Señor Presidente, rechazamos rotundamente sus pretensiones de pedir al Sistema de Naciones Unidas, la sustitución del señor Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG –, señor Iván Velásquez Gómez. La CICIG es producto de los Acuerdos de Paz y su correcta y eficaz actuación contra la corrupción le ha ganado el respeto y respaldo del Pueblo de Guatemala.
La intensión de expulsar al Comisionado Iván Velásquez Gómez de Guatemala, solo encubre la corrupción, el tráfico de influencias, el crimen organizado enquistado en instituciones del Estado, del Gobierno y de Partidos Políticos que han sido llevados a los tribunales y a las cárceles, y pone de manifiesto su complicidad y contubernio con dichos poderes paralelos oscuros que año tras año han acrecentado sus ilegales privilegios y consolida la impunidad de quienes realizan negocios oscuros bajo la sombra del Estado.
Los sectores sociales, ciudadanos, los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y populares a diario han manifestado claramente su voluntad de combate a la corrupción, al tráfico de influencias, las mafias y el crimen organizado. Atacar al Comisionado y a la CICIG es una decisión equivocada y contraria a la voluntad del Pueblo de Guatemala, agudiza la crisis social, política e institucional y obstruye la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.
Manifestamos nuestro pleno respaldo y apoyo a la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y al señor comisionado Iván Velásquez Gómez, por la labor realizada hasta la fecha que los propios gobiernos e instituciones del Estado de Guatemala no quisieron realizar en su momento.
Así mismo, manifestamos nuestro pleno respaldo y apoyo a la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público Thelma Esperanza Aldana Hernández, que ha puesto el ejemplo de ciudadana comprometida con la justicia para combatir de frente a las mafias, al crimen organizado, al tráfico de influencias, a la corrupción que está enraizada en el Estado.
Denunciamos también a su gobierno de estar entre los que más violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y defensores de derechos humanos está cometiendo; y, que ha negado sistemáticamente el derecho de acceso a la justicia y está promoviendo la consolidación de la impunidad, sacrificando los intereses del Estado, frente a los intereses empresariales y corporativos.
Pedimos a las instituciones democráticas del Estado y a la sociedad en general, luchar por resguardar lo que se ha podido avanzar contra las mafias, el crimen organizado, el tráfico de influencia y la corrupción dentro del Estado. Y a la comunidad internacional no darnos la espalda ahora que más la necesitamos.
Solamente juntos podemos tener un mejor país
Guatemala, 23 de agosto del año 2017
