Un proyecto de ley en el Senado estadounidense propone gravar con 3.5% las remesas enviadas a Latinoamérica. La justificación de «financiar seguridad fronteriza» ignora que estos fondos son fundamentales para millones de personas. En el 2024, la región recibió USD 93,196 millones, liderados por México (USD 64,746 millones), Colombia (USD 10,202 millones) y Ecuador (USD 5,315 millones).
México tendría el mayor impacto, se estima que dicho país perdería USD 2,266 millones anuales (0.2% de su PBI), pero el daño sería catastrófico en estados como Chiapas o Guerrero, donde las remesas representan hasta el 15% del PBI local. Peor aún, países con menor margen de maniobra verían comprometidos sus equilibrios sociales. Para ellos, ese 3.5% equivale a recortar programas de salud o infraestructura rural.
Las remesas reducen pobreza y estimulan consumo. En el Perú, las remesas de USD 4,241 millones en el 2024, ayudan a financiar la canasta básica de muchos ciudadanos; en Brasil (USD 4,304 millones), son útiles para las redes de seguridad donde el Estado está ausente. Al encarecer las transferencias, el impuesto empujaría a migrantes hacia canales informales, aumentando riesgos de fraudes y lavado de dinero, tal como advierte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), estima que por cada 10% de disminución en las remesas, el consumo familiar se contrae 6.7% en comunidades receptoras. Esto golpearía a pequeños negocios y profundizaría la recesión en economías ya debilitadas, como Argentina, donde la inflación está todavía en el 30%.
Es prioritario una alianza regional para presionar excepciones, como las existentes para Canadá, o acuerdos bilaterales. Si EE.UU. insiste en este «impuesto», los resultados económicos y sociales de la región Latinoamericana se verían amenazados.
