El vicepresidente de la República de Colombia, general (r) Óscar Naranjo, habló ante el pleno de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas y planteó un enfoque multidimensional para medir el desempeño de los Estados en la lucha antidrogas. La propuesta tiene enfoques relacionados con:
- la voluntad de los gobiernos,
- las políticas públicas,
- la fortaleza institucional,
- la efectividad de los Estados,
- el esfuerzo fiscal y
- la gobernabilidad democrática.
De acuerdo con el planteamiento, la primera variable que debe tenerse en cuenta es el alcance y la firmeza de la voluntad política y la sociedad para enfrentar el problema del narcotráfico.
La segunda propuesta, muestra cómo lo anterior se refleja en las políticas públicas que se implementan para atacar el problema y qué tan sostenibles son, pues en muchos casos la multiplicidad de acciones evita que se avance de manera estratégica en las soluciones.
“Un enfoque multidimensional implica revisar con qué institucionalidad se aplica la política pública. Hoy nos preguntamos si la arquitectura institucional que enfrentó el crimen el siglo pasado y a comienzos del siglo 21, es suficiente o si se demandan transformaciones estructurales, funcionales y orgánicas a esa institucionalidad”, por ello, el vicepresidente Naranjo consideró que se debe empezar a evaluar la efectividad con la que se cumplen las metas y cómo se integran los esfuerzos con la sociedad civil. Sobre este punto, señaló que Colombia en los años y con el costo en víctimas han demostrado que se debe involucrar a todos los actores para que el esfuerzo “no sea infructuoso, desgastante y poco efectivo”. Para eso se deben construir indicadores rigurosos para ajustar las estrategias y los planes de acción.
El Vicepresidente también sugirió hacer una evaluación sobre el esfuerzo fiscal que hacen los Estados en la lucha contra las drogas; que se revise cómo se protege a la institucionalidad contra los peligros de corrupción, y que se califique la relación que tienen la política antidrogas y la gobernabilidad democrática con la reducción de la violencia en los territorios.
“Si la evaluación se centrara en estas variables mínimas, estamos seguros de que la lucha contra las drogas fortalecería la protección y defensa de los valores democráticos, y en consecuencia debería reflejarse con claridad en un enfoque de derechos humanos y de salud pública.” Finalmente, afirmó que “nuestros logros en razón del número de capturas, del desmantelamiento de organizaciones criminales y de interdicción de cocaína, han batido los récord históricos en los últimos años. Si estimamos que cerca del 50% de la producción de drogas en mi país fue incautada el año pasado por las autoridades, lo que quiero compartir con ustedes es que es posible avanzar con total equilibrio en tareas de prevención, de sustitución y de represión del crimen”.
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