En la reciente visita del presidente Castillo a Nueva York, un «fuera de programa», ha causado otro desplante a un país amigo, Brasil. Mientras el presidente Bolsonaro exponía en la Asamblea de las Naciones Unidas, Castillo, sin quitarse el sombrero, enrumbo sin paradero conocido. Debía encontrarse con el dictador Nicolás Maduro. Esta cita inesperada ha causado que el Ministro Óscar Maúrtua haya debido presentar un informe al Congreso del Perú.
Para entender las prioridades de Castillo, quien deja de lado a un país amigo como Brasil, por encontrar al dictador Maduro quien ha destruido, no solamente vidas, sino como expone el siguiente Informe, la institucionalidad venezolana. Tengamos en cuenta que todo tuvo inicio con un cambio de Constitución, posteriormente, incluso, desatendida por el régimen dictatorial.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 27 de septiembre de 2019, mediante la Resolución 42/25 estableció una Misión Internacional Independiente para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014 en la República Bolivariana de Venezuela. Periodo establecido de un año posteriormente prorrogado por dos años más hasta septiembre 2022.
El mandato prevé: *Enviar urgentemente una misión a la República Bolivariana de Venezuela para que investigue ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. *Asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. *Presentar actualizaciones orales sobre su trabajo durante los diálogos interactivos de las sesiones 46° y 49° del Consejo. *Preparar informes escritos sobre sus conclusiones para presentarlos al Consejo durante los diálogos interactivos de sus 48° y 51° sesiones.
La presidente de la Misión, Marta Valiños, el 24 septiembre del año en curso presentando sus conclusiones expuso que realizaron «177 entrevistas (99 hombres, 76 mujeres y 2 entrevistas grupales en las que participaron mujeres y hombres), incluyendo 60 entrevistas con representantes legales de las víctimas y 36 con individuos que trabajaron dentro de órganos del sistema de justicia durante el período cubierto por el mandato de la Misión. Además, la Misión publicó en su página web una encuesta, disponible para jueces, juezas, fiscales y/o abogados y abogadas, estén o no en ejercicio, siempre y cuando hubiesen sido admitidos para ejercer en Venezuela y sean constatables. Se recibieron 86 respuestas, incorporadas en las secciones sustantivas respectivas (42 hombres, 36 mujeres y 8 no identificados)».
La presidenta Valiñas señaló que «el sistema de justicia ha jugado un rol determinante al no proporcionar protección en favor de la ciudadanía así como no ha actuado a favor de los opositores actuando sin orden judicial» elencando una serie de arbitrariedades.
La precariedad de los cargos jurisdiccionales se hace evidente en el Capítulo II. Independencia del sistema de justicia. Señala la ausencia de independencia e imparcialidad debido a las reformas legales y administrativas «que contribuyeron al deterioro de la independencia del sistema de justicia ….. desde la adopción de la Constitución de 1999», la cual estableció procedimientos de selección para todo el cuerpo jurisdiccional basado en garantías para una selección transparente, apolítica y basada en el mérito. Sin embargo, «el incumplimiento progresivo de estas normas ha dado lugar al deterioro de la independencia judicial» además de la «injerencia política en la elección de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo ha dado lugar a cambios permanentes en su alineación ideológica».
Los Jueces del Tribunal Supremo de Justicia deberán ser elegidos por un «único período de 12 años mediante un proceso público y basado en el mérito», sin embargo leyes emanadas «eluden el proceso establecido constitucionalmente y aumentan la influencia política en la selección del Tribunal Supremo». Los últimos nombramientos datan de 2015 de 13 magistrados y 21 suplentes para el periodo 2015-2027. No fueron respetadas las disposiciones constitucionales ni los plazos del proceso, «29 de las y los 32 magistradas y magistrados fueron seleccionados de círculos estrechamente alineados con la ideología política del partido gobernante».
Previa a la designación de 2015 «13 de las magistradas y los magistrados se acogieron a la jubilación anticipada», posteriormente declararon «que el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, había ejercido presión para que lo hicieran».
Los recursos presentados solicitando la anulación de dichos nombramientos «fueron rechazados por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, lo que permitió a las magistradas y los magistrados involucrados ratificar sus propios nombramientos».
Esta alta Magistratura ejerce un «nivel de control casi total sobre las demás instituciones del Poder Judicial, incluyendo a través del nombramiento y la disciplina de jueces y juezas de tribunales de primera instancia y de apelación y el nombramiento de los presidentes y las presidentas de los Circuitos Judiciales Penales» además de gozar de la facultad de «declarar la inconstitucionalidad o nulidad de cualquier ley u otra disposición legal»
Finalmente desde 2003 «no se llevan a cabo procesos de selección competitiva y, en su lugar, el Tribunal Supremo efectua nombramientos provisionales de juezas y jueces» implica que «las selecciones y las destituciones pueden realizarse sin causa y por fuera del proceso establecido conforme a la Constitución». En enero de 2021, como fue declarado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, «en 2020 se habían nombrado 881 jueces provisionales». Evidentemente, el poder es tan absoluto cuánto arbitrario.
Ante la falta de Estado de Derecho, el informe presenta casos documentados, «agentes de seguridad o de inteligencia presuntamente utilizaron tácticas criminales incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores reales o percibidos», aplicando tortura y prácticas de origen nazi como el “Sippenhaft” o «castigo colectivo», deteniendo a componentes de la familia reteniéndolos por más de un mes.
El informe señala que «en 113 de los 183 casos de detenciones» se ha denunciado «la comisión de tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes». Asimismo, «en 67 de los 183 casos, las personas detenidas comparecieron ante los tribunales con claras marcas de maltrato». En actas aparece que los jueces daban respuesta a las denuncias «ordenando al Ministerio Público que verificará las denuncias de tortura presentadas o que realizará exámenes médicos», pero al mismo tiempo «ordenaban que las personas imputadas permanecieran en prisión preventiva, bajo la custodia de los presuntos torturadores, es decir, la DGCIM y el SEBIN».
A la presentación del Informe, siguió la respuesta del representante de Venezuela quien tajamente lo rechazó, desconociendo la forma y la legitimidad de la Misión que lo ha elaborado, «adolece de falsedades, está lleno de improperios, carece de credibilidad habiendo sido realizado a distancia como Misión fantasma, con la colaboración de países bien financiados por los Estados Unidos e invitaba a los miembros de la Misión a donar el dinero percibido en la compra de vacunas y no se presten en la ignominia de la mentira». Culpa a los Estados Unidos y los países miembros de la Unión europea.
Acto seguido, intervino la Embajadora Lotte Knudsen por la Unión europea quien solicitó a Venezuela que «restaure la independencia del sistema judicial y que lleve a la justicia a los responsables de la violación de los derechos humanos».
Tomaron la palabra por Alemania, Ralf Schröer, por Liechtenstein, Kurt Jäger; por la Orden de Malta, Silvia Vandi; por Francia, Iyad Jaber; por Suiza, Felix Baumann; por España, Aurora Díaz-Rato Revuelta; por Ecuador, Emilio Rafael Izquierdo Miño; por Luxemburgo, Nicolas Gierten; por Uruguay, Álvaro Moerzinger Pagani; por Paraguay, Raquel Cristina Pereira Farina; por Estados Unidos de América, Jesse Lee Lynch; por Brasil, Tovar da Silva Nunes; por República Checa, Václav Bálek; por Portugal, Gonçalo Motta; por Georgia, Irakli Jgenti; por Chile, Frank Tressler Zamorano; por Reino Unido e Irlanda del Norte, Rita French.
Apoyando la tesis de Venezuela intervino Cuba, Juan Antonio Quintanilla Román; República Democrática de Corea; Federación Rusa, Artur Chernyakov, China, Chen Xu; República Arabe de Siria, Hussam Edin Aala.
El representante de China manifestó que respeta la Carta de las Naciones Unidas y respeta «el trayecto elegido por los países, nos oponemos que fuerzas externas sigan injiriendo en los asuntos internos. Las medidas unilaterales de los Estados Unidos han privado de vacunas poniendo en peligro los derechos humanos de los venezolanos. Pedimos a los Estados Unidos que levanten las medidas coercitivas unilaterales. La determinación de los hechos no habló de las medidas coercitivas unilaterales por lo que carece de objetividad e imparcialidad.»
El representante de Rusia declaró «vemos que el examen de Venezuela está siendo politizado y no es parcial. Venezuela está determinada a proteger los derechos humanos a pesar de que Caracas ha querido colaborar, esta voluntad no ha sido tomada en cuenta, queremos señalar que las medidas coercitivas han tenido efectos muy negativos sobre el disfrute de los derechos humanos de los venezolanos e impide la lucha contra la pandemia. Los problemas deben ser abordados en el contexto de su Constitución en respeto de sus normas y sus leyes sin injerencia extranjera y sin traer mecanismos internacionales.»
