No tiene un valor legal, sin embargo, es la expresión de la mayoría de venezolanos que han manifestado su rechazo al proyecto de Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Maduro, fijada para el 30 de julio 2017. En 2033 centros de votación instalados en Venezuela y 500 en el exterior, los venezolanos se expresaron con su negativa a este proyecto que los acerca más a una Dictadura.
Jurídicamente, quien ha convocado, es la Asamblea Nacional, la única institución con valor ciudadano, apoyándose en el artículo 71 de la Constitución venezolana que en la Sección Segunda: Del Referendo Popular dice:
Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.
También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia municipal y parroquial y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal y al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; el Alcalde o Alcaldesa y el Gobernador o Gobernadora de Estado, o a solicitud de un número no menor del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripción correspondiente.
Las preguntas del Referendo Consultivo son tres:
- ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?
- ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?
- ¿Aprueba la renovación de los poderes públicos así como la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unión nacional?
Este país, recibió migrantes de toda América latina en los diferentes períodos de opresión dictatorial, como fue el caso de Perú durante el Gobierno militar. Venezuela nunca había vivido una época tan desgraciada como la actual. Inicialmente, este pacífico pueblo, protestó pasivamente hasta llegar, a la hora actual, a asumir con responsabilidad el destino de su país y expresar el camino que desean dar a su modelo de desarrollo así como definir cuales serán sus representantes políticos. La solución está en la ciudadanía de Venezuela, aunque esta decisión esté trayendo tanta violencia en la calles.
Otra sede de contienda más abierta, en ámbito internacional, ha sido la Organización de los Estados Americanos donde se ha visto los frutos del PETROCARIBE, acuerdo suscrito por Venezuela con los países del Caribe a quienes les proporciona petróleo a precio de favor o casi gratís, en realidad el pago se ha constatado cuando estos países, en número suficiente, se han opuesto en sede de la OEA a sancionar a Venezuela por no respetar la Carta Democrática.
En estos últimos meses, la violencia gubernamental contra los ciudadanos, se ha recrudecido. Casi 100 jóvenes han muerto por manos militares, por las fuerzas de choque, por haber cometido el delito de protestar. Como acto sorpresivo, hace unos días, liberaron a Leopoldo López pasando éste a cumplir la pena en su domicilio.
Todo esto ha coincidido con la decisión popular venezolana de asistir masivamente el domingo 16 de julio a expresar su opinión, ante los abusos de poder, que ejerce Maduro que se culmina, por ahora, en crear una Asamblea Constituyente por decreto, formalizando de este modo, su gobierno dictatorial sin participación de los ciudadanos.
La Conferencia Episcopal Venezolana recientemente se ha pronunciado señalando:
“El mencionado proyecto constituyentista pretende imponer al país un régimen dictatorial. Además, al privilegiar, en su conformación, unas bases comiciales sectoriales sin asidero jurídico, se viola el derecho de todos a elegir y a ser elegidos y el principio constitucional (Art. 63 CRBV) de la representación proporcional de la población según su distribución territorial. La Asamblea Nacional Constituyente tendría un poder supraconstitucional, con el propósito de eliminar los actuales órganos del Estado, principalmente la Asamblea Nacional, elegida legítimamente por el pueblo».
Cada país Latinoamericano ha debido luchar por el respeto de su democracia, pues, existe en la región un gérmen que tiende a cortar las libertades básicas a los ciudadanos. Ahora mismo, diez países se encuentran involucrados, a nivel presidencial, en graves casos de corrupción, países como Venezuela con Chávez y Maduro y Brasil con Lula da Silva, han influido en las campañas políticas presidenciales y en el desarrollo de la economía interfiriéndo, en el caso de Brasil, con sus empresas en una red de corrupción.
Mucho por hacer en la región Latinoamericana. La ciudadanía venezolana ha dado su primer paso.
