Para evitar que se forme un clase empresarial cubana, el Gobierno ha preferido entregar tierras a una empresa vietnamita en usufructo y pretende trasladar la experiencia a usufructuarios cubanos.
El pasado 25 de agosto, el diario oficial Granma informó que a diez meses de entregar en usufructo tierras del municipio Los Palacios a una empresa vietnamita para producir arroz, los rendimientos promediaron siete toneladas por hectárea, mientras en el resto de la provincia de Pinar del Río el promedio es de alrededor de 1,5 toneladas.
Como si la producción de arroz hubiera estado impulsada, la nota de Granma considera al Programa Conjunto Vietnam-Cuba un primer e importante programa para reimpulsar la producción del cereal. A la vez se ensaya un segundo programa, con usufructuarios cubanos, en el que los vietnamitas aportan las semillas, los insumos y el asesoramiento técnico, y los cubanos se encargan de la producción.
Una mirada a la producción arrocera antes de 1959 pone en ridículo la noticia. El arroz, introducido en nuestra dieta en la época de la Colonia, devino principal alimento de los cubanos, pero la producción nacional nunca satisfizo la demanda. Resultaba más económico importarlo que producirlo.
En el año 1950 Cuba produjo unas 36.000 toneladas, el 14% del consumo nacional. Para contrarrestar esa situación se fundó el Banco de Fomento Agrícola e Industrial con el fin de ofrecer créditos a los productores, y en 1955 se creó la Administración de Estabilización del Arroz para controlar las fluctuaciones de los precios internos, estableciendo los precios mínimos.
Gracias a esas medidas y a las libertades de la economía de mercado, surgieron nuevas fincas arroceras dotadas de tecnología moderna que entraron en producción. Un año después, en 1956, la producción ascendió a 279.000 toneladas, que cubrían dos tercios de la demanda nacional, sin tener que entregar las tierras a ninguna empresa extranjera.
Con excepción de un norteamericano, Silvio Gargilo, propietario de la arrocera Majagua S.A. de Matanzas, los productores eran empresarios y campesinos cubanos, cuyas propiedades les fueron confiscadas después de 1959 y en su lugar se nombraron administradores y jefes sin conocimientos del cultivo, por lo cual la producción comenzó a declinar.
Hasta 1962 los cubanos podían comprar el arroz en el mercado sin limitaciones de cantidad. Después de esa fecha, debido a la incapacidad de un sistema económico basado en la propiedad estatal sobre los medios de producción, el arroz comenzó a distribuirse mediante la libreta de racionamiento, implementada en marzo de 1962.
La República Popular China pasó a ser entonces la principal abastecedora del grano para la distribución normada, pero en 1965, por diferencias entre los gobiernos de Cuba y del país asiático, la suspensión del abastecimiento obligó a implementar planes nacionales. No obstante, muchas tierras arroceras se destinaron a la ganadería, la producción de soya y la caña de azúcar.
Los planes para aumentar la producción de arroz fracasaron uno tras otro. En abril de 2011, uno de los 313 lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) tenía por objetivo «asegurar el cumplimiento de los programas de producción de arroz, frijol, maíz, soya y otros granos», que tampoco se cumplió.
En 2002, con un grupo de técnicos vietnamitas, se inició un proyecto de colaboración para la producción del cereal en Sancti Spíritus. Pero los asiáticos se retiraron en 2022 sin los resultados esperados. Con ellos se alcanzaron 4,8 toneladas por hectárea, y un año después de su partida, en 2023, el resultado fue de 1,8 toneladas. De ahí al presente, han realizado varias donaciones del cereal a Cuba.
En marzo de 2025 el presidente del Grupo Agrícola del Ministerio de la Agricultura reconoció que en 2024 solo se produjo alrededor del 30% de lo alcanzado en 2018. El descenso productivo explica que las siete libras mensuales per cápita (3,2 kilogramos) que se distribuyen por la libreta de racionamiento, se entregaran en dos plazos: en una oportunidad cinco libras y en otra las dos restantes. Por el calamitoso estado de la producción y la carencia de divisas para importarlo, la última distribución de arroz realizada fue la correspondiente al mes de junio, cuando se distribuyeron solo las primeras cinco libras. Es decir, están pendientes por entregar dos libras de junio y las siete de julio, agosto y septiembre.
Las causas de los fracasos sostenidos son harto conocidas: las mismas de la crisis en la producción agropecuaria, de la economía en general y de todas las esferas de la sociedad cubana. Los resultados productivos guardan una relación directa con la tenencia de la propiedad, el interés de los productores, una política capaz de estimular las fuerzas productivas, los salarios en correspondencia con el costo de la vida, y libertades para producir y comerciar: requisitos que fueron erradicados en Cuba después de 1959.
En una visita realizada al plan arrocero de Los Palacios, en febrero del presente año, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa expresó esta verdad de Perogrullo: «Si el país no produce no puede exportar y por tanto no puede haber divisas». Para resolver esa contradicción llamó a cambiar «nuestra cultura de importadores», como si la cultura fuera un traje de temporada. Y dijo que el mayor estímulo a sembrar arroz en este país es su alta demanda «porque lo comemos por la mañana y por la tarde». Una afirmación indicativa de que este funcionario desconoce la cantidad y la periodicidad en la distribución del arroz por la canasta familiar.
En lugar de privatizar las improductivas tierras estatales entregándolas a productores cubanos y de eliminar las trabas que han provocado el decrecimiento, el Gobierno ha preferido —para conservar el poder (evitando que se forme un clase empresarial cubana)— entregar las tierras a una empresa extranjera en usufructo, y luego trasladar la experiencia a los usufructuarios cubanos, sin insumos ni libertades y precios impuestos por la empresa estatal de acopio. Se trata de un nuevo experimento y un nuevo fracaso.
