La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región, ha expresado su preocupación por las muertes violentas de al menos doce personas privadas de libertad en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui y en la Comandancia General de la Policía, ambos en el estado Anzoátegui, así como en la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada en el estado Lara Venezuela, por lo que ha solicitado al Estado de Venezuela, investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos y, en su caso, identificar y sancionar a los responsables, así como adoptar las medidas necesarias a fin de evitar la reiteración de hechos similares.
En enero y febrero de 2016 tuvieron lugar cinco muertes violentas en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, comprobándose el uso de armas de fuego en la cárcel; en marzo 2016 se produjo una revuelta al interior de la Comandancia General de la Policía de Anzoátegui motivada por supuestas extorsiones y agresiones por parte de un grupo criminal que dominaba el retén de la comisaría y trajo como resultado, que tres reclusos perdieran su vida y otros doce resultaran heridos; el 15 de marzo de 2016 en el Centro Penitenciario Fénix tuvo lugar un enfrentamiento entre custodios y reclusos debido a que éstos últimos intentaron tomar como rehén al director del centro penitenciario, ante inconformidades por sus condiciones de detención, cinco personas perdieron la vida, además de 57 heridos.
La CIDH advierte que la cárcel de Puente Ayala, superaría una tasa de hacinamiento del 350%, además, a pesar de que las comisarías son centros de detención temporal, éstas funcionan como centros de reclusión “indefinida” para reclusos en prisión preventiva, e incluso, para personas que ya han sido condenadas.
En este contexto, la Comisión Interamericana ha hecho un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que adopten medidas apropiadas, entre ellas reformas estructurales, con el objetivo de prevenir este tipo de actos de violencia. Asimismo, insta a que el Estado adopte medidas concretas tales como desarmar a los reclusos e imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos; investigar y sancionar los actos de violencia y corrupción que tengan lugar en instalaciones penitenciarias; y prevenir el accionar de organizaciones delictivas que tengan una presencia en las cárceles. Además de adoptar pasos dirigidos a reducir el hacinamiento y el uso de la prisión preventiva, mediante el empleo y la implementación de medidas alternativas.
Por otro lado, el Papa Francisco es su bendición dominical del 27 de marzo, que celebrara la Pascua de Resurrección se refirió a los pesares mundiales y también a los pesares de las personas «que sufren en el cuerpo y en el espíritu, mientras que las crónicas diarias están repletas de informes sobre delitos brutales, que a menudo se cometen en el ámbito doméstico, y de conflictos armados a gran escala que someten a poblaciones enteras a pruebas indecibles», manifestó Dios ha vencido el egoísmo y la muerte con las armas del amor; «Que su mensaje pascual se proyecte cada vez más sobre el pueblo venezolano, en las difíciles condiciones en las que vive, así como sobre los que tienen en sus manos el destino del país, para que se trabaje en pos del bien común, buscando formas de diálogo y colaboración entre todos. Y que se promueva en todo lugar la cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco, lo único que puede asegurar el bienestar espiritual y material de los ciudadanos.»
