Mas allá del resultado de las elecciones presidenciales, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, lo que está en cuestionamiento es el resquebrajamiento del Estado de Derecho en el Perú. El nombramiento ilegítimo de un Presidente en el Año del Bicentenario.
La intromisión abierta y desvergonzada del presidente interino Sagasti en todo lo que nos es dado saber, y, por los resultados, en todo cuánto él puede influir, desconcierta. No se preocupa de ocultar su poco respeto por el voto ciudadano: base de la democracia para gobernar un país.
Desde su llamada telefónica a Vargas Llosa solicitando interceda a fin que K.Fujimori desista a la inacción del aparato estatal en soportar a la ciudadanía. Una por todas, el viaje a la OEA de representantes políticos no-fujimoristas solicitándole la Auditoria. La ciudadanía, en su derecho, solicita transparencia. ¿Quienes pueden solicitarla? ambos candidatos, el Ministro de Relaciones exteriores Allan Wagner y, sobre todo, el presidente interino Sagasti, éste último se ha enfrentado directamente a la candidata Fujimori demostrando su parcialidad y hastío, sobre todo, el prevalecer de su ideología en un cargo de alta imparcialidad; Pedro Castillo quien normalmente no articula ideas, ni se pronuncia. Con relación al Ministro Wagner, se debe pensar que el presidente manda.
El pasado de K.Fujimori no es un buen antecedente, hizo caer el gobierno Kuczinsky y Vizcarra. Es recurrente: no acepta perder. En la anterior legislatura la vimos manejar su bancada caprichosamente. Por ello, con dificultad, la ciudadanía que votó por ella, eligió mantener el sistema democrático, la libre empresa, la libertad de expresión, la división de poderes, por ende, desechar el ingreso del Foro de Sao Paolo con Castillo-Cerrón.
Queda claro entonces que este no es un reclamo partidista, es ciudadano, es democrático. ¿Qué sea una paranoia de la ciudadanía peruana pensar que hubo Fraude en Mesa? Hasta un momento, pudo ser.
El 23 de junio, el Fiscal Supremo Luis Arce Córdoba, consciente de sus palabras, escribió una carta a sabiendas de lo que significaría para su carrera profesional y alta investidura. En esta carta, Arce Córdoba declinó irrevocablemente a su cargo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “con el fin de evitar que la representación que ejerzo y mis votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política” refiriéndose a las denuncias por un supuesto fraude así como la falta de transparencia, señala que la “ausencia de disposición por parte del Sr. Jorge Salas Arenas para hallar la verdad electoral evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de nuestra nación sobreponiendo los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos”. Agregando “Contra esa voluntad del pueblo, existen ya decisiones adoptadas que impedirán el conocimiento de la verdad y el alcance de la justicia electoral. Así, tengo conocimiento de fuente directa que dichas reclamaciones serán infructuosas. Los reclamos de la población serán vanos y los derechos de la mitad de la población serán vulnerados. Las marchas que reclaman el Derecho a la Verdad no serán escuchadas. Todo parece estar consumado desde hace mucho tiempo atrás”.
El jueves 24, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, lo suspendió del ejercicio y del cargo. Acto seguido, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó por unanimidad su destitución como fiscal supremo representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, por la investigación penal “Los Cuellos Blancos”, “Este pleno ha decidido por unanimidad …en consecuencia, se procederá a la anulación del título”. Además, del impedimento de salir del país por 18 meses.
¿Qué puede motivar a un fiscal supremo conscientemente escribir, negro sobre blanco, razones, además, acusar a funcionarios en posiciones apicales de estar coludidos? La historia responderá. Por lo pronto, él confirmó las razones de la ciudadanía sobre una parcialidad en la revisión de las denuncias de Fraude en Mesa.
El 26 de junio, el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza juró como miembro titular del pleno del JNE. Desde 2016 es fiscal supremo, desde julio de 2020 es investigado por la Junta Nacional de Justicia por su presunta participación en “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la misma investigación de Luís Arce Córdoba.
En la audiencia del 28 de junio, Rodríguez Monteza votó en la mayoría de casos por declarar fundada la apelación instando a que el propio pleno acopie información necesaria para resolver la controversia por presuntas firmas falsas. “No se puede, en este tipo de causa donde hay interés público, cargar la prueba a la parte que denuncia irregularidad. No estamos en cuestión de si un voto es válido o no, lo que se cuestiona es la validez de las actas en cuanto a la validez de las firmas que no coincidieran con lo que obra en Reniec. Es decir, aplicar este principio de validez del voto es impertinente a la causa en cuestión”, dijo sobre uno de los casos y recordó que el JNE tiene el deber de fiscalizar.
Por otro lado, la velocidad con la que el presidente del JNE, Salas Arenas quien, con su doble voto, quiere cerrar rápidamente este “asunto” y proceder a la proclamación de Pedro Castillo, tal vez, quiere ganar tiempo, para evitar que conozcamos el rol del buen Castillo en los “Dinámicos del Centro”, el punto, es que Rodríguez Monteza no firma las actas. Esta formalidad retrasa el cierre del “asunto” con la agilidad que también solicita Sagasti.
En la línea de que algo se mueve, que nos dice que el Estado no es un monolito que responde sólo a visiones coloniales donde lo estatal prevalece sobre la voluntad ciudadana, por el querer intencionado de algunos. El Defensor del Pueblo, en el Pronunciamiento n.° 010/DP/2021, del 11 de Julio, reitera al JNE su “deber de exponer a la ciudadanía la máxima motivación en cada una de sus decisiones, ello dentro del plazo más breve posible atendiendo a la necesidad de contar con autoridades oficialmente proclamadas”.
Señala que el comportamiento del JNE, ante elecciones presidenciales y en su calidad de ultima instancia debe cumplir “con el deber de motivar sus resoluciones…… con el mayor nivel de exigencia y rigurosidad”
Explica además que “no bastaría señalar que la pretensión de una organización política es improcedente solo citando el artículo del reglamento electoral, sin ponderar la situación frente al deber de proteger la voluntad popular expresada en el sufragio”. No le será difícil comprender al presidente Salas Arenas lo que significa las formalidades, pues él, por nimiedades ha declarado infundado recursos, sin entrar en la materia de fondo.
Es más, el Pronunciamiento, advierte y obliga a tomar en cuenta que no deben pasarse de las normas, ya el Tribunal Constitucional ha señalado la “necesidad de ir más allà del simple postulado literal de la norma, presumiendo -sin exponer un análisis profundo- que su aplicación no afecta derechos fundamentales o crea situaciones injustas”. Digamos que están advertidos.
Por otro lado, entrando en el mérito, señala que «el listado de electores elaborado por la ONPE es también un documento de acceso público…….por ello corresponde al JNE exponer en la mayor medida posible los razonamientos de hecho y derecho que utilizó al momento de resolver sobre su valoración».
Sagasti y compañía pueden nombrar a Castillo-Cerrón amparados en la relatividad que los caracteriza, pero, están poniendo en grave riesgo al país. La madurez y consciencia del problema que ha alcanzado cada ciudadano es relevante, la injusticia la conocemos, la arbitrariedad también, ganar también. Exhorta, sobre este punto, el Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo«Los mecanismos de transparencia en todo ámbito dotan a las autoridades elegidas de la legitimidad necesaria para ejercer sus funciones, dado que permiten controlar toda situación posible de arbitrariedad en su proceso de elección o selección».
¿Qué peruanos estamos enfrentados? Aquellos que viven del Estado, cuya mentalidad colonial ve un futuro de cofradía, de grupo cerrado, que se ceba en la pobreza de la gente, la controla, vive de ella, quiere controlar todo: desde la libertad de expresión hasta las cuentas bancarias, al patrimonio ganado, hacerse de las empresas estatales, ahí encontrar posiciones y trabajos, para ello, se requieren pactos sólidos, entre ellos. Otros, son los que han hecho crecer el Perú, que han hecho resurgir el Perú del terrorismo, que creen en sus capacidades y evitan entrar en grupos cerrados que te comen el alma, que creen en la división de los poderes, en la libertad de expresión, en la libre empresa, que ven en el funcionario público un servidor del Estado pagado con los impuestos de los peruanos, por lo tanto, «un servidor» y concibe el país como un Perú de todos.
Nos encontramos ante el verdadero reto del Bicentenario, crecer y razonar en un Perú diferente, con responsabilidades y acciones constructivas. Como dijo Gareca, desde que llegó a Lima, “pensá”
