La Comisión inicia la reflexión sobre la dimensión social de Europa de aquí a 2025

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A pesar de las mejoras recientes en las condiciones tanto económicas como sociales en Europa, todavía persisten las diferencias entre los países y las regiones europeas. La crisis económica ha dejado una huella profunda en la vida de los ciudadanos, no obstante, se sigue compartiendo las mismas aspiraciones sociales.

Así lo confirma la Declaración de Roma, aprobada por los líderes de la UE el 25 de marzo de 2017, que subraya la importancia de una Europa social fuerte, basada en el crecimiento sostenible y que promueva el progreso económico y social, así como la cohesión y la convergencia, al tiempo que defiende la integridad del mercado interior; que tenga en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales y el papel fundamental de los interlocutores sociales, para que la Europa de los veintisiete pueda avanzar.

Marianne Thyssen , on the left, and Vera Jourova

El gobierno sueco junto con la Comisión está preparando una cumbre social para empleos justos y crecimiento que se celebrará el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo, lo que supondrá una nueva ocasión para avanzar en este debate.

El documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa, redactado bajo la dirección del vicepresidente Dombrovskis y la comisaria Thyssen, da continuidad al Libro Blanco sobre el futuro de Europa presentado el 1 de marzo, que establece los desafíos y oportunidades principales para Europa en las próximas décadas. El Libro Blanco marcó el comienzo de un proceso en el que la EU-27 debe decidir sobre el futuro de su Unión. Con el fin de fomentar este debate, la Comisión Europea, junto con el Parlamento Europeo y los Estados miembros interesados, organizará una serie de debates sobre el futuro de Europa en las ciudades y regiones europeas.

Por ello, el documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa marcará el comienzo de un proceso de reflexión con los ciudadanos, los interlocutores sociales, las instituciones europeas y los gobiernos, con objeto de hallar respuestas para los desafíos a los que habrán de enfrentarse nuestras sociedades y ciudadanos en los próximos años.

Valdis Dombrovskis

Para esta reflexión, en el documento se establecen tres opciones posibles, para el futuro, que se hacen eco de los argumentos expuestos durante el debate público:

  • Limitar la dimensión social a la libertad de movimiento: según esta opción, la Unión mantendría en vigor la legislación para fomentar los movimientos transfronterizos de ciudadanos en materias como los derechos relativos a la seguridad social de los ciudadanos móviles, el desplazamiento de los trabajadores, la asistencia sanitaria transfronteriza y el reconocimiento de titulaciones. Sin embargo, ya no existirían normas mínimas de la UE en cuanto a la salud y seguridad de los trabajadores, los tiempos de trabajo y de descanso o los permisos de maternidad y paternidad, por ejemplo. Europa ya no impulsaría las oportunidades para el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros en los ámbitos de la educación, la sanidad, la cultura y el deporte; los programas de reconversión social y regional de los Estados miembros, cofinanciados con dinero de la UE, quedarían suspendidos o se deberían financiar a escala nacional.
  • Los que desean hacer más en el ámbito social, hacen más: Distintos grupos de países podrían decidir seguir trabajando juntos en el ámbito social. Estos podrían ser o bien los países que utilizan el euro como moneda única común, a fin de mantener la fortaleza y la estabilidad de la zona del euro y evitar ajustes bruscos del nivel de vida de los ciudadanos, o bien cualquier otra configuración posible de países participantes que pudieran centrarse en otras cuestiones.
  • La Europa de los veintisiete al completo continúa trabajando en su dimensión social:aunque las administraciones nacionales y locales deberían seguir siendo y serían el epicentro de cualquier acción que se realice en el ámbito social, la UE estudiaría de qué manera seguir respaldando las acciones de los Estados miembros, haciendo valer plenamente los instrumentos de los que dispone. La legislación no solamente fijaría normas mínimas sino que, en determinados ámbitos, podría armonizar plenamente los derechos de los ciudadanos en toda la UE con objeto de centrarse en la convergencia social de los efectos sociales.