Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2025, sobre la estrategia política de la Unión para América Latina (2025/2083(INI))
El Parlamento Europeo,
– Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular su título V relativo a la acción exterior de la Unión,
– Vistos los artículos 3 y 21 del TUE y el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Vista su Resolución, de 2 de abril de 2025, sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común: informe anual 2024(1),
– Visto el Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021, por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global, por el que se modifica y deroga la Decisión n.º 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 del Consejo(2),
– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2023, sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo(3),
– Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en septiembre de 2015,
– Vistas sus Resoluciones sobre Venezuela, en particular la de 21 de enero de 2025 sobre la situación en Venezuela tras la usurpación de la presidencia el 10 de enero de 2025(4) y la de 19 de septiembre de 2024 sobre la situación en Venezuela(5), sobre Cuba, en particular la de 12 de julio de 2023 sobre el estado del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba a la luz de la reciente visita del alto representante a la isla(6) y la de 19 de septiembre de 2024 sobre el caso de José Daniel Ferrer García en Cuba(7), y sobre Nicaragua, en particular la de 13 de febrero de 2025 sobre la represión ejercida por el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, en particular contra defensores de los derechos humanos, opositores políticos y comunidades religiosas(8),
– Vistas las treinta y dos Resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el período que abarca de 1992 a 2024, incluida su Resolución A/RES/79/7, de 1 de noviembre de 2024, titulada «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba»,
– Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación en Haití, y en particular la Resolución 58/32 del Consejo de Derechos Humanos, de 4 de abril de 2025, titulada «Asistencia técnica y fomento de la capacidad para mejorar la situación de los derechos humanos en Haití, en respuesta a la solicitud formulada por las autoridades de Haití de una acción internacional coordinada y específica»,
– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de mayo de 2025, tituladas «Vías de progreso: maximización de los efectos sobre el desarrollo sostenible y la prosperidad mundial», adoptadas en su sesión n.º 4099 con vistas a la 4.ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio de 2025,
– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 7 de junio de 2023, titulada «Una nueva agenda para las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe» (JOIN(2023)0017),
– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 1 de diciembre de 2021, titulada «La Pasarela Mundial» (JOIN(2021)0030),
– Vista la Resolución ES-11/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2 de marzo de 2022, titulada «Agresión contra Ucrania»,
– Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007,
– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de noviembre de 2020, titulada «Plan de acción en materia de género de la UE (GAP) III – Un ambicioso programa para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la acción exterior de la UE» (JOIN(2020)0017),
– Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada el 20 de diciembre de 1993,
– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), de 11 de mayo de 2011, firmado por la Unión Europea,
– Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París, adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC celebrada el 12 de diciembre de 2015,
– Visto el Pacto para el Futuro, aprobado en la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2024,
– Vista la Declaración de la cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) de 2023, celebrada en Bruselas los días 17 y 18 de julio de 2023,
– Vista la Agenda de Inversiones de Global Gateway UE-LAC, anunciada durante la cumbre UE-CELAC celebrada en Bruselas en julio de 2023,
– Vista la Declaración conjunta de los ministros del Interior o de Seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea y de los ministros competentes en materia de seguridad de los Estados miembros del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior adoptada el 5 de marzo de 2025,
– Vista la Declaración conjunta, de 30 de junio de 2017, del Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión titulada «El nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo: “Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro”»(9),
– Visto el Informe Europeo sobre Drogas 2025 publicado por la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas el 5 de junio de 2025,
– Visto el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), de 4 de marzo de 2018,
– Vista la opinión de la Comisión de Desarrollo,
– Visto el artículo 55 de su Reglamento interno,
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A10-0171/2025),
A. Considerando que la Unión y las naciones de América Latina y el Caribe (ALC) comparten desde hace tiempo vínculos históricos, religiosos, culturales y económicos, lo que ha dado lugar a una alianza orgánica basada en la democracia, los derechos humanos y la cooperación multilateral; que estas relaciones se ven reforzadas por profundos vínculos humanos, ya que muchos ciudadanos de ALC también tienen la ciudadanía de la Unión y viceversa; que la alianza entre los países de la región y la Unión debe basarse en la democracia, los derechos humanos y la cooperación multilateral;
B. Considerando que el orden internacional está experimentando una profunda transformación, en la que la lógica de cooperación que durante décadas subyació a las relaciones mundiales se está sustituyendo por una feroz competencia estratégica, en la que la ley del más fuerte amenaza con sustituir al Derecho internacional como principio rector; que, en pocos años, el sistema internacional que había garantizado cierta estabilidad tras la Segunda Guerra Mundial se ha visto sacudido por el aumento de las tensiones, los impulsos nacionalistas y las dinámicas de confrontación que amenazan con fracturar el equilibrio mundial; que la Unión, que ha sido uno de los arquitectos y defensores más firmes de un sistema multilateral basado en normas, se enfrenta en la actualidad a un entorno hostil y complicado; que las tensiones estructurales entre los Estados Unidos y China, el cuestionamiento de los valores democráticos en diversas regiones y la tentación de avanzar hacia una bipolaridad que reduzca la complejidad mundial a un pulso entre potencias exigen una respuesta firme y estratégica de Europa; que pocas relaciones regionales ofrecen tanto potencial y tantas oportunidades para Europa como las mantenidas con ALC, especialmente a la hora de abordar retos comunes como el suministro de materias primas, el avance en la transición energética, la gestión de la migración y la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas para configurar un futuro de libertad, seguridad y prosperidad;
C. Considerando que la Unión y los socios de ALC se han comprometido a desarrollar su cooperación sobre la base de la estabilidad, la fiabilidad, la responsabilidad compartida y un diálogo birregional que refleje la diversidad y las asimetrías de ambas regiones, situando como elementos centrales a las personas, la cohesión social y el desarrollo integrador;
D. Considerando que la colaboración entre ambas regiones se ve aún más reforzada mediante unas relaciones bilaterales sólidas y una mayor interacción con entidades birregionales y subregionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Organización de los Estados Americanos (OEA), Mercosur, la Comunidad Andina, Caricom/Cariforum y la Alianza del Pacífico; que la asociación estratégica UE-ALC se remonta a 1999, año en que se celebró en Río de Janeiro la primera cumbre birregional UE-ALC;
E. Considerando que la población combinada de ambas regiones supera los 1 000 millones de personas; que, según datos de 2023, el comercio bilateral de bienes y servicios asciende a 395 000 000 000 EUR, lo que supone un aumento del 45 % desde 2013, y que las inversiones directas de la Unión en América Latina ascendieron a más de 741 000 000 000 EUR en 2022; que la Unión y los países latinoamericanos comparten el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas mediante la promoción de la justicia social, la igualdad y el desarrollo sostenible; que ambas regiones siguen enfrentándose a retos significativos, entre ellos la desigualdad social y por razón de género, el desempleo y la pobreza; que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pone de relieve la necesidad urgente de aumentar la inversión en inclusión social, ya que América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, donde el 58 % de la población rural, en particular la población indígena, vive por debajo del umbral de pobreza, frente al 26 % en las zonas urbanas; que en América Latina 41 millones de personas padecieron hambre y 187,6 millones experimentaron una inseguridad alimentaria moderada o grave en 2023; que el aumento de la desigualdad social y económica tanto en Europa como en América Latina ha alimentado el descontento público, la fragmentación social y la erosión de la confianza en las instituciones democráticas, lo que ha creado un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de movimientos populistas y autoritarios que aprovechan los agravios, polarizan las sociedades y socavan el Estado de Derecho, las normas democráticas y el debate pluralista;
F. Considerando que la Unión y los países de ALC en conjunto conforman un tercio de la población total de los miembros de las Naciones Unidas y representan alrededor del 21 % del PIB mundial;
G. Considerando que los elevados niveles de deuda pública, combinados con el aumento de los costes de los servicios, en particular los pagos de intereses, y un alto nivel de empleo informal en la región en 2024, siguen planteando retos para la protección social de los trabajadores y contribuyendo a nuevas restricciones presupuestarias, que figuran entre los principales obstáculos al desarrollo sostenible en la región, con repercusiones duraderas en el crecimiento, la inversión, la pobreza y la desigualdad;
H. Considerando que estas desigualdades deben abordarse urgentemente para promover democracias más justas y estables, marginar el populismo y el extremismo y sentar las bases para una recuperación económica sostenible, la creación de empleo de calidad y la prosperidad compartida, abordando las causas profundas de la migración y los desplazamientos forzosos en la región, empeorados por el aumento sin precedentes de la violencia, la inseguridad, la impunidad y las violaciones de los derechos humanos; que es fundamental permitir el desarrollo de un espacio cívico saludable que proteja a las organizaciones de derechos humanos y a los defensores del medio ambiente;
I. Considerando que el 74 % de los países de ALC están muy expuestos a fenómenos meteorológicos extremos y a retos importantes relacionados con el clima, como los efectos de El Niño en el suministro de alimentos; que es la segunda región del mundo más propensa a las catástrofes, con más de 190 millones de personas afectadas por catástrofes naturales en las tres últimas décadas, en particular las mujeres y las poblaciones más vulnerables; que el cambio climático afecta especialmente a los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe;
J. Considerando que los países de ALC contienen casi el 35 % de la superficie forestal total del mundo, el 40 % de la biodiversidad mundial y alrededor del 50 % de las especies terrestres, que son esenciales en la lucha contra el cambio climático; que los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas podrían desempeñar un papel fundamental en la protección de estos bosques y especies;
K. Considerando que tanto la Unión como ALC se han comprometido a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París; que los productos básicos primarios (productos agrícolas y recursos naturales) representan aproximadamente el 50 % de todas las exportaciones de bienes de los países de ALC; que la región dispone de grandes reservas de materias primas necesarias para garantizar la transformación ecológica y energética de nuestras economías; que la necesidad de estas materias primas y la cooperación conexa en el marco de los proyectos de Global Gateway deben basarse en asociaciones mutuamente beneficiosas que generen empleo e inversión, entre otros, añadiendo valor a la región, y que aborden al mismo tiempo el reto del aumento de la presión sobre la diversidad y la seguridad alimentaria; que la región de ALC se enfrenta a un gran déficit de inversiones necesarias para llevar a cabo las transiciones ecológica y digital justas;
L. Considerando que las tendencias demográficas y epidemiológicas y los efectos del cambio climático en la Unión Europea y los países de ALC provocan un aumento de la demanda de cuidados, entre ellos los cuidados de larga duración, y, por tanto, afectan a la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, a las que se asigna principalmente trabajo doméstico remunerado y no remunerado en ausencia de políticas y servicios asistenciales suficientes que garanticen la corresponsabilidad de género entre hombres y mujeres;
M. Considerando que el orden multilateral basado en normas en el que se han basado la paz y la prosperidad, el respeto del Estado de Derecho, el Derecho internacional y los derechos humanos durante los últimos ochenta años se ve cada vez más amenazado por tendencias autocráticas y autocracias en todo el mundo; que ambas regiones poseen conjuntamente un tercio de los derechos de voto en las Naciones Unidas;
N. Considerando que la agresión ilegal, injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania constituye una violación flagrante del Derecho internacional y pone en riesgo la seguridad mundial, lo que requiere una posición firme, coordinada e inequívoca por parte de los socios democráticos, incluidos los de América Latina y el Caribe; que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han apoyado las resoluciones de las Naciones Unidas contra la agresión rusa contra Ucrania;
O. Considerando que algunos agentes externos han intensificado su influencia en ALC, en particular China —mediante el aumento de las inversiones de Pekín en infraestructuras y proyectos de materias primas—, Rusia —a través del refuerzo de la presencia diplomática, política, propagandística, militar y de seguridad de Moscú— e Irán —con el aumento de las actividades de inteligencia de Teherán en la región—; que estos agentes externos apoyan a las fuerzas antidemocráticas locales y contribuyen al retroceso democrático; que Rusia aprovecha las dependencias económicas, especialmente de los fertilizantes y del gasóleo, y pone en marcha campañas de desinformación para desestabilizar los sistemas democráticos; que la presencia de China también está creando dependencias económicas que influyen en la política exterior de la región;
P. Considerando que la libertad de expresión y de reunión son componentes y facilitadores cruciales de unas sociedades democráticas, libres y participativas; que los ataques contra los opositores políticos constituyen una amenaza directa a los cimientos de la democracia, como demuestran el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay y el alarmante aumento de la violencia en Colombia;
Q. Considerando que la Unión y el Parlamento han apoyado en gran medida el acuerdo sobre el proceso de paz en Colombia, celebrado en 2016, y siguen supervisando su aplicación; que este acuerdo de paz puso fin a cinco décadas de conflicto armado; que el apoyo continuado de la Unión a la plena aplicación del acuerdo de paz debe tener en cuenta la reciente escalada de la violencia;
R. Considerando que el retroceso democrático general de los regímenes autocráticos e iliberales facilita que dichos regímenes pongan en práctica estrategias de legitimación, en particular eliminando los controles efectivos sobre la aplicación de leyes represivas;
S. Considerando que el Parlamento ha expresado recientemente su posición inequívoca mediante numerosas resoluciones sobre el incumplimiento del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba; que actualmente hay 1 155 presos políticos en Cuba y que el régimen cubano está cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos;
T. Considerando que el Parlamento denunció la usurpación de la presidencia venezolana por parte de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025 y reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela, y a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas del país; que el Parlamento les concedió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2024, en reconocimiento por su apoyo a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela; que debe tenerse en cuenta a los más de siete millones de venezolanos que se han visto obligados a huir de su país desde 2015, de los cuales aproximadamente seis millones se han reasentado en ALC; que se ha ejercido una presión considerable sobre los países vecinos; que deben elogiarse la solidaridad y los grandes esfuerzos de las comunidades de acogida, especialmente de Colombia, que facilitan a los refugiados venezolanos acceso a servicios sanitarios, educación y oportunidades de empleo, lo que contribuye a la estabilidad regional y a la protección de los derechos fundamentales;
U. Considerando que, desde 2018, el régimen nicaragüense persigue sistemática, repetida y arbitrariamente a defensores de los derechos humanos, opositores y representantes religiosos, entre otros; que se han disuelto más de 5 600 ONG, entre las que figuran grupos religiosos, principalmente católicos, y que se han confiscado sus bienes; que el Parlamento ha condenado en reiteradas ocasiones el régimen impuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua;
V. Considerando que las acciones emprendidas por el Gobierno de Trump en los Estados Unidos han generado incertidumbre geopolítica, socavado el multilateralismo y obstaculizado la cooperación birregional, reforzando así la necesidad de una alianza UE-ALC fuerte y autónoma; que la alianza estratégica UE-ALC es clave para promover valores e intereses compartidos, como el multilateralismo y la democracia;
W. Considerando que la región ALC sigue estando infrarrepresentada en organizaciones y foros internacionales clave, entre ellos el G20 y las organizaciones financieras internacionales; que México y Brasil ocupan un lugar especial en las relaciones birregionales, ya que son las dos mayores economías en ALC, ejercen una influencia geopolítica significativa y han sido designados oficialmente como socios estratégicos de la Unión;
X. Considerando que el tráfico de drogas representa una grave amenaza para la seguridad en ambas regiones; que desde el año 2020 la Unión Europea se ha convertido en el mayor mercado de consumo de cocaína de todo el mundo; que esta proviene en gran medida de ALC y entra a la Unión principalmente a través de los puertos europeos del Atlántico;
Y. Considerando que el espacio cívico se está reduciendo en muchos países de ALC, que están experimentando un aumento sin precedentes de los ataques contra organizaciones, activistas y defensores de los derechos humanos, lo que provoca desplazamientos, violencia e impunidad;
Z. Considerando que tanto la Unión como los países de ALC comparten un interés estratégico en reforzar su respectiva autonomía estratégica y en diversificar sus cadenas de suministro; que América Latina es líder mundial en la producción de energía sostenible, ya que genera aproximadamente el 69 % de su electricidad a partir de fuentes renovables y limpias, lo que demuestra la importancia estratégica y el potencial de la región en la transición ecológica mundial;
AA. Considerando que, desde la creación de la CELAC en 2010, se han celebrado tres cumbres UE-CELAC: en 2013, 2015 y 2023; que la Unión y la CELAC gozan de una larga asociación estratégica y han configurado una red de acuerdos de asociación y comercio; que la cumbre UE-CELAC que se celebrará en Colombia en noviembre de 2025 será una oportunidad clave para reafirmar el compromiso de la Unión con ALC y demostrar que Europa es un socio fundamental, fiable y estratégico que ofrece un modelo de desarrollo alternativo creíble basado en la cooperación y la prosperidad compartida, y para probar que ambas regiones están firmemente comprometidas con la cooperación birregional y un orden internacional basado en normas;
1. Destaca los profundos vínculos humanos, históricos, culturales y económicos, así como religiosos, compartidos entre la Unión y ALC, que constituyen los cimientos de una alianza orgánica y la base para desarrollar un espacio transatlántico de paz, democracia y prosperidad sólido y duradero entre Europa y América Latina;
2. Promueve una política destinada a fomentar la cooperación regional y una mayor integración regional en ALC; subraya que el nuevo contexto geopolítico mundial requiere un salto cualitativo en la asociación UE-ALC para seguir desarrollando una alianza estratégica en defensa del multilateralismo y sus principios fundacionales, como el diálogo, la inclusión, la solidaridad internacional y el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos humanos, el Derecho humanitario y la promoción del desarrollo sostenible;
3. Considera que la Unión y ALC, como socios naturales estratégicos, tienen una oportunidad histórica de reforzar su alianza en el contexto internacional actual marcado por la competencia estratégica; considera que su asociación puede representar un importante amortiguador frente al aumento de las tensiones geopolíticas, ya que facilitaría la elaboración de políticas conjuntas que fomentasen su autonomía estratégica, cooperación y respeto mutuo;
4. Destaca que las relaciones entre Europa y ALC también se basan en profundas conexiones humanas; recuerda que, en un mundo cada vez más desconectado, el capital humano, que incluye lenguas y patrimonio compartidos, así como vínculos culturales, es un activo estratégico que debe protegerse;
5. Destaca la interacción renovada y creciente de la Unión con la región, como demuestra la crucial cumbre UE-CELAC de 2023, que marcó un claro punto de inflexión tras años de participación limitada; señala que se requiere un compromiso sostenido para promover los intereses y valores de la Unión; observa que la interacción de la Unión con la región ha disminuido en los últimos decenios, lo que ha dejado un vacío que China, Rusia e Irán han aprovechado para aumentar su influencia; denuncia que estos acercamientos cada vez mayores a los regímenes autoritarios acaban socavando la democracia en la región;
6. Reconoce la necesidad urgente de seguir mejorando y desarrollando la relación entre la Unión y ALC en respuesta a los cambios geopolíticos emergentes, el cambio climático, los avances tecnológicos, las crecientes desigualdades y los retos en materia de seguridad a los que se enfrentan ambas regiones, así como de mejorar la autonomía estratégica de ambas regiones;
Importancia geopolítica de la alianza estratégica, el refuerzo del diálogo y la cooperación entre la Unión y América Latina y el Caribe
7. Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los Estados miembros que redoblen los esfuerzos diplomáticos en la región para promover una mayor convergencia entre la Unión y ALC en cuestiones cruciales de política exterior y, en particular, que adopten una posición más firme con respecto a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y los esfuerzos internacionales para lograr un alto el fuego permanente en Gaza, la prestación de ayuda humanitaria y la liberación incondicional de todos los rehenes; subraya que, teniendo en cuenta el contexto internacional actual, la Asociación UE-ALC debe basarse en una lógica de autonomía estratégica compartida y dependencias externas reducidas, y en la defensa del orden multilateral basado en normas como principios rectores;
8. Alienta una colaboración más estrecha entre la Unión y ALC en los foros internacionales para promover y defender el orden mundial multilateral, el Derecho internacional y el respecto de la democracia y los derechos humanos, el Derecho y los principios humanitarios, la justicia social y el desarrollo sostenible; destaca, a este respecto, que la Unión debe mostrar a sus socios en ALC que puede ofrecer mejores condiciones de asociación que los regímenes autoritarios;
9. Destaca, por tanto, la importancia de garantizar que los esfuerzos de la Unión se centren en el refuerzo de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas política, y pide que se avance en las reformas y las medidas de consolidación de la paz destinadas a reforzar la seguridad y la estabilidad en ambas regiones; recuerda que la defensa de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la igualdad de género debe ser una condición transversal a todos los acuerdos entre la Unión y los países de América Latina y el Caribe y su financiación, también en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global (IVCDCI – Europa Global); pide la transparencia y la rendición de cuentas, en particular en los marcos de comercio e inversión;
10. Manifiesta su preocupación por el retroceso democrático que se vive en ALC desde 2019 y condena las violaciones de los derechos humanos y las restricciones a las libertades fundamentales en la región, en especial por parte de los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que se encuentran entre los más autoritarios del mundo; expresa su profunda preocupación por la creciente tendencia a la gobernanza autoritaria y populista en ALC, y la erosión acumulativa de las instituciones democráticas, el multilateralismo, el Estado de Derecho, los derechos y las libertades fundamentales, el espacio cívico y la protección social esencial; destaca la necesidad de reforzar el apoyo a los agentes democráticos y a la sociedad civil, e insta a que se libere de inmediato a todos los presos políticos;
11. Condena, en particular, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y activistas de los derechos humanos, que obstaculizan la creación de organizaciones independientes de la sociedad civil; observa que fuentes fiables afirman que el régimen cubano tiene detenidos a más de mil presos políticos, incluidos menores, e insta al régimen a que los libere sin demora; pide que se utilicen todos los instrumentos disponibles necesarios, sin exclusiones, para garantizar que se cumplan las cláusulas democráticas y de derechos humanos del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba; pide de nuevo al Consejo que adopte sanciones contra los responsables de infracciones persistentes; condena la participación de mercenarios cubanos en la campaña militar de Rusia en el frente de Ucrania;
12. Condena con firmeza y rechaza plenamente el fraude electoral orquestado por el régimen de Venezuela en las elecciones presenciales de 2024 y en las elecciones parlamentarias fraudulentas de mayo de 2025; exige al Gobierno de Maduro que ponga fin a su política de represión y a los ataques contra la sociedad civil y la oposición; recuerda que, el 19 de septiembre de 2024, el Parlamento reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela, y a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas de Venezuela; destaca que varios Estados democráticos de la región y de todo el mundo han reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo; expresa su satisfacción por que, el 17 de diciembre de 2024, el Parlamento otorgase el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2024 a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, en representación de todos los venezolanos que luchan por la restauración de la libertad y la democracia; elogia el compromiso del pueblo venezolano con la democracia, así como la continua resiliencia de la oposición democrática a pesar de las políticas cada vez más represivas del régimen de Maduro;
13. Recuerda que el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua aprobó una reforma constitucional en enero de 2025 que elimina la separación de poderes y el pluralismo político al establecer una copresidencia que controla todos los poderes del Estado y los medios de comunicación, y hace caso omiso a la adhesión a los convenios internacionales en materia de derechos humanos; destaca, además, que el régimen nicaragüense mantiene fuertes vínculos con otras autocracias, como las de Irán, Venezuela y Cuba, y condena enérgicamente sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la persecución de la oposición y la represión de la Iglesia católica y la sociedad civil, así como de la supresión de los medios de comunicación libres y de toda muestra de independencia frente al poder; insta a las autoridades nicaragüenses a que restablezcan el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y los derechos de todos los nicaragüenses en el exilio, incluido el derecho a un retorno seguro sin demora; reitera su petición de que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de la Unión, rechaza cualquier perspectiva de diálogo parlamentario con miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua controlada por el régimen y pide que se aumenten las sanciones contra Ortega, Rosario Murillo y su círculo de allegados; pide que se levante de inmediato la prohibición de los mecanismos internacionales de supervisión de los derechos humanos y se restablezca el estatuto jurídico de más de 3 000 ONG, que fue revocado en 2018 por el Gobierno nicaragüense;
14. Expresa su profunda preocupación por la erosión de los principios democráticos y la elusión deliberada de las salvaguardias constitucionales en otros países de ALC, especialmente en El Salvador; manifiesta su alarma por la falta de independencia del poder judicial y la falta de transparencia en las acciones gubernamentales, el uso excesivo de la fuerza, la militarización indebida y las crecientes restricciones a las libertades de reunión y de prensa; expresa su profunda preocupación por las informaciones sobre detenciones generalizadas sin causa justificada, torturas, desapariciones forzadas de civiles y el alarmante hacinamiento en las cárceles; condena a las autoridades por no exigir responsabilidades a las fuerzas de seguridad por sus acciones y por su persistente rechazo de las solicitudes internacionales de supervisión e investigación;
15. Condena enérgicamente el uso por parte de la Federación de Rusia de tácticas híbridas, que abarcan operaciones militares, cibernéticas, de información y económicas, en particular en el sector de la energía, incluidas la elusión de sanciones, prácticas no transparentes y corrupción, como herramientas de expansión, lo que socava la seguridad regional, fomenta la desestabilización interna y conduce a la formación de un bloque que amenaza la democracia, la paz y el Derecho internacional; expresa su profunda preocupación por la asociación estratégica entre Venezuela y la Federación de Rusia, que plantea riesgos para la seguridad regional e internacional; pide a la Unión que intensifique su lucha contra la propaganda rusa en la región; recuerda la necesidad de que la Unión garantice que las delegaciones de la Unión dispongan de los medios necesarios para contrarrestar la desinformación;
16. Observa que, desde 2005, China ha concedido a la región de ALC préstamos que ascienden a más de 120 000 000 000 USD, con el objetivo de aumentar su influencia geopolítica y hacer que los países de ALC dependan de la financiación china proporcionando capital de inversión a cambio del suministro de petróleo crudo o financiando proyectos de energía e infraestructuras; lamenta que estos proyectos de energía e infraestructuras a menudo conduzcan a la aplicación de normas medioambientales y laborales menos estrictas; recuerda que, a diferencia de otras potencias mundiales, la Unión no busca una relación parasitaria o desequilibrada, sino asociaciones basadas en la reciprocidad, la sostenibilidad y la generación de valor añadido; destaca que es precisamente este modelo de cooperación, que da prioridad al respeto de la soberanía, la transparencia y el Estado de Derecho, lo que convierte a la Unión en un socio preferente para la región;
17. Apoya la independencia, la integridad territorial y la soberanía de todos los países de ALC y rechaza las ambiciones de las potencias mundiales de imponer relaciones de dependencia política y económica; hace hincapié en que el respeto de la integridad territorial de los Estados es un principio fundamental del Derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el orden internacional basado en normas;
Cooperación económica para el crecimiento sostenible
18. Acoge con satisfacción la sólida asociación económica y comercial entre la Unión y ALC, que se basa en un interés compartido por promover el crecimiento sostenible y el desarrollo humano, reforzar la resiliencia económica y reducir las dependencias excesivas mediante relaciones comerciales diversificadas;
19. Destaca que la ambición de la Unión de liderar la transición ecológica mundial y su reconocimiento de América Latina como socio clave en este esfuerzo; apoya a ALC en la lucha contra la deforestación ilegal y en la concepción de proyectos de reforestación;
20. Destaca la necesidad de abordar las crecientes desigualdades, promover la paz y reforzar los procesos democráticos y las instituciones en ambas regiones, y destaca la importancia de una cooperación económica que promueva la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres; expresa su preocupación por el retroceso de los derechos de las mujeres, en particular en lo que respecta a su salud sexual y reproductiva; pide que se elimine la brecha salarial de género y apoya las acciones destinadas a mejorar la representación femenina en el liderazgo político y las legislaturas, y destaca la necesidad de armonizar las relaciones económicas UE-ALC con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y garantizar una mayor coherencia entre los objetivos económicos y socioambientales;
21. Destaca que la Unión es el mayor inversor en la región de ALC y su tercer socio comercial más importante; señala que ALC es el quinto socio comercial de la Unión; subraya que esta sólida cooperación económica no solo debe servir a los intereses de las grandes entidades financieras, sino también garantizar el beneficio de todos, especialmente las pymes, los trabajadores, las personas vulnerables y las poblaciones de las zonas rurales y remotas;
22. Subraya que tanto el informe Letta sobre el futuro del mercado único como el informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea hacen hincapié en la necesidad de intensificar los esfuerzos para garantizar el suministro de materias primas fundamentales de la Unión y destaca el potencial de ALC para ser un socio clave en la diversificación de las cadenas de suministro; acoge con satisfacción que se hayan firmado memorandos de entendimiento con socios sobre materias primas fundamentales y destaca que estos son cruciales para lograr una mayor diversificación de las cadenas de suministro de la Unión; considera que estos acuerdos, junto con la profundización de la cooperación económica y política a través de acuerdos bilaterales, deben conducir a un aumento de la inversión en el sector que beneficiará a ambas regiones;
23. Pide una regulación y transparencia mayores en ámbitos económicos clave, como el sector minero, en el que una normativa laxa puede generar conflictos y explotación; pide a todos los socios que refuercen los derechos laborales y promuevan las cooperativas y otras iniciativas que fomenten la participación y el empoderamiento de los trabajadores en la economía; destaca la importancia de garantizar que la extracción, el comercio y la transformación de materias primas fundamentales cumplan las estrictas normas de protección del medio ambiente, responsabilidad social y derechos humanos, y apoya el desarrollo de cadenas de valor alternativas, resilientes, sostenibles y transparentes que contribuyan a la prosperidad de todas las sociedades implicadas;
24. Pide a la Comisión que intensifique el diálogo con los países de ALC sobre las implicaciones de la legislación de la Unión para sus economías locales;
Asociaciones estratégicas y acuerdos internacionales
25. Reconoce la densa red de acuerdos entre ambas regiones y subraya la importancia geopolítica fundamental de adoptar asociaciones y acuerdos nuevos y más ambiciosos que sean inclusivos, sostenibles y mutuamente beneficiosos, se basen en valores compartidos y estén firmemente arraigados en el respeto de los derechos humanos; hace hincapié en el papel que dichos acuerdos desempeñan a la hora de contribuir a una mayor integración económica a fin de lograr un espacio de prosperidad compartida y una mayor seguridad económica; destaca la importancia del comercio birregional entre la Unión y ALC para diversificar los sistemas alimentarios y reforzar la seguridad alimentaria;
26. Recuerda el papel especial que desempeñan México y Brasil en las relaciones birregionales, por su condición de socios estratégicos de la Unión; anima encarecidamente a ambas partes a que aprovechen mejor el potencial de estas asociaciones estratégicas; destaca la necesidad de cumplir el compromiso de celebrar cumbres bilaterales con ambos países cada dos años;
27. Acoge con satisfacción la plena ratificación del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica y la entrada en vigor de sus tres pilares del diálogo político, la cooperación y el comercio en mayo de 2024; pide que se adopten unos mecanismos sólidos e inclusivos para la participación de la sociedad civil en la aplicación y el seguimiento del Acuerdo de Asociación con Centroamérica, a fin de defender los principios democráticos, la transparencia y la cohesión social; pide a la Unión y a los países de Centroamérica que apliquen políticas activas y destinen fondos suficientes para optimizar los efectos positivos del Acuerdo en los ODS en ambas regiones;
28. Celebra la firma del Acuerdo Marco Avanzado UE-Chile y pide su plena ratificación lo más pronto posible; acoge asimismo con satisfacción la celebración de las negociaciones sobre el Acuerdo Global UE-México, que reforzará la cooperación política, brindará nuevas oportunidades comerciales y estrechará los vínculos en sectores estratégicos como la digitalización, la innovación y la seguridad, y pide que se firme y ratifique cuanto antes; reconoce el papel fundamental de México en ALC y su ambición de diversificar las asociaciones comerciales y políticas; subraya que el acuerdo entre la Unión y México consolidará el papel de la Unión como socio estratégico en la región y su capacidad para responder a los retos mundiales;
29. Subraya la importancia de cumplir los objetivos fijados por el Acuerdo de París y acoge con satisfacción la inclusión de una cláusula vinculante en el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur sobre el respeto de sus compromisos; subraya que el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur brindará la oportunidad de reforzar considerablemente la cooperación birregional entre la Unión y el Mercosur a la hora de abordar los retos comunes y, al mismo tiempo, servirá para contrarrestar la creciente influencia de agentes autoritarios en la región y ayudar a la Unión a diversificar su suministro de materias primas fundamentales;
Cooperación multilateral
30. Recuerda que la alianza euro-latinoamericana representa un puente concebido no solo para evitar una peligrosa deriva hacia bloques cerrados y polarizados desde el punto de vista ideológico, sino sobre todo para abrir un espacio al diálogo internacional que reduzca las tensiones y fomente soluciones compartidas;
31. Hace hincapié en la importante contribución de los países de América Latina y el Caribe a las organizaciones multilaterales y su papel activo a la hora de abordar los retos mundiales, tales como el cambio climático, la paz y la seguridad, que incluye promover la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad, y el desarrollo sostenible; destaca el compromiso de ambas regiones con la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos humanos, la democracia representativa y una gobernanza multilateral sólida; insta a ambas regiones a que sigan defendiendo el multilateralismo, en particular, el sistema de las Naciones Unidas, y a que lideren juntas una reforma de las instituciones de gobernanza mundial, incluidas las instituciones financieras internacionales, a fin de lograr un multilateralismo más inclusivo y representativo;
32. Pide que se avance en la celebración de acuerdos de liberalización de visados con los países con los que las conversaciones están más avanzadas;
Cooperación para el desarrollo, ayuda humanitaria e inversión sostenible entre la Unión y América Latina y el Caribe a través de la iniciativa Global Gateway
33. Recuerda que el objetivo principal de la política de cooperación para el desarrollo de la Unión es la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza; subraya que erradicar la pobreza, en particular entre los grupos más vulnerables —como las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad, entre otras— es esencial para acabar con las crecientes desigualdades que socavan la cohesión social y limitan el potencial económico; recuerda que la carga de la deuda a la que se enfrentan los países de América Latina y el Caribe genera graves costes económicos y sociales, con efectos duraderos en la pobreza y la desigualdad; apoya la reestructuración de la deuda; subraya que los ODS y el Acuerdo de París deben seguir siendo fundamentales para la cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión; recuerda que el acceso a la ayuda al desarrollo y a la financiación es especialmente crucial para los países frágiles, incluidos los más vulnerables a los efectos del cambio climático, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe, y para los países en transición a un nivel de renta más elevado;
34. Destaca que la Unión es el principal contribuyente a la cooperación para el desarrollo en la región de América Latina y el Caribe; reitera la importancia de reforzar las políticas de desarrollo y la ayuda humanitaria de la Unión en América Latina y el Caribe, y pide a la Unión y a sus Estados miembros que refuercen las demás prioridades de la Unión en materia de política exterior, incluidas las relativas a la seguridad, el desarrollo sostenible y el comercio, la migración, la pesca, la agricultura, el cambio climático y la energía; pide que se creen sinergias reales con la ayuda humanitaria de la Unión, respetando plenamente el principio de corresponsabilidad, teniendo en cuenta las prioridades de desarrollo de la región; aboga por diálogos bilaterales periódicos y, cuando proceda, por consultas con los Gobiernos locales y representantes de la sociedad civil de ambas regiones, también sobre el apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en los acuerdos de asociación entre la Unión y América Latina y el Caribe, en particular como respuesta al declive mundial de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y la ayuda humanitaria;
35. Manifiesta su preocupación por los recortes mundiales en la financiación para el desarrollo y la ayuda humanitaria, en particular la reducción de la AOD y la suspensión de la mayoría de los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) (hasta el 83 %), y por los recortes globales de la ayuda aplicados por varios Estados miembros de la Unión, ya que esta financiación ha sido fundamental para apoyar algunas de las significativas transformaciones sociales, económicas y políticas de la región; reitera que estos recortes tendrán consecuencias a largo plazo para la agenda de desarrollo y la consecución de los ODS en la región; expresa su profunda preocupación por el impacto de los recientes recortes en la participación efectiva de la sociedad civil y las ONG y su capacidad para llevar a cabo sus actividades de promoción de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo social en la región, y la lucha contra los regímenes autoritarios; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que proporcionen una ayuda humanitaria y de desarrollo adecuada a la región de América Latina y el Caribe;
36. Señala que las formas tradicionales de AOD han demostrado ser esenciales y eficaces para reducir la pobreza, mejorar la situación en el ámbito de la salud y de la educación y fomentar la cohesión social en la región de América Latina y el Caribe, con especial atención a la inclusión de los grupos infrarrepresentados y marginados, como las niñas, las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las personas de ascendencia africana;
37. Pide la plena participación de la sociedad civil en el diseño, la ejecución y el seguimiento de los programas de la Unión a fin de garantizar la coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible;
38. Destaca el potencial estratégico de la cooperación triangular entre la Unión, los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y los socios de la región de América Latina y el Caribe para mejorar la repercusión del desarrollo, el aprendizaje mutuo y la innovación estratégica; subraya que estas asociaciones, cuando se ajustan a las prioridades locales y se centran en el desarrollo de capacidades, pueden fomentar soluciones inclusivas a los retos mundiales; pide a la Unión que incremente el apoyo a las iniciativas de cooperación triangular en el marco del IVCDCI–Europa Global y que las integre sistemáticamente en la agenda estratégica UE-ALC;
39. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que aprovechen iniciativas importantes como Global Gateway para incrementar las inversiones en América Latina y el Caribe, garantizando así que la Unión siga siendo un socio fuerte y competitivo para los países de la región, frente a la creciente presencia china y rusa en la región, que quedó bien patente en los compromisos de China durante el Foro China-CELAC celebrado el 13 de mayo de 2025; subraya que el aumento de las inversiones de la Unión en América Latina cobra aún más importancia debido a la intensificación de la iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina, con la adhesión de Colombia a dicha iniciativa en el Foro China-CELAC del 13 de mayo de 2025; pide a la Comisión que lleve a cabo los proyectos y estrategias en el marco de Global Gateway con el fin, entre otros objetivos, de construir infraestructuras sostenibles y de gran calidad que creen eficazmente valor local, refuercen las cadenas de valor birregionales y refuercen la seguridad económica para ambas regiones; insiste en que Global Gateway debe adherirse siempre a los valores fundamentales de la Unión, en particular el respeto de los derechos humanos, la buena gobernanza, la democracia, la transparencia y la sostenibilidad ambiental en consonancia con los principios de la Unión para la eficacia del desarrollo; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que garanticen que las inversiones realizadas en el marco de Global Gateway incluyan procedimientos estrictos de diligencia debida;
40. Pide la aplicación efectiva de la Agenda de Inversiones Global Gateway UE-LAC mediante el fomento de asociaciones entre los sectores público y privado, con vistas a apoyar el desarrollo sostenible, el crecimiento integrador y el empleo, así como una transformación justa, ecológica y digital; pide a la Comisión que garantice, desde el inicio hasta la ejecución, que estas inversiones estén en consonancia con los objetivos de los ODS y las prioridades de desarrollo sostenible determinadas por los socios de América Latina y el Caribe, también mediante consultas periódicas con las autoridades locales y los representantes de la sociedad civil y mediante valoraciones y evaluaciones de impacto, y que respondan a las necesidades locales y regionales, tengan en cuenta la perspectiva de género y den resultados significativos en cuanto a desarrollo;
41. Destaca la importancia de crear las condiciones adecuadas para movilizar inversiones tanto públicas como privadas en apoyo del desarrollo sostenible; destaca, a este respecto, la necesidad de abordar el déficit de financiación anual de 99 000 000 000 USD en la región para proyectos de infraestructuras y clima acordes con los ODS al objeto de impulsar la transición justa, ecológica y digital; destaca el papel clave del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+) a la hora de movilizar inversiones para alcanzar estos objetivos, y el papel que desempeña el Banco Europeo de Inversiones (BEI), en particular EIB Global, en el marco del FEDS+, a la hora de abordar la persistente falta de financiación a largo plazo y de conocimientos técnicos para las inversiones ecológicas en la región, como muestra el estudio de 2024 del BEI y la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Financiación del Desarrollo; apoya una mayor cooperación con las instituciones financieras locales y los bancos de desarrollo regional, y pide un mayor uso de las garantías del FEDS+ para apoyar proyectos a pequeña escala y de gran impacto en los que participen la sociedad civil y las comunidades locales, en consonancia con la Global Gateway y los principios para la eficacia del desarrollo de la Unión;
42. Subraya que la cooperación entre la Unión y la región de América Latina y el Caribe en cuanto a materias primas fundamentales y tecnología es esencial para lograr transformaciones justas, ecológicas y digitales y reforzar la autonomía estratégica en ambas regiones basada en asociaciones mutuamente beneficiosas; subraya que esta cooperación contribuye a superar la dependencia de las economías de la región de América Latina y el Caribe respecto a los productos primarios (productos agrícolas y recursos naturales) y desempeña un papel importante en el refuerzo de las cadenas de valor mediante políticas de reindustrialización sostenible que crean puestos de trabajo dignos, promueven la sostenibilidad ambiental y fomentan un entorno propicio a la innovación tecnológica; recomienda que se refuerce la cooperación en materia de educación e investigación digitales entre las universidades y los centros de innovación de la Unión y de la región de América Latina y el Caribe;
43. Destaca la necesidad de que las inversiones de Global Gateway en América Latina y el Caribe den prioridad a colmar las brechas de infraestructura y desigualdad, incluida la pobreza digital y energética, en particular en las zonas rurales y periféricas, con el fin de garantizar que los beneficios de la conectividad mejorada lleguen a las poblaciones insuficientemente atendidas; hace hincapié en que esto incluye a los jóvenes y al sector informal, y que debe garantizarse el acceso asequible a internet y una mayor alfabetización digital en todos los segmentos de la población, en especial las comunidades marginadas, con miras a colmar la brecha digital;
44. Destaca que los jóvenes, que son agentes esenciales del cambio estructural, siguen enfrentándose a importantes obstáculos para acceder a un empleo digno, y subraya que las prioridades de Global Gateway deben apoyar las inversiones en educación, formación profesional y políticas de empleo que estén en consonancia con las necesidades del futuro mercado laboral;
45. Recuerda, además, la importancia de dar prioridad a los programas ya definidos como eficaces por organizaciones internacionales y de la sociedad civil, como la inversión en los sistemas de salud y asistenciales; pide, en particular habida cuenta de la vulnerabilidad de la región, la inclusión efectiva de las personas con discapacidad con el fin de garantizar un enfoque integrador, accesible y eficaz a la salud y los cuidados;
46. Recuerda que los acuerdos comerciales y de asociación permiten a ambas regiones intercambiar e invertir en una amplia gama de sectores, y destaca que la reducción de las desigualdades, la promoción del acceso a la salud, la educación y el agua, y la defensa de la dignidad humana y los derechos fundamentales deben seguir constituyendo un elemento central para la asociación entre la Unión y los países de América Latina y el Caribe, de conformidad con el artículo 208 del TFUE y el IVCDCI–Europa Global;
47. Destaca la importancia de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la pertinencia local, y acoge con satisfacción la creación de una página web de la Comisión con información sobre las iniciativas de Global Gateway existentes; pide a la Comisión que publique más detalles, en particular los resultados de las consultas con las autoridades locales y la sociedad civil de ambas regiones, así como información sobre la conformidad con los ODS y las prioridades tanto de la Unión como de los países socios, con valores de referencia e indicadores; insta, en consecuencia, a que se aplique de la manera más amplia posible el indicador de desigualdad (I-Marker) de la Comisión, en particular en lo que respecta a Global Gateway, que debe seguir en todo momento un enfoque basado en los derechos y vincularse a indicadores de desarrollo humano; destaca, además, la importancia de la protección social y medioambiental en el diálogo UE-CELAC;
48. Hace hincapié en que debe llevarse a cabo una evaluación continua de Global Gateway para evaluar su eficacia y su dirección estratégica; pide, a este respecto, que se refuerce el papel del Parlamento en la supervisión y la orientación estratégica de la iniciativa Global Gateway, en especial en lo que respecta a su aplicación en América Latina y el Caribe, con el fin de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas democrática, la armonización con los valores de la Unión y el uso eficaz de los recursos;
49. Pide a la Comisión que garantice la plena participación de la sociedad civil en el diseño, la ejecución y el seguimiento de los programas de la Unión para garantizar la coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible, estableciendo sinergias efectivas con todos los proyectos relacionados con Global Gateway y la ayuda humanitaria de la Unión;
50. Subraya que, junto con la iniciativa Global Gateway, deben preservarse los canales de cooperación tradicionales en los países de América Latina y el Caribe; pide a la Unión que aumente la financiación de los programas de derechos humanos, democracia y sociedad civil en la región, y que garantice que se mantengan al menos las asignaciones al programa geográfico de América y el Caribe dentro del IVCDCI–Europa Global, al ser en la actualidad la región que recibe menor financiación en este ámbito;
51. Insta a la Comisión y a los países de la región de América Latina y el Caribe a que redoblen sus esfuerzos para combatir las causas subyacentes de las catástrofes humanas y naturales, reforzando las políticas de prevención, preparación, resiliencia y respuesta, y la cooperación; acoge con satisfacción el memorando de entendimiento birregional sobre cooperación en el ámbito de la gestión integrada del riesgo de catástrofes, firmado en Barbados el 15 de mayo de 2024, e invita a los socios que aún no lo han firmado a que lo hagan cuanto antes;
52. Recuerda que la cooperación y las inversiones europeas no solo promueven el desarrollo económico en la región sino que contribuyen a la paz al generar alternativas económicas para los jóvenes de la región de América Latina; hace hincapié en que esto último es esencial a la hora de combatir la delincuencia organizada; destaca la importancia de reforzar la cooperación birregional en materia de seguridad en su sentido más amplio, también en ámbitos como el clima, la alimentación, la salud y la seguridad social, y de aplicar mecanismos conjuntos de preparación, prevención y respuesta, así como de integrar plenamente los derechos humanos y los principios humanitarios en la cooperación entre la Unión y América Latina y el Caribe en materia de seguridad, con el fin de romper los ciclos de violencia y exclusión en la región de América Latina y el Caribe;
53. Acoge con satisfacción la ambición de la Unión de liderar la transición ecológica mundial y toma nota de su reconocimiento de América Latina como socio clave en este esfuerzo; subraya la necesidad de impulsar conjuntamente iniciativas ecológicas mundiales que respondan a los objetivos globales de mitigación del cambio climático y adaptación a este; resalta la necesidad de promover una transición ecológica justa e inclusiva en ambas regiones, también a través de una mayor cooperación entre la Unión y la región de América Latina y el Caribe en materia de mitigación del cambio climático y adaptación a este, y de responder a los fenómenos climáticos extremos, prestando especial atención a los ámbitos críticos, como la protección de la biodiversidad, la restauración de los ecosistemas, la descarbonización y la agricultura sostenible, y a las personas y comunidades más vulnerables;
54. Subraya que el cambio climático perturba los sistemas alimentarios de América Latina y destaca el valor de la agroecología, que ha sido reconocida como un sistema agrícola clave resistente al cambio climático;
55. Recuerda la importancia del programa de cooperación entre la Unión y la cuenca del Amazonas en la mejora de las capacidades de los países de la cuenca amazónica para luchar contra la deforestación y la degradación forestal;
56. Aboga por unos compromisos más firmes a fin de defender los derechos de los pueblos indígenas e integrar estos derechos en el diálogo y en todas las dimensiones de la cooperación con los países de América Latina y el Caribe, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;
57. Recuerda la importancia de fomentar una minería sostenible y responsable, que proteja los derechos y los medios de subsistencia de las comunidades locales y los pueblos indígenas, evite las repercusiones negativas graves de índole social y ambiental, y contribuya a superar la dependencia de las exportaciones de productos básicos, apoyando de este modo políticas de reindustrialización sostenible que creen puestos de trabajo dignos y promuevan la sostenibilidad ambiental mediante una gobernanza eficaz de los recursos minerales;
58. Subraya la necesidad de apoyar una cooperación para el desarrollo con perspectiva de género y propone la aplicación de medidas específicas para abordar y reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, entre ellas, la promoción del acceso de las mujeres al trabajo digno, la inclusión financiera y las funciones de liderazgo y emprendimiento, en particular en los sectores rural e informal; destaca que, en muchas regiones del mundo, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes), al frente de las cuales se sitúan cada vez más mujeres, son a menudo el motor de las economías locales; subraya que las pymes representan el 90 % de las empresas, entre el 60 y el 70 % del empleo y el 50 % del PIB mundial; destaca el papel crucial de las mipymes a la hora de contribuir a la Agenda 2030 y alcanzar los ODS, en particular los relacionados con la erradicación de la pobreza y el trabajo digno para todos;
59. Acoge con satisfacción la iniciativa del Pacto Birregional por los Cuidados, cuyo objetivo es promover la cooperación en materia de sistemas asistenciales integrales y políticas públicas entre los países de ambas regiones, también mediante la elaboración de mecanismos de cooperación y financiación, a fin de lograr una economía más justa e inclusiva;
60. Aboga por una cooperación mayor entre la Unión y los países de la región de América Latina y el Caribe a fin de luchar contra la violencia de género a través de una educación integral, campañas de sensibilización y el refuerzo de la protección jurídica; apoya las iniciativas en el marco del IVCDCI–Europa Global y del Plan de Acción en materia de Género III que promueven el empleo juvenil, la educación y la participación política de las mujeres;
61. Destaca el fundamental papel de la sociedad civil en la elaboración y el seguimiento de políticas sociales inclusivas, la promoción del acceso equitativo a una educación de calidad y el fomento de un crecimiento económico sostenible e integrador en la región de América Latina y el Caribe; expresa su profunda preocupación por la reducción del espacio cívico en muchos países latinoamericanos; aboga, en este sentido, por un mayor apoyo de la Unión a las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los activistas por el medio ambiente y los periodistas, que se enfrentan cada vez más a amenazas y violencia, a fin de garantizar que puedan llevar a cabo su trabajo de forma segura e independiente; pide que se dé prioridad a su seguridad, el acceso a la justicia y la libertad de expresión y que se refuerce la asociación de la Unión con actores de la sociedad civil, cuyo papel es fundamental para abordar las principales preocupaciones y facilitar un diálogo constructivo sobre los derechos humanos y la transición democrática, y que dependen en gran medida de los programas de ayuda para sus actividades;
62. Subraya la importancia del apoyo de la Unión para reforzar los sistemas de protección social en la región de América Latina y el Caribe, incluidos los registros sociales integrados, una mejor coordinación de los sistemas y proyectos piloto conjuntos, en particular con la sociedad civil y las autoridades locales, como motores clave de la inclusión y la reducción de la pobreza en la asociación entre la UE y los países de América Latina y el Caribe;
Cooperación en materia de seguridad y lucha contra el tráfico de drogas
63. Es consciente del aumento de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas tanto en la Unión como en la región de América Latina y el Caribe, así como de las cantidades sin precedentes de drogas ilícitas con destino a la Unión procedentes de dicha región, en especial a través de sus puertos; expresa su especial preocupación por el creciente desafío para la seguridad en ambas regiones que constituye la coordinación transnacional de las organizaciones delictivas con sede en América Latina y el Caribe y en la Unión; pone de relieve la necesidad de reforzar la cooperación no solo con los países productores de drogas, sino también con los países de tránsito de América Latina y el Caribe, y de reforzar la cooperación multilateral para luchar contra estas amenazas; pide que se refuercen la Asociación UE-ALC en materia de Justicia y Seguridad, EL PAcCTO 2.0, Copolad, Eurofront, el Programa de los Flujos Ilícitos Globales (GIFP) y la Alianza Europea de Puertos;
64. Reconoce la importancia del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) en la construcción de un marco de seguridad común y compartido en América Latina y el Caribe; hace hincapié en que el CLASI es un instrumento clave para lograr una mayor integración y eficacia en la lucha contra la delincuencia en la región; acoge con satisfacción el compromiso estratégico continuo entre los ministros de Interior o de Seguridad de los Estados miembros de la Unión y los ministros competentes en materia de seguridad en los países participantes en el CLASI, así como en el nivel técnico, al objeto de reforzar la cooperación policial operativa entre la Unión y la región de América Latina y el Caribe; celebra la adopción de una declaración conjunta y una hoja de ruta para aplicar las prioridades de cooperación operativa para 2025-2026; pide que se cree una cooperación similar en los ámbitos de la justicia y la gestión de las fronteras;
65. Pide a la Comisión que refuerce y amplíe el apoyo a la cooperación entre los países socios de América Latina y el Caribe y las agencias pertinentes de la Unión, entre ellas, Europol, Eurojust y la EUDA, y que refuerce sus acuerdos de trabajo; acoge con satisfacción la idea de establecer una asociación entre los puertos de América Latina y la Alianza Europea de Puertos; subraya la importancia de avanzar en las tecnologías de inteligencia artificial y de reforzar la cooperación entre puertos y autoridades en la lucha contra el tráfico de drogas; aboga por iniciativas policiales conjuntas, asociaciones operativas e intercambio de información; celebra las aportaciones concretas de los Estados miembros a este respecto;
66. Acoge con satisfacción los esfuerzos por reforzar la cooperación regional en materia de seguridad mediante la ampliación del CLASI y la formalización de Ameripol como servicio policial, a fin de facilitar la coordinación transfronteriza; subraya la necesidad de ratificar el Tratado Constitutivo de Ameripol para que sea plenamente eficaz, y pide a los países signatarios que inicien sus procedimientos constitucionales de ratificación;
67. Destaca la necesidad de abordar las causas profundas de la delincuencia organizada, incluidas la corrupción, la gobernanza deficiente y la desigualdad social, y aboga por un enfoque que combine la aplicación de la ley con políticas sociales a largo plazo y otras estrategias intersectoriales, con miras a alcanzar un enfoque con respecto a la seguridad ciudadana que abarque a todas las instancias gubernamentales y a toda la sociedad; señala los beneficios de los acuerdos de asociación y otros acuerdos bilaterales entre la Unión y los países de América Latina y el Caribe como instrumentos esenciales para colaborar con los países socios a la hora de hacer frente a las causas profundas de la delincuencia organizada y luchar contra el tráfico de drogas ilícitas;
Justicia, derechos humanos y Estado de Derecho
68. Subraya la importancia de garantizar que las reformas judiciales en América Latina y el Caribe respeten la independencia judicial y cumplan las normas internacionales del Estado de Derecho; pide que se garantice que estas reformas contribuyan a reforzar la gobernanza democrática y a mantener la integridad judicial; hace hincapié en la necesidad de combatir los vínculos políticos con la corrupción y la delincuencia organizada; pide a las autoridades que defiendan el Estado de Derecho y el derecho de reunión pacífica, respeten las garantías procesales y garanticen la seguridad y la integridad de los miembros del poder judicial y los detenidos; se compromete a respaldar a los países de América Latina y el Caribe en este empeño;
69. Acoge con satisfacción la cooperación continua entre la Unión y la región de América Latina y el Caribe al objeto de defender y promover la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza, y de fortalecer la estabilidad política; subraya que la integridad y la transparencia de los procesos electorales son pilares fundamentales de la asociación entre la Unión y América Latina y el Caribe;
70. Destaca que las misiones de observación electoral de la Unión desempeñan un papel clave a la hora de promover unas elecciones justas y garantizar la transparencia, como demuestran las recientes misiones a Guatemala, Paraguay y Ecuador, y según lo previsto para las próximas misiones a Bolivia, Guyana y Honduras en 2025, y Perú y Colombia en 2026;
71. Pide que se refuerce la cooperación entre la Unión y América Latina y el Caribe a fin de contrarrestar las campañas de desinformación y las amenazas híbridas, en particular las procedentes de Estados autoritarios como Rusia, China e Irán, cuyo objetivo es socavar las instituciones democráticas, la integridad electoral y la confianza pública en ambas regiones; pone de relieve la importancia de reforzar los programas de alfabetización digital como respuesta a las crecientes amenazas híbridas y la desinformación, con miras a dotar a los ciudadanos de las capacidades necesarias para evaluar críticamente la información en línea;
Cooperación en materia de derechos humanos
72. Destaca que la creciente represión, el deterioro de las condiciones en los regímenes autocráticos y la intensificación de la inestabilidad económica en algunas partes de América Latina y el Caribe están obligando a muchas personas a huir en busca de protección, oportunidades económicas y derechos básicos; observa con inquietud los desplazamientos a gran escala, en particular desde Haití, Nicaragua y Venezuela, y la migración transfronteriza resultantes dentro de la región; subraya las crecientes presiones humanitarias, sociales e institucionales que esto ejerce sobre los países democráticos que acogen a un número significativo de migrantes y solicitantes de asilo; hace hincapié, por tanto, en la necesidad de una cooperación y solidaridad globales entre los países de origen, tránsito y destino, y resalta la importancia de respuestas coordinadas para garantizar los derechos, la dignidad y la seguridad de todos los migrantes y refugiados; pone de relieve la importancia de las políticas inclusivas para la integración de los migrantes en las comunidades de acogida, así como las contribuciones positivas que los migrantes de la región aportan a la sociedad y la economía;
73. Subraya que la cooperación en materia de protección de los derechos humanos es fundamental para la relación entre la Unión y la región de América Latina y el Caribe; hace hincapié en la necesidad de desarrollar estrategias para garantizar los derechos de los afrodescendientes y los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe; reconoce el alarmante aumento de los feminicidios en toda la región de América Latina y el Caribe; destaca la urgencia de combatir el feminicidio reforzando las políticas de lucha contra la violencia de género, facilitando la propiedad de la tierra y las oportunidades de empleo y garantizando el acceso a la educación; subraya la necesidad de seguir cooperando en estas cuestiones;
74. Expresa su profunda preocupación por que una parte significativa de Haití siga bajo el control de grupos delictivos organizados, armados y responsables de violencia generalizada y graves vulneraciones de los derechos humanos; aboga por una estrategia coordinada entre los socios de América Latina y el Caribe, los Estados miembros de la Unión y los Estados Unidos para hacer frente a esta crisis y apoyar al pueblo haitiano a restaurar la estabilidad, la gobernanza democrática y el Estado de Derecho; señala que resulta esencial la participación de todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las ONG, en este proceso; pide a la Unión que refuerce urgentemente su apoyo político, humanitario y económico a Haití en el marco de la asociación entre la Unión y América Latina y el Caribe, reconociendo que los esfuerzos actuales siguen siendo insuficientes para hacer frente a la magnitud de la crisis y apoyar al pueblo haitiano en el restablecimiento de la estabilidad, la gobernanza democrática y el Estado de Derecho;
75. Subraya el papel fundamental de la sociedad civil en las relaciones entre la Unión y América Latina y el Caribe; condena enérgicamente los asesinatos de defensores de los derechos humanos y las violaciones sistemáticas de la libertad de prensa; expresa su profunda preocupación por la persecución selectiva, la criminalización, la detención arbitraria y la represión sistemática de miembros de la oposición, pueblos indígenas, estudiantes, ONG y líderes religiosos en varios países; condena el uso indebido del Derecho penal para silenciar la disidencia y suprimir las críticas legítimas;
76. Destaca la necesidad de que la cooperación en materia de derechos humanos incluya también el fortalecimiento de las instituciones y la independencia judicial, y la garantía del acceso universal a la justicia, lo que incluye la protección de los defensores de los derechos humanos, los activistas por el medio ambiente y los periodistas, así como la salvaguardia de su trabajo en ambas regiones; condena la reciente legislación contraria a las ONG en algunos países de América Latina y el Caribe, que restringen las operaciones, la financiación y la independencia de dichas organizaciones;
77. Pide a la Unión que utilice el régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos para los responsables de violaciones de los derechos humanos y que siga haciendo uso de las medidas restrictivas de la Unión para sancionar a quienes socavan de forma gradual y encubierta la democracia y el Estado de Derecho; pide, asimismo, a la Unión que incluya garantías específicas de respeto de los derechos humanos a la hora de asignar fondos de la UE, incluso a través de instituciones multilaterales y financieras, y que vele por que estos fondos no contribuyan a reforzar el control autoritario de tales regímenes; pide a la Comisión que haga uso de las cláusulas en materia de derechos humanos de los acuerdos de asociación cuando detecte violaciones flagrantes de estos derechos;
Cooperación parlamentaria y relaciones interpersonales
78. Acoge con satisfacción el afianzamiento de la cooperación parlamentaria entre la Unión y América Latina y el Caribe, en particular a través de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), las comisiones parlamentarias bilaterales, por ejemplo, con Chile y México, y las asambleas parlamentarias conjuntas subregionales, que promueve el diálogo sobre cuestiones clave como el comercio, la seguridad y el desarrollo sostenible; reconoce que EuroLat es un componente estratégico de las relaciones entre la Unión y América Latina y el Caribe, y desempeña un papel clave en el fortalecimiento de esta asociación; acoge con satisfacción los resultados de la decimosexta sesión plenaria de EuroLat, celebrada en Lima (Perú) los días 1 a 3 de junio de 2025;
79. Pide una mayor coordinación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales y regionales de América Latina para abordar conjuntamente cuestiones transnacionales que se ajusten a las prioridades de la cooperación birregional y sean fundamentales para el desarrollo sostenible;
80. Señala el papel crucial de la diplomacia parlamentaria en el refuerzo de las relaciones birregionales, ya que contribuye a propiciar un diálogo directo con los Parlamentos nacionales y regionales; aboga por una diplomacia parlamentaria más sólida para apoyar los procesos de transición democrática y reforzar las capacidades legislativas de los Parlamentos de América Latina y el Caribe; celebra, en este contexto, la apertura de una oficina local del Parlamento en Panamá;
81. Insta a que se brinde un apoyo mayor y se aumente la inversión en el papel vital de las redes de la sociedad civil, las comunidades de la diáspora en ambas regiones, las iniciativas interpersonales, la movilidad de los jóvenes y la Fundación UE-ALC en la mejora de las relaciones birregionales;
82. Alienta la inclusión de las voces de la juventud en la asociación entre la UE y los países de América Latina y el Caribe, promoviendo los intercambios educativos, las iniciativas dirigidas por jóvenes y las plataformas que permitan a los jóvenes contribuir de manera significativa a los procesos de elaboración de políticas birregionales;
Recomendaciones para la Cumbre UE-CELAC de noviembre de 2025
83. Acoge con satisfacción la reunión UE-CELAC de 2023 y la puesta en marcha de iniciativas en el marco de la hoja de ruta UE-CELAC 2023-2025; elogia el objetivo de organizar cumbres periódicas cada dos años; subraya, a este respecto, la necesidad de adoptar, en la cumbre de 2025 que se celebrará en Santa Marta (Colombia) los días 9 y 10 de noviembre de 2025, una hoja de ruta nueva y ambiciosa que refuerce aún más la asociación, se ajuste claramente a los ODS y tenga en cuenta el nivel cada vez mayor de implicación entre ambas regiones;
84. Destaca que la próxima cumbre UE-CELAC será una oportunidad importante para proyectar la voz de ambas regiones al mundo sobre la base de valores comunes, además de una oportunidad para renovar los compromisos políticos al más alto nivel y fijar una agenda birregional ambiciosa y operativa;
85. Espera que la Cumbre UE-CELAC refuerce la alianza entre la Unión y los países de América Latina y el Caribe con miras a establecer las normas de desarrollo sostenible más estrictas a nivel multilateral y reafirmar el compromiso conjunto de apoyar la reforma de las instituciones multilaterales a fin de que sean más inclusivas y eficaces, en particular las instituciones financieras, que desempeñan un papel fundamental en la gestión de la deuda y en el diseño de un modelo de financiación internacional más sostenible, incluida la financiación de la cooperación al desarrollo, que se abordó en la 4.ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla (España); destaca la importancia de un apoyo continuo de la Unión a la integración regional de América Latina y el Caribe y a los esfuerzos encaminados a dar respuesta a los persistentes retos estructurales para el desarrollo sostenible en la región;
86. Espera que la cumbre UE-CELAC registre progresos en el establecimiento de un mecanismo permanente multilateral con una financiación adecuada, de manera que se realicen consultas periódicas con la sociedad civil, los sindicatos, los Gobiernos locales y otras partes interesadas pertinentes de ambas regiones; reconoce el trabajo de la Fundación UE-ALC como organización intergubernamental y su posible contribución al mecanismo permanente multilateral;
87. Destaca, en este sentido, la importancia de defender los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y pide a todos los participantes que respeten estos principios; señala que ello no será posible si no se incluye a la sociedad civil de una manera realmente transparente, global y significativa; pide que, en el orden del día de la cumbre, se incluya un debate sobre la democracia y los derechos humanos, como el derecho a participar en elecciones justas y libres, y que, en las conclusiones de la cumbre, figure un llamamiento firme en defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho; pide a la Unión que defienda firmemente la causa de la democracia y los derechos humanos;
88. Pide a las partes que, en la cumbre de noviembre de 2025, reafirmen su compromiso conjunto con la paz, la democracia, el multilateralismo, el orden mundial basado en normas, la integridad territorial de los Estados, el Estado de Derecho, la justicia internacional, la democracia, los derechos humanos, la justicia social, el desarrollo sostenible y el libre comercio, con vistas a la creación gradual de un espacio de paz, democracia y prosperidad euro-latinoamericano transatlántico;
89. Pide a las partes que condenen, en los términos más enérgicos, la actual guerra de agresión de Rusia, en particular todas sus graves violaciones del Derecho internacional y del Derecho internacional humanitario, y que brinden apoyo diplomático, económico y militar a Ucrania; pide a las partes que aúnen sus esfuerzos para lograr rápidamente un alto el fuego permanente, la intervención humanitaria en Gaza y la liberación de todos los rehenes;
90. Pide a la Unión y a la CELAC que avancen en compromisos tangibles en términos de reducción de la pobreza y la desigualdad, promoción de la cohesión, la capacidad institucional y la gobernanza y protección de los derechos de los trabajadores, y que sigan apoyando el acceso universal a la educación y la salud; subraya la necesidad de un compromiso de ambas regiones con el Pacto Birregional por los Cuidados con el fin de consolidar y financiar sistemas asistenciales integrales como pilar del bienestar social, reconociendo la asistencia como un derecho, una responsabilidad colectiva y una condición previa esencial para la igualdad de género, la justicia social y el desarrollo sostenible en la Unión Europea y la región de América Latina y el Caribe;
91. Pide que la Cumbre UE-CELAC impulse la colaboración en materia de resiliencia frente al cambio climático, protección de la biodiversidad y lucha contra la deforestación, garantizando que las políticas ambientales y de descarbonización se apliquen de manera equitativa, que la población local participe y se beneficie de la transición ecológica y que se apoye a las comunidades más vulnerables en la adaptación al cambio climático;
92. Pide compromisos más firmes para defender los derechos de los pueblos indígenas en todas las dimensiones de la cooperación entre la Unión y la CELAC;
93. Considera importante que la Unión y América Latina y el Caribe se comprometan a impulsar conjuntamente iniciativas ecológicas mundiales y socialmente justas, por ejemplo, la negociación de un tratado internacional para poner fin a la contaminación por plásticos, o la aplicación del memorando de entendimiento sobre la gestión integrada del riesgo de catástrofes, y que ambas regiones fomenten el uso sostenible de los recursos naturales; pide a las partes que reafirmen su compromiso compartido con una aplicación efectiva del Acuerdo de París;
94. Anima a mantener una cooperación estrecha en materia digital a través de la Alianza Digital UE-ALC con vistas a propiciar una transformación digital centrada en el ser humano en ambas regiones; pide armonizar los marcos reglamentarios en el ámbito digital, en particular a través del diálogo sobre protección de datos, regulación de las plataformas, ética de la inteligencia artificial y ciberseguridad;
95. Reitera su llamamiento para que se incremente sustancialmente la cooperación birregional en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, como parte de un enfoque integral respecto a la seguridad ciudadana;
96. Pide un mayor compromiso con la cooperación en materia de educación, también mediante la ampliación de los programas de intercambio en el marco de Erasmus+;
97. Subraya la necesidad de brindar más apoyo institucional, recursos y conocimientos técnicos para la organización de las cumbres periódicas UE-CELAC; aboga por la creación de un espacio institucional permanente entre cumbres que permita una mayor coordinación, una mejor preparación, una comunicación más fluida y el seguimiento de los resultados;
98. Pide que se celebren consultas periódicas entre las múltiples partes interesadas, en particular antes y después de cada cumbre UE-CELAC, entre los Gobiernos locales y la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe y la Comisión al objeto de garantizar que los proyectos de Global Gateway se ajusten a la consecución de los ODS y a las prioridades de desarrollo local y regional; pide, además, que se cree un mecanismo de seguimiento, multilateral y permanente, destinado a supervisar las relaciones UE-CELAC y los avances en el cumplimiento de los compromisos; destaca la importancia de garantizar una participación y consulta significativas, durante la cumbre, de la sociedad civil tanto de la Unión como de América Latina y el Caribe;
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99. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
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