Según el Comunicado de la Comisión de la OEA sobre Nicaragua del 15 de septiembre de los corrientes, dicha Comisión integrada por representantes de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Paraguay, «expresa su malestar ante la decisión del Gobierno nicaragüense de prohibir el ingreso a Nicaragua de sus miembros y de un funcionario de la Organización, instrumentada a través de una comunicación de la Dirección General de Migración del día de la fecha.
El viaje de la Comisión a Nicaragua, previsto para los días 16 y 17 de septiembre, tenía por objeto dar cumplimiento a su mandato de llevar a cabo gestiones diplomáticas al más alto nivel a fin de procurar una solución pacífica y eficaz para crisis política y social en Nicaragua. La Comisión fue designada e integrada el pasado 30 de agosto y debe presentar su informe al Consejo Permanente de la OEA en un plazo de 75 días».
El Diario 19, vocero del gobierno nicaragüense, señala en su artículo de Opinión «Informe de Derechos Humanos de la ONU ignora derechos humanos de la mayoría de los nicaragüenses» que «El Gobierno nicaragüense había sido informado de la realización del viaje dada la intención de la Comisión de interactuar de manera constructiva con sus autoridades, así como con actores relevantes de la sociedad civil, con el fin de establecer un proceso de diálogo y alcanzar una solución a la situación que atraviesa el país.
La Comisión subraya su decisión de seguir adelante con las tareas que le fueron encomendadas por la Asamblea General ante el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y hace un llamado al Gobierno nicaragüense a revisar su posición y permitirle el ingreso al país para llevar a cabo su mandato.
En su apuro por condenar al gobierno nicaragüense por abusos contra los derechos humanos, el informe del ACNUDH no realiza una evaluación objetiva de las causas fundamentales del conflicto, incluida la interferencia de actores externos.
El informe reconoce el problema fundamental que enfrenta Nicaragua que representa una violación de los derechos humanos de una cuarta parte de la población, es decir, altos niveles de pobreza y desigualdad. Si bien también reconoce los esfuerzos integrales del Gobierno para combatir la pobreza, el informe implica que el daño económico y social inevitable causado por las protestas del año pasado fue culpa del Gobierno (‘la persistente crisis sociopolítica’), cuando gran parte del daño a la infraestructura y el comercio fue causado por los manifestantes. Esto simplemente hace eco de las continuas afirmaciones de los cuerpos de oposición de que los problemas económicos son causados por el Gobierno, incluso cuando exigen sanciones económicas intensificadas por parte de los Estados Unidos que, por supuesto, causarían más daños.
Ignorando los derechos humanos de la mayoría
Desde su regreso al poder en 2007, el gobierno sandinista ha implementado un Plan Nacional de Desarrollo Humano bien integrado que se centra en la erradicación de la pobreza y el bienestar de la población. Se ha logrado un progreso significativo hacia el logro de este objetivo a través de programas gratuitos de atención médica y educación, desarrollo de infraestructura, programas de desarrollo social y estabilidad económica.
La acusación más contundente del informe del ACNUDH es que minimiza cómo la gran mayoría de la población de Nicaragua sufrió no solo los devastadores efectos económicos, sociales y emocionales de la violencia de la oposición entre abril y julio de 2018, sino también el impacto económico continuo que el gobierno está abordando, pero sin duda continuará hasta 2020 y tal vez más allá».
