Un acuerdo firmado que ha resistido 10 años para ser aprobado por el Congreso peruano. Un acuerdo suscrito con Brasil, con quien Perú quedó malamente probado, su vecino amigo, país limítrofe dirigido por un gobernante de izquierda Lula da Silva, quien implementó la diplomacia presidencial, viajaba con un séquito compuesto por empresas brasileñas, siguiendo la política económico-comercial francesa. Llegó al Perú con Odebrecht que para el Perú, fue la peor herida que pudieron hacer a la zona sur del Perú, tantas ilusiones covadas con la ilusión de cambiar la vida de tantas ciudades, aún se recuerda las reflexiones de las Cámaras de Comercio del sur, en ese entonces, que avizoraban un futuro con ascenso de bienestar. Nada se hizo, fue Odebrecht y Barata quienes causaron, en colusión con Palacio de Gobierno, llámese Humala-Heredia, una mega corrupción. Una gran pérdida económica, aún no sabemos el monto final que el Estado peruano deberá pagar a las empresas denunciantes, cuando se resolverá el laudo arbitral.
El acuerdo fue negociado en una época anterior al estallido completo del caso Odebrecht. Sin embargo, la magnitud del escándalo obligó al Perú a replantear los estándares de integridad exigibles en los instrumentos de protección de inversiones. Por ello, durante el largo período en que el acuerdo permaneció sin ratificación, el Perú incorporó exigencias adicionales en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
Por ello, el Acuerdo entre Brasil y Perú, que ha sido meticulosamente negociado, tiene un capítulo que recibe presiones cada vez más insistentes, según diversas versiones recogidas en el ámbito político y comercial, existirían presiones para flexibilizar o limitar el alcance de determinadas cláusulas anticorrupción. Perú ha reforzado sus normas, además, con los antecedentes conocidos, en un Acuerdo Bilateral donde todo debe ser claro y transparente, más aún cuando se promueven, se protegen las inversiones extranjeras.
Estamos a días de las nuevas elecciones presidenciales peruanas, el Ministro de Comercio José Fernando Reyes Llanos fue convocado al Congreso para que explique el estado del arte del Acuerdo. Cuál habrá sido la nemesis de la dinámica que Reyez Llanos decidió presentar una carta donde destacamos tres partes:
- argumenta su renuncia en “Razones estrictamente vinculadas a convicciones profesionales y principios institucionales que considero indispensable en el ejercicio de la función pública, particularmente en escenarios que involucran relaciones internacionales, compromisos de cooperación y decisiones de relevancia estrategica para el país.”
- Refiriéndose a los acuerdos internacionales “que podrían involucrar componentes relacionales con integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción -exige no solo una evaluación de oportunidad comercial o política inmediata, sino también una ponderación integral de los intereses permanente de los intereses permanentes del estado, la reputación institucional del paía y los estándares de gobernanza pública que el Perú está llamado a fortalecer ante la comunidad internacional”. Término que deberían servir para toos los funcionarios estatales dentro de un decálogo del debido comportamiento del funcioanrio público.
- Finalmente, señala “siendo consecuente con mi posición técnica respecto a la necesidad de que cualquier definición sobre dichas materias se produzca en salvaguarda de los intereses del Estado es que considero pertinente dar un paso al costado.»
Valiente el exministro, seguramente, además de la renuncia también por los términos utilizados y es loable que la carta se haya hecho pública a fin de que la ciudadania tome conciencia que en los Ministerios, las instituciones del Estado puede modificar el “debe ser” por afinidades ideológicas rebajando el estándar necesario para evitar colusiones innecesarias.
Y esto tiene su origen en Lula, Odebrecht, Barata. Un hecho extremo que nos permite asumir que, lo que pudo ser un hecho privado, sin exponer lo motivos en una renuncia que cuestiona a días de las elecciones presidenciales.
Es necesario decir que este acuerdo ya esta firmado se encuentra en el estado de darle el trámite de ratificación en el Congreso, trámite que Brasil realizó en el 2017 y en el Perú se quedó trabado. En Perú se reforzaron las cláusulas anti corrupción, que encuentra la negativa brasileña porque ya fue aprobado por su Congreso y para el Perú es necesario que estas cláusulas existan, no se pretende una negociación integral, como explicaba la ex ministra de Comercio Marilú, sino sólo las cláusulas exnovo.
Si bien, en la actual redacción se señala no podrían ingresar al mercado peruano empresas que hayan sido sindicadas en casos de lavado de activos. Se reitera, que en el Perú las leyes cubren un amplio ámbito que no solo se refiere a la persona jurídica en cuestión sino a los socios que la integran y sobre el origen del capital, evitar que derive de lavados de activos.
Si la renuncia del ministro estuvo efectivamente vinculada a discrepancias respecto de los mecanismos de integridad previstos en el acuerdo, su decisión obliga a abrir un debate más amplio sobre la necesidad de preservar estándares elevados de transparencia en toda negociación internacional que comprometa intereses estratégicos del Estado. Que nos obligue a razonar sobre una vigilancia estrecha, que debe obligarnos a ocuparnos de “la cosa pública” y pretender, lo que escribe el exministro en el primer párrafo de su carta de renuncia “ponderación integral de los intereses permanentes del Estado, la reputación institucional del país y los estándares de gobernanza pública que el Perú está llamado a fortalecer ante la comunidad internacional.”
¿Puede el Perú, después de la experiencia de Odebrecht, permitirse rebajar los estándares de integridad en un acuerdo internacional de inversiones?
Esta exigencia de vigilancia estrecha y ponderación integral no es solo un llamado para quienes habitamos el suelo patrio; es una alerta urgente para la diáspora peruana en el exterior. Los miles de compatriotas que desde la distancia sostienen al país y que este domingo acudirán a las urnas en los consulados de todo el mundo, muchos de ellos residentes en sociedades europeas donde las instituciones y la seguridad jurídica se defienden con rigurosidad, entienden mejor que nadie el costo de la impunidad. El voto en el extranjero no puede ser un acto de mera nostalgia; debe ser el escudo ético definitivo que recuerde en las urnas que la dignidad del Perú no se debe negociar bajo ninguna mesa, ni se flexibiliza por ninguna afinidad ideológica. Que el eco de esta renuncia resuene globalmente: el estándar de gobernanza pública se defiende con el voto consciente, impidiendo que el pasado que nos hirió regrese camuflado de futuro. ¿Cómo olvidar Odebrecht y cómo olvidar Barata? ¡Ohhh Brasil!»
