En noviembre 2018, cuando se cumplían cinco meses del inicio de la represión por parte del gobierno Ortega – Murillo, contra la ciudadanía nicaraguense, el Consejo de la Unión, señalaba que «los principios básicos de la democracia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho siguen viéndose gravemente socavados en el marco de represión actual, que crea un clima de temor y desconfianza. El diálogo nacional con el objetivo de alcanzar soluciones políticas a estos problemas se ha estancado debido a la falta de compromiso de las autoridades».
La actitud del presidente Ortega y la vicepresidenta, su esposa, Murillo, se ha recrudecido, algunos pensaban que el tejido productivo nicaraguense impediría el perdurar de la actitud gubernamental. Sin embargo, el pedido de la Unión europea al retorno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) a fin que continue su misión en Nicaragua cumpliendo con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue desatendido, es más, el uso desproporcionado de la fuerza contra la población nicaragüense sigue agravándose.
Este 21 de enero, el Consejo de la UE reunido en Bruselas, ha emitido las siguientes conclusiones con relación a la situación en Nicaragua. Señala las arbitrariedades cumplidas por el Gobierno Ortega-Murillo, el uso brutal de la fuerza contra la ciudadanía, heridos y muertos, detenciones arbitrarias. En vez de menguar su opresión, el gobierno Ortega-Murillo, ha dispuesto medidas dirigidas contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes.
Por ello, «La UE condena con firmeza la represión de la prensa y la sociedad civil y el uso de leyes antiterroristas para reprimir opiniones discrepantes en Nicaragua. La cancelación en el registro oficial de varias organizaciones de la sociedad civil y las redadas ilegales contra medios de comunicación independientes, sumadas a otras medidas anteriores que penalizan los actos de protesta, crean un entorno en el que no se garantizan derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, tales como la libertad de expresión y de reunión, la libertad de circulación, el habeas corpus, y el derecho a un juicio justo.
Solicitando al gobierno de Nicaragua que «coopere de forma constructiva con la CIDH, sus órganos y el Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA)», que «garantice las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento y permita el retorno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH)» agregando que «no es posible una reconciliación mientras no se establezca un diálogo nacional transparente, integrador y constructivo entre todas las partes implicadas y mientras no haya justicia para todas las víctimas.»
Considera la necesidad de la instauración del diálogo y una negociación verdaderos «que incluya la adopción de reformas electorales con el fin de garantizar unas elecciones dignas de crédito que se ajusten a las normas democráticas internacionales.»
Solicita a las autoridades que «pongan fin a la represión de manifestaciones públicas, periodistas y medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil; que garanticen la seguridad física de sus miembros y restablezcan su estatuto jurídico; que liberen a todas las personas que fueron ilegalmente encarceladas y aseguren que en todo momento se respetan las garantías procesales y se garantiza un trato justo.»
Finalmente, señala, «que seguirá supervisando atentamente la situación y subraya su disposición a hacer uso de todos los instrumentos de actuación de que dispone a fin de contribuir a encontrar una salida pacífica y negociada a la crisis actual y responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y del Estado de Derecho.»
