Supuestamente dirigida al aumento de la producción agrícola y a duplicar la capacidad de consumo de la población, fue un golpe intencional contra la propiedad privada y el empresariado nacional.
En 1963 el Gobierno revolucionario promulgó la Segunda Ley de Reforma Agraria. En 2025 la agricultura es una caricatura de lo que fue antes de 1959.
A pesar de la ruina heredada de las guerras de independencia, los periodos de inestabilidad política y la dependencia de la producción de azúcar, la labor conjunta de los presidentes de la República y de una clase económica nacional estimuló el desarrollo de las fuerzas productivas en Cuba.
El hecho de que la mayor parte de la tierra cultivable estuviera concentrada en enormes latifundios fue hábilmente utilizado por Fidel Castro en 1953 durante el juicio por el asalto al cuartel Moncada para granjearse el apoyo del campesinado. En su alegato de defensa expuso que concedería la propiedad de la tierra a todos los que ocupasen parcelas de hasta cinco caballerías (unas 67 hectáreas). En octubre de 1958, desde la Comandancia del Ejército Rebelde, dispuso la entrega en propiedad a los arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupaban menos de cinco caballerías.
En febrero de 1959, al ocupar el cargo de primer ministro, Fidel Castro anunció un programa de gobierno que aumentaría notablemente la producción agrícola y duplicaría la capacidad de consumo de la población campesina. Y en mayo de ese año promulgó una Ley de Reforma Agraria que limitó las extensiones privadas hasta 30 caballerías (con excepción de las tierras que estaban bien cultivadas, en las que se podía mantener hasta 100 caballerías) y entregó títulos de propiedad a miles de campesinos.
Como esas leyes afectaron a las grandes propiedades, parecía tratarse de medidas democráticas y nacionalistas dirigidas a convertir a los cubanos en propietarios de las riquezas nacionales. El velo se corrió cuatro años después. El 3 de octubre de 1963, Fidel Castro decretó una segunda Ley de Reforma Agraria, ahora para confiscar las extensiones superiores a cinco caballerías, que estaban en manos de empresarios nacionales.
Inconstitucionalidad
Es pertinente recordar que la Constitución de 1940, en su Artículo 24 rezaba: «Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o interés social y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo». Aunque esa constitución fue suplantada en febrero de 1959 por unos estatutos constitucionales, denominados Ley Fundamental del Estado Cubano, el contenido anterior se conservó, por lo tanto, las confiscaciones fueron ilegítimas, como lo fue también el procedimiento utilizado.
Según Antonio Núñez Jiménez, entonces director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Fidel Castro aconsejó a los jefes agrarios: «cuando se dispongan a intervenir una finca, la ley debe llegar después de la intervención y […] a la hora de decidir cuántas caballerías le dejan a un latifundista, puede que tengan el criterio de dejarle 100 como marca la ley, si están bien cultivadas, pero mejor dejarle 50» (En marcha con Fidel, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1989). Y el Dr. Armando Caiñas Milanés, presidente de la Asociación de Ganaderos de Cuba, declaró: «Nosotros hemos intentado muchas veces discutir con el Dr. Fidel Castro los puntos en que discrepamos de la Ley Agraria […], que nosotros señalamos como esclavizante por no ser propia de nuestro pueblo, de nuestro espíritu democrático, de nuestras costumbres […] Se desvirtúa el derecho de la propiedad privada y de la libre empresa con un organismo estatal omnímodo e inobjetable».
Si en 1959 la confiscación de las tierras a empresas estadounidenses poseía una apariencia democrática y nacionalista, dirigida a convertir a los cubanos en propietarios de las riquezas nacionales, la Ley de 1963 se dirigió contra las extensiones superiores a cinco caballerías que estaban en manos de medianos empresarios nacionales. Con ella el Estado, que ya poseía el 40% de las tierras cultivables, las elevó al 70%, convirtiendo los latifundios confiscados en improductivos latifundios socialistas.
No conforme con eso, a partir de 1975 se intentó cooperativizar la tierra que aún permanecía en manos de los pequeño agricultores cubanos, incluyendo a los que habían recibido títulos de propiedad en 1959, en violación de los principios establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), que en 1895 definió las cooperativas como una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, con una estructura democrática. Con ese falso propósito las tierras estatales aumentaron hasta el 75%.
El resultado
Como en ausencia de sus dueños, administradas por jefes designados, la economía se desnaturaliza, con la estatización debutó el abandono, el descontrol y la ineficiencia. Un ejemplo paradigmático fueron los intentos por detener el declive de la producción azucarera. En noviembre de 2005 se nombró a un general al frente del Ministerio del Azúcar y en 2011 ese ministerio se remplazó con el grupo empresarial azucarero AZCUBA. Ninguno de los dos pudo detener el retroceso ni cumplir con los planes trazados.
El resultado productivo dice mucho más que los discursos de antes y de ahora. Si en 1952 se llegaron a producir 7.298.023 millones de toneladas de azúcar, en 2025 solo se produjeron 160.000 toneladas. Si el ganado bovino en 1958 contaba con unos seis millones de cabezas, en 2025 un ejercicio de alta fiscalización arrojó 2.914.009 ejemplares. Si el café en la cosecha 1960-1961 fue una producción de 60.000 toneladas, hoy no supera las 8.000 toneladas. Si en el tabaco se produjeron 58.202 toneladas en 1958, el plan de 2024 se redujo a 17.000, la tercera parte. Mientras el arroz de 279.000 toneladas en 1956 descendió a 80.000 toneladas en 2024.
La Segunda Ley de Reforma Agraria, supuestamente dirigida al aumento de la producción agrícola y a duplicar la capacidad de consumo de la población, fue un golpe intencional contra la propiedad privada y el empresariado nacional, cuya consecuencia ha sido la ruina de la agricultura en Cuba.
