“En política siempre hay algo que huele mal. Momentos en los que existe la sensación de que todo está por terminarse” (1). Esta es la sensación que recorre nuestro continente, en los gobiernos, en los partidos políticos, en la intelectualidad, en los movimientos sociales de nuestra región, sea a favor, o en contra, o bien con una posición crítica constructiva con lo que está pasando con Venezuela. Algo va mal, habría escrito Tony Judt, si hubiese vivido como para analizar la experiencia reciente de este país.
En la actualidad, la República Bolivariana de Venezuela vive una de las crisis política e institucional más grave de los últimos tiempos. Quizás, ésta, tan solo comparable con el fallido Golpe de Estado en contra de Hugo Chávez en el 2002. Esta crisis política, económica, social y humanitaria afecta en primer lugar al pueblo venezolano como la principal víctima de los escases de alimentos, medicamentos, que tan solo se encuentran en el mercado negros a precios exorbitantes. La reciente instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -en la misma Sede de la Asamblea Nacional Legislativa-, elegida hace un tiempo atrás, más allá del debate acerca de su legitimación o no, ha contribuido a polarizar aún más las tensiones políticas de la sociedad de este país. En este escenario y como producto de una de las primeras medidas de esta ANC de destituir a la Fiscal Nacional, Luisa Ortega agravó mucho más el escenario político nacional. La ex Fiscal Ortega, hoy, fuera de Venezuela se ha convertido en la figura insigne de la resistencia venezolana ocupando en los hechos, el espacio político de la oposición, que hasta el momento se aglutina en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Hay que recordar, que la ex Fiscal, una chavista reconocida, fue nombrada por el mismo presidente Chávez como fiscal en el año 2007 y luego fue ratificada en el 2014, convirtiéndose en el transcurso del año 2017 en una fuerte opositora al gobierno de Maduro. Hoy, la ex fiscal en el exilio, denuncia internacionalmente la corrupción al interior del gobierno de su país involucrando al presidente Maduro y a Diosdado Cabello en el recibimiento de pagos por parte de la constructora Odebrecht. En todo este contexto explicitado, la tensión entre los poderes del Estado, entre el gobierno y la oposición ha entrado en un dramático camino del enfrentamiento directo y permanente.
La opinión pública internacional se ha manifestado mayoritaria y públicamente en desacuerdo con última medida, la instalación de la ANC, e insta el gobierno del presidente Maduro a echar pies atrás con la Asamblea Constituyente. En el escenario regional, los países del MERCOSUR suspenden indefinidamente a Venezuela de esta instancia por la “ruptura del orden democrático”. La Unión Europea e instituciones de Naciones Unidas han condenado las medidas del gobierno del Presidente Maduro y la violencia cada vez más brutal entre gobierno y oposición, en donde, señalan, que la primera responsabilidad política, la tiene el ejecutivo. La situación que se vive en Venezuela, el deterioro de la democracia, de sus instituciones, la ruptura de su paz interna y la gravedad de los hechos de los últimos meses y días con la instalación de la ANC, lleva a constatar que Venezuela está en un tránsito cada vez más acelerado hacia un régimen dictatorial.
En este escenario, los organismos regionales como la OEA, así como la reciente declaración de 12 países a través de sus respectivos cancilleres, en la llamada Declaración de Lima abogan como la única salida viable la búsqueda de mecanismo de diálogo político y democrático entre el gobierno y la oposición. Se argumenta con decisión, que cualquier medida de fuerza, de llamamiento a las FFAA para que intervengan con un Golpe de Estado o, un autogolpe militar, gatillaría un espiral de violencia, de violación de los DDHH de civiles y políticos del pueblo venezolano.
La comunidad internacional y en especial la latinoamericana, se han declarado estar en contra de cualquier intervención militar e internacional de terceros países en los asuntos internos de Venezuela. En ese sentido, las inoportunas declaraciones del presidente Trump de que no descarta una “intervención militar en Venezuela” no colaboran en nada a los esfuerzos de la comunidad internacional de encontrar una intermediación pacífica entre ambos bandos en pugna. Más aún, los dichos del presidente Trump, paradojalmente, le han permitido al gobierno de Maduro cohesionar su frente político interno y poner contra la pared a la oposición, denominándola como “traidores a la patria” por su cercanía y vinculación con los EEUU.
El gobierno chileno por intermedio de la presidenta Bachelet han señalado con decisión su opinión: “de hacer todo lo posible para encontrar una salida política pacífica y creíble a esta crisis”. Frente a las desafortunadas declaraciones del gobierno norteamericano de intervenir en los asuntos internos venezolanos a través de una intervención militar, la cancillería chilena ha sido tajante en oponerse a todo tipo de injerencia militar que pueda ser llevado a cabo por la administración norteamericana.
Resumiendo, el escenario político venezolano es extremadamente grave y la necesidad de encontrar una salida democrática es un imperativo fundamental para preservar la democracia en ese país y por consiguiente, evitar que sea conducido a un régimen dictatorial. Las repercusiones de una salida militar en Venezuela, sin lugar a dudas, tendría enormes repercusiones políticas en el escenario político, social y económico latinoamericano.
1-. Ver: Mariano Schuster “La socialdemocracia, una identidad en disputa”, en : www.lanacion.arg , 06 de noviembre 2016.
