimas, y el comunicado explicando que las fuerzas de seguridad se ajuste en esa jurisdicción especial;
4. Considera, no obstante, que aún queda mucho por definir, y que algunas lagunas potenciales peligrosos permanecen, incluyendo:
• el significado exacto de «restricción efectiva de la libertad» para aquellos que confiesan sus crímenes,
• el manejo de los ‘falsos positivos’ crímenes contra los derechos humanos perpetrados militares,
• la responsabilidad de los jefes,
• el tratamiento de los reclusos condenados por «crímenes políticos y de los acusados de narcotráfico y toma de rehenes»,
• las reparaciones económicas para las víctimas de las FARC,
• el grado en que las personas en la «libertad restringida» podrían participar en la vida política,
• el nombramiento de los jueces del tribunal, y
• las sanciones para los patrocinadores civiles del paramilitarismo;
5. Insta a las partes, antes de la firma del acuerdo final, y teniendo en cuenta las evaluaciones de la Corte Penal Internacional y el Sistema de Derechos Humanos Interamericano, para añadir precisión y cerrar lagunas con el fin de definir mejor las zonas que carecen de claridad y tener el mayor potencial para el abuso;
6. Acoge con satisfacción el hecho de que las partes han acordado que no habrá amnistía para los delitos más graves, incluidos los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra graves, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual, y elogia como un paso crucial en la lucha contra la impunidad;
7. Considera que la creación de un subcomité de género para garantizar la incorporación de una perspectiva de género en las negociaciones y la participación de los sobrevivientes de la violencia sexual y los líderes de las organizaciones de derechos de las mujeres en las conversaciones de paz no tienen precedentes y debe ser una inspiración para otros procesos de paz alrededor del mundo;
8. Reitera su firme apoyo político de la UE para las conversaciones de paz de La Habana, y acoge con satisfacción el apoyo financiero reforzado prometido por la Comisión, así como la intención de iniciar un fondo fiduciario de la UE para apoyar la fase posterior al conflicto colombiano; cree que este fondo fiduciario será efectiva sólo si los Estados miembros de la UE y de otros donantes internacionales financien de manera significativa y si se dirige principalmente a las víctimas del conflicto y para los programas orientados a la implementación del acuerdo de paz, como la mina a la eliminación proyectos;
9. Subraya el papel crucial que las organizaciones de la sociedad civil jugarán en las consecuencias del acuerdo; cree que un fuerte apoyo a las organizaciones de la sociedad civil locales, incluyendo la víctima, la comunidad, la fe y los grupos de derechos humanos, facilitará la construcción de la paz, especialmente en zonas rurales y remotas del país;
10. Considera que el apoyo especial se debe proporcionar a las comunidades étnicas que han sufrido de manera desproporcionada en el conflicto, en particular las comunidades y personas afrocolombianas e indígenas;
11. Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre el punto del comercio ilegal de drogas y la decisión de implementar políticas de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos; subraya la necesidad de planes de desarrollo de las comunidades rurales, incluyendo programas para limpiar las zonas rurales de las minas terrestres, y acoge con beneplácito los acuerdos que busquen para tratar los productores de cultivos ilícitos a diferencia de las organizaciones criminales involucradas en otras fases del tráfico de drogas, ya que estas personas deben tener la posibilidad de reintegrarse en la sociedad colombiana; pide asimismo apoyo a las personas que están sufriendo las consecuencias de las fumigaciones aéreas de glifosato, un carcinógeno, que se utiliza como ingrediente principal para la fumigación aérea;
12. Considera que cuando se alcanza el acuerdo, el gobierno colombiano tendrá que hacer la transición a un nuevo y más limitado papel de las fuerzas armadas; cree que tanto las fuerzas armadas y de la policía tendrán que ser entrenados en técnicas de vigilancia comunitaria y el respeto de los derechos humanos, con un mecanismo de supervisión fuerte;
13. Considera que la paz en Colombia sólo puede consolidarse si un acuerdo también se alcanza con el ELN; insta a las partes a encontrar formas de avanzar con las conversaciones y para comenzar las negociaciones oficiales;
