Resolución sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Guatemala (video)

216 visitas Deje un comentario

Guatemala es un país multi-étnico, multicultural y multilingüe con un considerable potencial económico. Sin embargo, la transición después del conficto hacia un sistema democrático basado plenamente en el imperio de la ley no se ha consolidado aún. La transición hacia la democracia comenzó hace 17 años después de un conflicto armado interno que duró 36 años.

Aunque el país ha progresado desde la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996 todavía enfrenta importantes desafíos. Guatemala se considera un país de renta media-baja.

Los principales desafíos para el desarrollo, como lo señala el Programa Indicativo Multianual para Guatemala 2014-202o, son:

  1. Mejorar la seguridad, defender y fortalecer el Estado de Derecho, combatir la impunidad y consolidar la justicia transicional;

  2. Superar la desigualdad económica estructural, social y la discriminación;
  3. Garantizar el respeto de los Derechos Humanos, especialmente los derechos de los pueblos indígenas, mujeres y niños;
  4. Combatir la pobreza y la desnutrición extendida, especialmente en las áreas rurales.

Guatemala es uno de los diez países más vulnerables del mundo ante la amenaza del cambio climático así como presenta uno de los mayores niveles de inseguridad alimentaria y nutricional del mundo. La tasa de desnutrición crónica para niños menores de cinco años es del 43.4%, la más elevada en la región y la cuarta más elevada en el mundo; concentra el 90% de retraso en el crecimiento, los grupos más vulnerables son las mujeres indígenas y las niñas y niños en áreas rurales. El acceso a los alimentos y la disponibilidad de los mismos es el más grave problema derivado de la concentración de la propiedad de la tierra.

Recientemnte se han verificado graves casos de violencia y riesgo para la seguridad caracterizado con un alto índice de delincuencia en especial dirigida hacia los defensores de los derechos humanos, las ONG y las autoridades locales. Entre enero y noviembre 2016 la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró catorce asesinatos y siete intentos de asesinato de defensores de los derechos humanos; 223 agresiones en total contra defensores de los derechos humanos, incluidos 68 nuevos procesos judiciales iniciados contra defensores de los derechos humanos; que los defensores de los derechos humanos y medioambiental y quienes trabajan en favor de la justicia y la impunidad constituyen las categorías de los defensores de los derechos humanos más hostigadas.

Este año han sido asesinados los defensores de los derechos humanos Laura Leonor Vásquez Pineda y Sebastián Alonzo Juan. En el 2016, se supone que fueron asesinados los periodistas Víctor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona y Winston Leonardo Túnchez Cano. Esta situación contrasta con la sentencia vinculante de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que pide “una política pública para la protección de los defensores de los derechos humanos”.

Las instituciones guatemaltecas como la Procuraduría  de los Derechos Humanos de Guatemala, el Ministerio Público y la Judicatura han tomado medidas importantes contra la impunidad y en favor del reconocimiento de los derechos humanos asi como ha ampliado el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Ante esta situación el Parlamento Europeo ha presentado una Resolución común sobre Guatemala, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos, por medio de la cual:

1. Condena en los términos más enérgicos los recientes asesinatos de Laura Leonor Vásquez Pineda, Sebastián Alonzo Juan y los periodistas Víctor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona y Winston Leonardo Túnchez Cano, así como los asesinatos de catorce defensores de los derechos humanos cometidos en Guatemala en 2016;

2. Manifiesta su inquietud ante la posibilidad de que los continuos actos de violencia y la falta de seguridad afecten negativamente a los defensores de los derechos humanos en el ejercicio pleno y libre de sus actividades; rinde homenaje a todos los defensores de los derechos humanos en Guatemala y pide se lleve a cabo de inmediato una investigación independiente, objetiva y exhaustiva de estos asesinatos y otros anteriores; insiste en que una sociedad civil vibrante es fundamental para que el Estado sea a todos los niveles más responsable, más reactivo, más incluyente, más eficaz y, por lo tanto, más legítimo;

3. Celebra los esfuerzos de Guatemala en su lucha contra la delincuencia organizada, le solicita que los redoble y reconoce la enorme dificultad a la que se enfrenta para proporcionar seguridad y libertad a todos sus ciudadanos en una situación de violencia estructural como la generada por los estupefacientes; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que aporten recursos técnicos y presupuestarios a Guatemala para asistirla en su lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, y que den prioridad a estos esfuerzos en sus programas bilaterales de cooperación;

4. Recuerda la necesidad de desarrollar una política pública de protección de los defensores de los derechos humanos, en consonancia con las declaraciones de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; toma nota del diálogo nacional iniciado recientemente y pide a las autoridades de Guatemala que velen por el desarrollo de la política pública a través de un amplio proceso participativo y por que aborde las causas estructurales del aumento de la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos, y pide a la comunidad empresarial que apoye estos esfuerzos;

5. Acoge con satisfacción la decisión de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala de contribuir económicamente al proceso de debate y consulta en torno a este programa, y anima a la Delegación de la Unión Europea a que mantenga su apoyo a los defensores de los derechos humanos; pide a las autoridades competentes que elaboren y apliquen una política pública de protección de los defensores de los derechos humanos en estrecha cooperación con un amplio abanico de partes interesadas, y que prosigan por la vía de las reformas hacia un poder judicial independiente, la lucha contra la impunidad y la consolidación del Estado de Derecho;

6. Pide la aplicación urgente y obligatoria de las medidas cautelares recomendadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pide a las autoridades que revoquen su decisión de retirar unilateralmente las medidas cautelares nacionales en favor de los defensores de los derechos humanos;

7. Recuerda los resultados de las 93 consultas comunitarias emprendidas de buena fe en 2014 y 2015; recuerda que actualmente está en curso un proceso de participación y pide a las autoridades de Guatemala que agilicen los procedimientos para garantizar el establecimiento de un mecanismo nacional de celebración previa de consultas libres y con pleno conocimiento de conformidad con lo previsto en el Convenio 169 de la OIT; pide al Gobierno de Guatemala que emprenda consultas sociales más amplias sobre las plantas hidroeléctricas, los proyectos mineros y las compañías petroleras, y pide a las instituciones de la Unión que velen por que no se preste asistencia o apoyo europeos a la promoción o la realización de proyectos de desarrollo sin que se cumpla la obligación de celebrar previamente consultas libres y con pleno conocimiento con las comunidades indígenas;

8. Acoge con satisfacción la iniciativa de reforma del sistema judicial, presentada por los poderes ejecutivo, judicial y legislativo ante el Congreso, a fin de desarrollar un sistema de justicia profesional y democrático, basado en una independencia judicial efectiva; pide al Congreso de Guatemala que aúne esfuerzos por concluir en su totalidad e íntegramente la reforma judicial en 2017; pide a las autoridades de Guatemala, para este fin, que destinen recursos financieros y humanos suficientes al poder judicial y, en particular, al Ministerio Público; apoya los importantes trabajos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG);

9. Acoge con satisfacción como un hito en la lucha contra la impunidad la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Guatemala por la que se confirma la inaplicabilidad de determinadas limitaciones legales al crimen de genocidio y los crímenes contra la humanidad en el juicio contra el exdictador Ríos Montt;

10. Pide al Estado guatemalteco que coopere con el mecanismo del examen periódico universal y tome todas las medidas adecuadas para aplicar sus recomendaciones;

11. Solicita a la Unión Europea que apoye al Ministerio Público; rechaza enérgicamente todo tipo de presión, intimidación y tráfico de influencias que pongan en peligro la independencia, el pluralismo judicial y la objetividad; anima a las autoridades guatemaltecas a que continúen fomentando la cooperación entre la instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos en Guatemala del Ministerio de la Gobernación y la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público;

12. Pide a las instituciones de la Unión que trabajen con miras a la conclusión de acuerdos internacionales vinculantes que refuercen el respeto de los derechos humanos, especialmente en el caso de las empresas con sede en la Unión que operan en terceros países;

13. Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen rápidamente el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que utilicen los mecanismos establecidos en el Acuerdo de diálogo político y cooperación para animar vivamente a Guatemala a aplicar un programa ambicioso de derechos humanos y luchar contra la impunidad; pide a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros que destinen fondos y ayuda técnica suficientes para este cometido;

14. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a la Organización de Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la República de Guatemala, a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y al Parlamento Centroamericano.

Fuente:

  •  PROGRAMA INDICATIVO MULTIANUAL PARA GUATEMALA 2014-2020. Mayo 2015
  • Reunión ministerial UE-CELAC: Declaración de Santo Domingo
  • Propuesta de Resolución Común sobre Guatemala, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos. Parlamento Europeo.
Acerca del Autor

Isabel Recavarren

Peruana. Abogada. Periodista. Egresada de la Universidad Mayor de San Marcos. Especializada en Organismos Regionales e Internacionales de Desarrollo, Universidad de Piura y en Derecho y Economía de la Unión Europea-Universidad Statale di Milano. Doctor en Derecho Internacional de la Economía-Universidad Luigi Bocconi. Fundadora del CEFIAL-UE y de Panorámica Latinoamericana. Coordina el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer. El conocimiento en las personas genera desarrollo y éstas constituyen el mejor recurso de una Nación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *