Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017: mejorías que deben aumentar

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La mejora de la eficacia de los sistemas judiciales nacionales es una prioridad bien asentada del Semestre Europeo, que es el ciclo anual de la UE de coordinación de las políticas económicas. El cuadro de indicadores de la justicia de la UE ayuda a los Estados miembros a alcanzar este objetivo al proporcionarles un análisis comparativo anual del funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales. Este análisis se complementa con las evaluaciones específicas llevadas a cabo a través de un diálogo bilateral con las autoridades nacionales y las partes interesadas. Tal evaluación puede dar lugar a recomendaciones específicas para cada país sobre la mejora de los sistemas judiciales nacionales. En el Semestre Europeo de 2016, basándose en una propuesta de la Comisión, el Consejo envió recomendaciones específicas a este respecto a seis Estados miembros (Bulgaria, Croacia, Italia, Chipre, Portugal y Eslovaquia).

El cuadro de indicadores utiliza diferentes fuentes de información. Las principales fuentes de datos son las de la Comisión para la Evaluación de la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa. Otros datos proceden de redes europeas, tales como la Red Europea de Consejos del Poder Judicial y la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos de la Unión Europea, el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) y diversos comités en ámbitos específicos del Derecho de la UE.

El cuadro de indicadores se centra en asuntos civiles y mercantiles contenciosos, así como en asuntos administrativos, con el fin de ayudar a los Estados miembros en su esfuerzo por sentar las bases para un entorno más favorable a la inversión, las empresas y los ciudadanos. El cuadro de indicadores se centra en los tres elementos principales de un sistema judicial eficaz:

  • Eficiencia: duración de los procesos, tasa de resolución y número de asuntos pendientes.
  • Calidad: indicadores sobre asistencia jurídica gratuita, tasas judiciales, formación, supervisión de las actividades de los órganos jurisdiccionales, presupuestos y recursos humanos.
  • Independencia: indicadores sobre la percepción de la independencia judicial entre las empresas y la población en general, así como sobre las salvaguardias relativas a los jueces.
Věra Jourová, Comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha declarado: «El quinto cuadro de indicadores de la justicia de la UE confirma que los sistemas judiciales son esenciales para generar confianza en un entorno favorable a las empresas y a la inversión en el mercado único. Animo a los Estados miembros a velar por que cualquier reforma de la justicia respete el Estado de Derecho y la independencia judicial. Esto es crucial para que los ciudadanos y las empresas puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Un sistema judicial independiente y que funcione correctamente es un pilar fundamental de cualquier democracia».

Las principales conclusiones del cuadro de 2017 son las siguientes:

  • Procesos civiles y mercantiles más breves: Esto se ha conseguido incluso en varios Estados miembros cuyos sistemas judiciales atraviesan por dificultades. Esta mejora es más clara a lo largo del período de cinco años que a corto plazo.
  • Análisis de la aplicación de la protección de los consumidores: Los Estados miembros son responsables de la aplicación del Derecho de la UE en materia de consumo. El cuadro de indicadores muestra que la duración de los procedimientos administrativos y el control judicial en este ámbito varían mucho según los países. También indica que las autoridades de protección de los consumidores logran resolver directamente muchos problemas de estos sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales.
  • Análisis de la lucha contra el blanqueo de capitales: Según lo dispuesto en la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, los Estados miembros han facilitado por primera vez información al respecto. Esta pone de manifiesto duraciones muy diversas de los procesos por delitos de blanqueo de capitales, que pueden variar entre menos de un semestre y casi tres años.
  • Acceso limitado a la justicia para los ciudadanos más pobres: El cuadro de indicadores muestra que, en algunos Estados miembros, los ciudadanos cuyos ingresos son inferiores al umbral de pobreza no reciben ninguna asistencia jurídica gratuita en algunos tipos de litigios.
  • El uso de herramientas de TIC sigue siendo limitado en varios países: Si bien se usan ampliamente en la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y los abogados en la mitad de los Estados miembros de la UE, el uso de las TIC para la firma electrónica es muy limitado en más de la mitad de ellos. Nuevos datos sobre la manera en que los abogados utilizan las TIC para comunicarse con los órganos jurisdiccionales subrayan de nuevo la importancia de la comunicación electrónica para el correcto funcionamiento de los sistemas judiciales.
  • Mejora o estabilidad de la percepción de la independencia judicial por la población en general: Así ocurre en más de dos tercios de los Estados miembros, en comparación con 2016. La tendencia es la misma para la percepción entre las empresas desde 2010. Entre los motivos de la percepción de falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces, las injerencias o presiones por parte de Gobierno y políticos han sido la razón más aducida. El cuadro de 2017 también presenta datos sobre las salvaguardias existentes en los diferentes Estados miembros para garantizar la independencia de los jueces. Esto refleja la gran importancia del Estado de Derecho en la UE.
  • Normas de calidad: La mayoría de los Estados miembros tiene normas que fijan plazos o calendarios para evitar largos procesos judiciales. No obstante, esas normas no existen en algunos Estados miembros con sistemas judiciales menos eficientes.
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