La Asamblea Nacional de Ecuador acaba de aprobar la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales por medio de la cual se busca normar el uso y la propiedad de la tierra rural, entendiendo que la misma cumple una función social y ambiental fundamentada en tres ejes transversales: la redistribución equitativa de la tierra que debe ir acompañada de un sistema integral que comprende financiamiento –créditos- y asesoramiento técnico; garantía de la soberanía alimentaria y el desarrollo sustentable de la tierra.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, expuso sus propuestas a esta normativa incluidas en seis puntos, en pos de democratizar el acceso a la tierra, garantizar que cumpla una función social y ambiental y se oriente la gestión del Estado al fomento de la producción y la soberanía alimentaria. La Ley de Tierras, mencionó, tiene por objeto regular el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, plantea su redistribución para garantizar soberanía alimentaria, a la par de respetar los territorios ancestrales y establecer el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra rural, terminando con los latifundios improductivos.
Asimismo, calificó la normativa como un hito histórico por su contenido así como por el procedimiento implementado en la consulta prelegislativa, que alcanzó un alto nivel de consensos y una amplia legitimidad. Señaló que al impulsar esta normativa la Asamblea está atendiendo demandas históricas de los pueblos y defendiendo los derechos básicos de los ecuatorianos y ecuatorianas en los territorios.
El legilador Antonio Posso sostuvo que “las tierras ociosas e improductivas que no cumplen la función social y legal deben ser redistribuidas para asegurar la soberanía alimentaria, al sector campesino”, el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, afirmó que la ley crea y define los mecanismos para que el Fondo Nacional de Tierras, redistribuya la tierra en términos equitativos, dentro de un marco de institucionalidad. “lo cual no es antojadizo, sino que responde a un mandato constitucional”. La legisladora Vanessa Fajardo enfatizó la visión participativa de la Comisión de Soberanía Alimentaria, pues los comuneros de la provincia de Santa Elena, a la cual representa, participaron de forma activa en la consulta prelegislativa. Señaló que la entrega de créditos mejorará la producción agropecuaria y por ende la productividad del país.
Por su lado la legisladora Rocío Valarezo manifestó que esta ley abriga la esperanza de la soberanía alimentaria y robustece la condición digna de quienes cultivan y producen los alimentos de la madre tierra. Afirmó que el Ecuador debe permanecer libre de semillas y cultivos transgénicos, pues el Estado regulará bajo estrictas normas la experimentación, uso y comercialización de la biotecnología y el eje constituye la bioseguridad.
