En CADE 2022, se dedicó una sesión para escuchar a la Presidenta del Poder Judicial, dra. Elvia Barrios, Fiscal de la Nación, dra. Patricia Benavides, la Defensoría del Pueblo, dra. Eliana Revolla;
Dra. Elvia Barrios Presidenta del Poder Judicial
Dra. Eliana Revolla, Defensoría del Pueblo.
En el Perú, en el 2021, la pobreza que ya se había ido menguando, llega a 25.9%, cifra similar a la del año 2012 es decir con la pandemia y, todo lo que tenemos, más esta falta de gobernabilidad en el país, hemos retrocedido diez años en seguir luchando contra la pobreza.
Medida monetariamente en este grupo de pobres, el 50% no tiene desagüe, uno de cada cuatro no consume agua apta para humanos, 4% de ellos todavía tienen velas.
Esa es la realidad de nuestro país, dividido, fraccionado. Vivimos entre dos mundos y la Defensoría del Pueblo tiene 40 años en el país y somos 780 personas de estos poderes, la institución más pequeñita, pero ahí estamos, con esta enorme responsabilidad, que nos dice la presidenta del Poder Judicial y también la Fiscal de la Nación.
Entonces, si tenemos este país con cifras de pobreza tan grandes y queremos hacer algo, tenemos que pensar en la Democracia, cómo respetar la separación de poderes y, que no hay un primer poder, es un engaño decir que el Congreso de la República es el primer poder y que el resto siguen en vagón. La construcción de los poderes es una trilogía en que todos respetan sus Autonomías e Independencia, pero también, todos se controlan y ahí, entra el rol de los organismos autónomos, la Fiscalía de la Nación, entra el rol de la Defensoría del Pueblo, el rol del Tribunal Constitucional, etcétera. Y, hay un aspecto fundamental, así como se respeta la separación de poderes se tiene que trabajar en base al principio de colaboración y cooperación ¿para qué? Para sacar adelante al país. Entonces, No podemos aspirar a ser una democracia y pedir que la ciudadanía cumpla la legalidad si es que a nivel de Estado no estamos respondiendo a ello, necesitamos actuar en consonancia, necesitamos de todos y por eso yo saludo y felicito que el empresariado nos invite para poder dialogar. Muchas gracias
Dra Elvia Brarrios, Presidenta del Poder Judicial,
¿Cómo encontramos soluciones para que en la línea de lo que decía la Defensora del Pueblo podamos satisfacer también las expectativas de nuestros ciudadanos?
Lo decimos todos, el panorama es incierto, e indudablemente al Poder Judicial le corresponde un enorme desafío y es responder a las expectativas sociales de justicia y en el ámbito del Poder Judicial, esta expectativa, fundamentalmente, se centra en la celeridad en los procesos judiciales Yo siempre he dicho que mejorar el servicio de Justicia es consustancial al fortalecimiento del Poder Judicial, la falta de celeridad genera un impacto negativo y acrecienta la falta de credibilidad en el sistema de Justicia.
Lo que nosotros hemos hecho para ello, es, por ejemplo, incrementar la productividad de los jueces a través de un programa especializado de grandes cargas procesal pero también en la línea de que hay un conjunto de agentes económicos que retraen su intervención porque ven o advierten que puede no haber seguridad jurídica, lo que hemos hecho, por ejemplo, en esa línea es a nivel de la Corte Suprema: hemos creado una Sala Penal Especializada o sea la Suprema Penal Especializada que solo resuelve a dedicación exclusiva los conflictos tributarios y aduaneros en materia contencioso-administrativo, con ello, hacemos una gran descarga en la Corte Suprema, pero también, brindamos ese mensaje de celeridad que tienen que tener determinado tipo de procesos que tienen impacto en la economía nacional. El panorama es incierto y hay que decirlo claramente.
No necesitamos ser pitonisos ¿cómo salimos de esta situación de crisis?
En primer lugar, el sistema de pesos y contrapesos, es fundamental en un Estado de Derecho, lo dijo la doctora Eliana Rebollar, es correcto el respeto de las instituciones, la actuación diligente de cada institución en el cumplimiento de sus obligaciones normativas.
En el Poder Judicial, por ejemplo, desde esa perspectiva, nosotros hemos impulsado la política pública que ha sido aprobada, por cierto, que es la Reforma del Sistema de Justicia es una política pública 2021-2025 que tiene nuevo 9 objetivos estratégicos prioritarios y que esos están encaminados precisamente a mejorar el sistema en general, el sistema no solo poder judicial, fiscalía, defensa pública, etcétera, de justicia. Por eso es que hemos aprobado una matriz de implementación de esta política pública Y tenemos una Comisión técnica que ya entró en funciones Por cierto que dentro de ello nuestro compromiso es impulsar la gobernanza de datos e inter-operabilidad en el sistema de Justicia y también combatir la Violencia contra las mujeres, porque no podemos hablar de que somos un país democrático cuando se ejerce de diferentes maneras y con diferentes expresiones también violencia contra las mujeres, somos un Estado constitucional del derecho y es prioritario defender los Derechos Fundamentales de todas y de todos.
El uso de las tecnologías, por ejemplo, de la información nos ha permitido a nosotros transparentar democratizar e inyectar celeridad a los procesos judiciales y así garantizamos con mayor eficacia el principio de Tutela judicial efectiva a partir de inyectar tecnología, lo que hemos logrado es trabajar en términos de co-eficiencia pero también a su vez hemos reducido de manera considerable los tiempos en la actuación judicial, tenemos expediente judicial electrónico en diferentes especialidades. La primera, de manera integral en violencia, lo otro es en moralidad civil un sistema célere que resuelve hoy los conflictos en materia civil en un plazo máximo de un año. Pero, aquí es importante que ustedes sepan que hay un gran proyecto entre las instituciones del sistema de Justicia que comprende, por cierto con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial porque el sistema de justicia, en general, en un plazo máximo de tres años va a contar con expediente judicial electrónico en todas las especialidades desde el ámbito penal y el ámbito no penal, eje penal, eje no penal en tres años como máximo las instituciones tenemos el compromiso de trabajar para implementar el expediente judicial electrónico, adiós al papel. Para eso, hay un enorme desafío para el Poder Judicial ¿qué hacemos con los procesos que hemos empezado con papel? Tenemos órganos judiciales que se están dedicando precisamente a reducir esa carga procesal para que en un periodo de tres años empecemos todo electrónicamente lo que significa varios desafíos inmensos.
Desafíos, porque, primero, tenemos que tener una adecuada infraestructura, tiene que haber una transformación de los recursos humanos, tiene que haber una gobernanza de datos pero también tenemos, y ahí la importancia de esto, tenemos que cerrar esa inmensa brecha digital que se va a generar, precisamente en los sectores más vulnerables que no tienen un verdadero acceso a tecnología, no es posible que las instituciones brinden tecnología de punta y tengan expediente judicial electrónico cuando hay un sector desfavorecido, entonces abrimos una brecha para esa población vulnerable y es por eso que desde el Poder judicial, en el conocimiento que ya estamos reduciendo esa brecha, tenemos módulos de atención al usuario que les da soporte tecnológico y precisamente trabajamos en las poblaciones más vulnerables.
En el Poder Judicial somos 3.494 jueces y juezas para prácticamente manejan una carga procesal de tres millones y medio de expedientes en Justicia ordinaria pero contamos con justicia comunal, ese Juez de Paz que antes se denominaba no letrado, tenemos cerca, a nivel nacional, de 6000 jueces y jueces de paz que por mandato de la norma ante la carencia de presupuestos porque el Ejecutivo no brinda el presupuesto necesario, esos Jueces de Paz administran justicia, realizan actividad notarial pero también emiten medidas de protección y resoluciones en Casos de Alimentos y de Violencia, son 6000 Jueces de Paz. En el lugar más recóndito del país van a encontrar ustedes un Juez de Paz cuya oficina es su casa y lo que hemos hecho, es, hemos fortalecido sus capacidades de estos Jueces de Paz porque no podemos permitir que impartan justicia, lógico, aún cuando, tiene conocimientos básicos y han internalizados los valores de su comunidad, sin que tengan una mayor capacitación sobre lo que se debe y no se debe hacer, por ejemplo. Entonces, trabajamos con esos jueces de paz tenemos un proyecto que ganó el Poder judicial, la Comisión de Justicia de Género con Coica que está invirtiendo seis millones de dólares para fortalecer la justicia de paz en el Perú, hemos tenido que recurrir a la Corporación Coreana que nos ha ayudado precisamente y en estos momentos están llevando a cabo un encuentro de buenas prácticas entre Huancavelica – Cajamarca – Lima este y Junín.
Sobre los desafios, muchos, tenemos que fortalecer el sistema de Justicia más aún para que pueda responder a los casos complejos, a los mega procesos tiene que haber un sistema porque le corresponde a la Junta Nacional de Justicia nombrar un sistema de selección adecuado para los nuevos jueces que van a integrar esta Corte Penal nacional, ese es un riesgo que la Corte Penal nacional que ve los casos de crimen organizado, los mega-procesos está constituida por jueces provisionales porque no tienen jueces titulares. ¿Qué significa ello? que jueces titulares, de otros distritos judiciales son trasladados a la Corte Penal nacional para desempeñar sus funciones, son titulares en un Distrito pero no son titulares de la Corte Penal Nacional, de suerte que a la Junta Nacional de Justicia le corresponde la enorme responsabilidad de designar a estos nuevos jueces titulares para esta Corte Penal nacional.
Dentro de pocos días empieza el “Caso Orellana” más de 70 procesados y más de 40 imputaciones, tenemos que utilizar el Auditorio del Poder judicial para poder iniciar este proceso, que es un mega-proceso, que tiene más de mil actuaciones procesales. Entonces, ¿qué requerimos? de Jueces con absoluta Independencia, con fortaleza, que sean capaces de resistir cualquier ataque mediático y ahí importa la intervención del Poder Judicial para defender la independencia judicial porque el juez per se tiene que resistir el ataque mediático que hubiera, pero, también corresponde a la cabeza de la institución defender y alertar frente a cualquier ataque indiscriminado venga de donde venga, eso no lo vamos a permitir.
Eso hemos estado haciendo durante todo este tiempo, como ustedes habrán podido advertir, es verdad, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos pronunciamos porque vamos a decidir al final sobre un conflicto. Yo soy jueza penal, termina mi mandato, necesariamente tengo que ir a una sala especial, entonces, entiendan ustedes que hay veces, hay cosas que no podemos adelantar pero sí decir hay un grave riesgo en la selección y nombramiento de los nuevos jueces de la Corte Penal nacional y ahí tiene que afinar muy bien la Junta Nacional de Justicia y ahí también la Sociedad Civil tiene que estar expectante para ver quiénes son, quienes van a integrar esta Corte y van a llevar a cabo los casos más importantes de nuestro país.
Dra. Patricia Benavides, Fiscal de la Nación
Dra. Benavides, el desafío de su acusación constitucionales, que usted ha remarcado lo estrictamente jurídico de su papel y también ha remarcado que eso está ahora en la cancha de un poder eminentemente político que es el Congreso que tiene una labor, digamos intelectualmente no poco compleja, que es armonizar la propuesta interpretativa que usted ha formulado.
Todos los poderes del Estado, organismos constitucionales y sociedad civil debemos ser conscientes que la base del Estado de derecho es contar con instituciones sólidas, con una cultura organizacional basada en la ética, por ejemplo, un grave daño a la institucionalidad del país es no respetar la separación de poderes que incluye el respeto a la autonomía del Ministerio Público. Un país democrático requiere que todos los fiscales cuenten con la autonomía e independencia para el cumplimiento de su misión constitucional de investigar y perseguir el delito, nosotros los fiscales no trabajamos bajo ningún tipo de presión política, económica, mediática, ideológica. Nuestro trabajo es netamente técnico-jurídico, nosotros actuamos dentro de los cauces de la ley y la objetividad, investigando caiga quien caiga y pese a quien le pese.
A nivel internacional, se sabe que cuando se investiga a actores políticos, estos se defiendan alegando que se intenta judicializar la política cuando en realidad lo que buscan es politizar la justicia por ello desde todos los frentes se debe defender exigir y rechazar todo tipo de intromisión política en el sistema de Justicia especialmente en el Ministerio Público. Ahora bien, el Ministerio Público ha pasado por muy severas y graves crisis, por lo que nos encontramos en el empeño de promover la unidad de todos los integrantes de nuestra institución para devolverle al país la confianza en sus fiscales.
Para ello, las lecciones aprendidas son importantes y todos los fiscales del Perú estamos comprometidos con el respeto y la lucha por la institucionalidad. Es en esa línea, que en el caso de “los Cuellos Blancos” encontramos solo el 15% de los audios procesados, pero devolveremos a enero del 2023, el 100% de dichos audios a fin de que la verdad se conozca por completo. Lo que significa que en seis meses se procesará el 85% de dichos audios.
Esto es posible gracias al orden impuesto en el equipo especial de «Cuellos blancos” para que sus investigaciones sean de manera eficiente y eficaz por tratarse del caso de corrupción judicial más grande que ha tenido el Perú. Desde aquí les digo a todos los peruanos que nuestras acciones hablan de nuestro compromiso por la lucha contra la corrupción, en favor de la institucionalidad del país.
