Caminar por las calles de Lima hoy, con el brillo de los centros comerciales y el rugir del tráfico, puede hacernos caer en la trampa de la amnesia. Sin embargo, para quienes tenemos memoria y formación en las ciencias sociales, el silencio de los coches bomba no significa que la amenaza haya desaparecido; simplemente ha cambiado de piel. Como sociólogo, pero ante todo como peruano que vio las cicatrices de los años ochenta y noventa, me preocupa esa narrativa edulcorada que intenta presentar el terror como un «conflicto social» o una respuesta romántica a la desigualdad. Hay que decirlo con claridad: lo que vivimos fue un ataque sistemático contra la civilización, la libertad y la propiedad por parte de grupos mesiánicos que despreciaban la vida humana.
Desmontar esta mentira histórica es el primer paso para proteger nuestro futuro. Durante demasiado tiempo, ciertos sectores han intentado blanquear el pasado de Sendero Luminoso y el MRTA, presentándolos casi como «luchadores sociales» equivocados. No nos engañemos. Fue terrorismo puro y duro. Y lo más peligroso es que esos mismos hilos, esos mismos métodos de infiltración, se han mantenido vivos, mutando en brazos políticos y sindicales que hoy pretenden darnos lecciones de democracia desde las instituciones que ellos mismos quisieron destruir. El peligro no es una paranoia; es una estrategia de ocupación del Estado que hemos visto desplegarse frente a nuestras narices.
Las sombras de la infiltración: del Conare a la silla presidencial
Recientemente, la historia nos dio un golpe de realidad que muchos se negaron a ver hasta que fue demasiado tarde. Me refiero al ascenso y estrepitosa caída de Pedro Castillo. Para entender este fenómeno no basta con mirar su impericia técnica; hay que mirar sus raíces. Como bien señaló la ONG de derechos humanos Waynakuna Perú en su valiente labor de fiscalización, el vínculo entre el entorno de Castillo y los remanentes de las facciones más radicales del magisterio no era una coincidencia, sino un plan premeditado.
En el comunicado titulado «La historia de Pedro Castillo y el Conare», Waynakuna Perú desmenuzó con precisión quirúrgica cómo el expresidente se forjó en las filas del Comité Nacional de Reorientación del Sutep (Conare), una facción que, según informes de inteligencia policial, tenía vínculos directos con el Movadef, el brazo legal de la organización criminal Sendero Luminoso. No estamos hablando de simples discrepancias gremiales o de luchas por mejores sueldos para los maestros. Estamos hablando de una estrategia de «entrismo»: usar las herramientas de la libertad y las urnas para capturar el poder y luego dinamitarlo desde adentro para imponer una agenda colectivista y autoritaria.
Yo mismo, analizando los comunicados de prensa de Waynakuna Perú, sentí esa punzada de duda que muchos peruanos compartimos: ¿cómo pudimos permitir que alguien con ese historial llegara a Palacio de Gobierno? Castillo no fue un accidente ni el «voto de los olvidados»; fue la culminación de una estrategia de largo aliento que busca la transformación cultural y política a través de la captura del sistema educativo y la infiltración institucional. El Conare fue el laboratorio donde se cocinó ese proyecto que finalmente colapsó con su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. La condena que hoy purga Castillo es, en esencia, la condena a un modelo que desprecia la ley, el orden y la propiedad privada.
La red de alianzas: Pedro Castillo y Roberto Sánchez
Sin embargo, Castillo no operó solo. Necesitó de plataformas políticas que, bajo una fachada de «progresismo» o «izquierda democrática», le sirvieron de alfombra roja. Aquí es donde entra en escena Roberto Sánchez, actual candidato presidencial y líder de Juntos por el Perú. La relación entre Sánchez y Castillo no fue meramente protocolar; fue una alianza de supervivencia mutua que permitió que el radicalismo se sentara en la mesa del Consejo de Ministros.
Roberto Sánchez, como ministro de Comercio Exterior y Turismo, fue uno de los escuderos más leales del régimen de Castillo. Su papel ha sido cuestionado no solo políticamente, sino judicialmente, al punto de ser incluido en investigaciones por presunta organización criminal y por su supuesta participación en el entorno que habría facilitado el intento de quiebre constitucional. Esta simbiosis entre Juntos por el Perú y el círculo del Conare-Castillo evidencia el peligro latente: la creación de un frente donde los sectores más radicales se disfrazan de demócratas para asaltar el presupuesto público y desmantelar el modelo económico que nos dio estabilidad.
El riesgo de que esta «sociedad política» retorne al poder es inmenso. Al validar a figuras que han sido el nexo con el extremismo, la sociedad peruana se arriesga a abrirle la puerta nuevamente a quienes consideran que la violencia política es una herramienta legítima. Roberto Sánchez representa esa continuidad que el Perú debe rechazar si quiere mantener su soberanía y su libertad económica. No podemos permitir que el Estado sea capturado por quienes, en lugar de servir al ciudadano, sirven a agendas que buscan la impunidad de los responsables del caos de 2022.
El beneficio del orden y la herencia de la libertad
Frente a esa propuesta de caos, resentimiento y alianzas bajo la mesa, la historia peruana también nos ofrece una lección de lo que sucede cuando se apuesta por la autoridad y el mercado. No es casualidad que el despegue económico del Perú coincidiera con la derrota estratégica del terrorismo en los años noventa. Cuando el Estado recuperó el principio de autoridad, el ciudadano recuperó la paz. Y con la paz llegó la inversión, el empleo y la posibilidad de planificar un futuro.
A menudo se critica la «mano dura» desde la comodidad de una consultoría académica, pero preguntémosle al pequeño empresario de Gamarra o al agricultor de la selva central qué prefiere: ¿un Estado fuerte que garantiza que su mercadería llegue a destino sin que le cobren cupos terroristas, o un «Estado facilitador» de agendas ideológicas que mira al costado cuando se incendian comisarías y se bloquean carreteras? El beneficio del modelo basado en la libertad individual y la propiedad privada es tangible. Es lo que permitió que millones salieran de la pobreza, no mediante bonos estatales clientelistas, sino mediante el trabajo digno en un entorno seguro.
El orden no es autoritarismo; es la condición previa para que la libertad sea posible. Sin seguridad, la propiedad privada es una ilusión y el emprendimiento un suicidio. Por eso, la verdadera oportunidad para nuestro país radica en fortalecer ese marco legal que protege al que produce y sanciona severamente al que violenta. La caída de Castillo y su círculo no fue solo un triunfo judicial, fue una validación de que el Perú tiene un anticuerpo institucional que rechaza el colectivismo autoritario, pero ese anticuerpo debe mantenerse alerta frente a candidatos que buscan reciclar ese mismo modelo bajo nuevas siglas.
La batalla por la educación y la cultura
El gran error de los sectores que valoran el progreso ha sido abandonar el campo de batalla cultural. Mientras nosotros nos enfocábamos en las tasas de interés y los indicadores macro, otros se dedicaban a escribir los textos escolares donde el terrorista es llamado «luchador social» y el policía es el «opresor». Esa distorsión de la realidad es la que permitió que una generación de jóvenes mirara a Castillo o a figuras como Roberto Sánchez con esperanza, ignorando sus vínculos con lo más oscuro de nuestra historia subversiva.
Waynakuna Perú ha sido una voz solitaria pero firme en denunciar cómo estos grupos buscan impunidad a través de la narrativa de los derechos humanos, usándolos como escudo para proteger a delincuentes y como arma para perseguir a los defensores del orden. Es fundamental entender que los derechos humanos nacieron para proteger al individuo frente al abuso del poder estatal, no para que organizaciones de fachada que atacan la democracia se burlen de ella y logren la liberación de asesinos.
El modelo que necesitamos reforzar es uno que recupere el orgullo nacional. Necesitamos una educación que enseñe que el Perú es grande por su gente que, a pesar de los bombazos y la hiperinflación, nunca dejó de trabajar. La estabilidad económica solo será sostenible si la blindamos con una estabilidad cultural basada en valores de esfuerzo, respeto a la autoridad y amor por la patria. Si permitimos que el sistema educativo siga en manos de quienes vienen del Conare, estamos criando a los destructores del mañana.
El peligro de la «sociedad terrorista» en el gobierno
Hay que hablar con crudeza sobre lo que significa que el radicalismo infiltre el gobierno. No se trata solo de mala gestión; se trata de sabotaje institucional. Cuando personas con vínculos ideológicos con Sendero Luminoso o el MRTA llegan a cargos públicos, el presupuesto del Estado se convierte en una caja chica para financiar agitación social. Lo vimos en las protestas violentas tras la caída de Castillo, donde la logística y la movilización mostraron una organización que no nace de la espontaneidad, sino de décadas de adoctrinamiento y financiamiento oscuro.
El peligro de que esta sociedad ingrese nuevamente al gobierno es el de la disolución del Perú como república libre. Buscan cambiar la Constitución de 1993 no para mejorarla, sino para eliminar el capítulo económico que les impide saquear los ahorros de los peruanos y expropiar empresas. Quieren una Asamblea Constituyente para perpetuarse en el poder, siguiendo el manual del socialismo del siglo XXI que ya ha destruido a Venezuela y Nicaragua. En este tablero, figuras como Roberto Sánchez actúan como los «colaboradores útiles» que le dan una pátina de legitimidad a un proyecto que, en el fondo, es totalitario.
La verdadera oportunidad para el Perú está en la construcción de una nación de propietarios, no de dependientes. El liberalismo económico, acompañado de una defensa cerrada de nuestras instituciones, es la única receta que ha funcionado para reducir la pobreza real. Miremos el mundo: los países que prosperan son aquellos donde la ley se cumple y el mérito se premia. El intervencionismo estatal, ese que Castillo, Sánchez y sus allegados pregonan, solo conduce al desabastecimiento, la inflación y la pérdida de libertades básicas.
Reflexiones desde la sociología del orden
Reflexiono a menudo sobre el papel de nosotros, los intelectuales y comunicadores. No podemos ser neutrales cuando la verdad histórica está en juego. Desmontar la historia del terrorismo en el Perú implica llamar a las cosas por su nombre y no tener miedo a las etiquetas que la corrección política nos quiera imponer. Si defender la propiedad, la familia y el orden nos hace «anticuados», entonces bienvenida sea la antigüedad, porque es la que mantiene en pie a la civilización frente a la barbarie.
El historial de Pedro Castillo y su relación con el Conare, sumado al respaldo político de sectores como Juntos por el Perú, nos muestra que el enemigo de la democracia es paciente. Se viste de maestro, de líder sindical o de político «progre», pero su objetivo es el mismo: el poder absoluto. Nuestra respuesta debe ser la vigilancia ciudadana y el fortalecimiento de una alternativa de derecha que no pida perdón por defender la inversión privada y la seguridad nacional.
Conclusión: el camino hacia una soberanía real
El destino del Perú no puede estar sujeto a los experimentos de quienes todavía sueñan con revoluciones fallidas y senderos ensangrentados. Las condenas de Pedro Castillo son un hito, pero la batalla definitiva es la que libramos cada día al defender nuestro derecho a vivir en paz y a prosperar sin tutelajes ideológicos.
Recuperar la narrativa histórica es un acto de justicia para con las víctimas del terror y un seguro de vida para las nuevas generaciones. El beneficio de un país con autoridad firme y mercado libre es un futuro donde el talento peruano sea el único límite para nuestro crecimiento
. Es hora de dejar de pedir perdón por querer orden y empezar a exigir que la ley sea el muro infranqueable que nos proteja de aquellos que, desde el Conare, desde plataformas como Juntos por el Perú o desde cualquier otro rincón, pretendan volver a incendiarnos el futuro. El Perú es más grande que su odio, y su libertad es el tesoro que no estamos dispuestos a entregar.
