El Convenio de Estambul o Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica es el primer instrumento en Europa que fija normas jurídicamente vinculantes para prevenir concretamente la violencia por razones de género, proteger a las víctimas y castigar a los autores. Luego de la firma de la Unión en junio de 2017, este mes de septiembre el Parlamento debatirá un informe provisional.

Los derechos humanos de las mujeres europeas han sido vulnerados en múltiples ocasiones, también cuando se ha utilizado la violencia la cual se transforma en delitos como la violación, el acoso y la violencia doméstica, que ha causado perjuicio a la dignidad humana, a la igualdad de género y a la autoestima.

La violencia de género no obstante haber sido identificada no tenía un marco normativo europeo, ante esta situación nace el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido  como “Convenio de Estambul”, adoptado en 2011, se encuentra en vigor desde 2014.

En Europa, una de cada tres mujeres, el 33%,  ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años; el 75% de las mujeres que desempeñan una actividad profesional u ocupan un alto cargo directivo han sido objeto de acoso sexual; y una de cada diez mujeres ha sufrido acoso sexual o ha sido víctima de acoso a través de las nuevas tecnologías.

Estados miembros de la Unión – situación de la ratificación

En septiembre de 2017, la totalidad de los Estados miembros de la Unión han firmado el Convenio, y 14 (AT, BE, DK, FI, FR, IT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, ES y SE) lo han ratificado hasta la fecha. El texto también prevé que la Unión se adhiera al Convenio, teniendo en cuenta sus competencias, junto a los Estados miembros.

El Convenio:

  • define y tipifica como delito diversas formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia física, sexual y psicológica, el acoso, el acoso sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso y el aborto forzoso y la esterilización forzosos;

 

  • previene la violencia obligando a las partes a invertir en campañas de concienciación y educación, la formación de expertos en contacto estrecho con las víctimas y programas de tratamiento dirigidos a los autores, así como a abordar el papel de los medios de comunicación en la erradicación de los estereotipos de género;
  • protege a las víctimas al obligar a los Estados a establecer servicios de apoyo adecuados, como una línea telefónica gratuita nacional; refugios; asesoramiento médico, psicológico y jurídico; y ayuda en materia de vivienda y asuntos financieros;

  • obliga a las Partes a recopilar datos sobre los delitos de género;
  • aborda el asilo y la migración, ya que exige que la violencia de género sea reconocida como una forma de persecución al reconocer la condición de refugiado;

  • adopta un enfoque transfronterizo, ya que algunas formas de violencia, como los matrimonios forzosos, implican acciones en diferentes Estados. El Convenio obliga a los Estados parte a ampliar su jurisdicción para cubrir los delitos cometidos en el extranjero por sus nacionales;

  • introduce una definición diferente de «género», como «los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres» en contraposición con la definición habitual basada en el sexo de la persona;

  • abarca tanto a los niños y hombres como a las niñas y a las mujeres como posibles víctimas, en particular de la violencia doméstica y los matrimonios forzosos.

Fuente: EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo Autor: Ulla Jurviste; Rosamund Shreeves, Servicio de Estudios para los Diputados

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here