Nicaragua NO respeta los Derechos Humanos de sus ciudadanos

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Es interés de la Unión europea, en el ámbito de su política exterior, tener en consideración el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos con los terceros países con los cuales incluso ha suscrito acuerdos.

Es por ello que el evidente deterioro de la democracia en Nicaragua ha significado una especial atención que tiene su inicio en la aprobación de la Ley 840 del 2013 donde Nicaragua concede una concesión de 100 años para un canal interoceánico a través de Nicaragua a una empresa privada china, HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd (HKND); una ley que  otorgaba a la HKND poderes para expropiar tierras y eximía a la empresa de las normas fiscales y comerciales locales. Que también garantizaba a HKND que no habría castigo penal por incumplimiento de contrato. Esta concesión carece de un estudio de impacto ambiental así como tampoco se hizo la correspondiente consulta previa con los pueblos indígenas, en violación del Convenio 169 de la OIT,  la ruta propuesta por el canal pasará por tierras indígenas y desplazará entre 30,000 y 120,000 indígenas.

Como señala la Resolución del Parlamento europeo, el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2016, manifestantes de todas partes de Nicaragua se reunieron en la capital para rechazar la construcción del canal interoceánico, un megaproyecto que podría desplazar a miles de pequeños agricultores e indígenas en las zonas circundantes al proyecto del canal, denunciaron asimismo la falta de transparencia en las elecciones presidenciales del 6 de noviembre de 2016. Esta manifestación fue objeto de actos de violencia  por parte de la policía.

Por otro lado,  las organizaciones científicas han expresado su alarma de que el canal atraviese el lago de Nicaragua, poniendo en peligro la mayor fuente de agua dulce de Centroamérica habiendo, las mismas organizaciones científicas, pedido al Gobierno de Nicaragua que suspenda el proyecto hasta que los estudios independientes se hayan completado y debatido públicamente.

Francisca Ramírez, Coordinadora del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, presentó una queja formal en diciembre de 2016 sobre actos de represión y agresiones experimentados en Nueva Guinea, ella ha sido objeto de intimidación, ha sido arbitrariamente detenida y sus familiares han sido violentamente atacados en represalia a su activismo.

Es conocido que los periodistas de Nicaragua sufren hostigamiento, intimidación y detención y han recibido amenazas de muerte, a lo que se suma que en agosto de 2016 se canceló la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, a Nicaragua, debido a los obstáculos impuestos por el Gobierno de Nicaragua.

Con relación a las elecciones presidenciales se han verificado graves exclusiones de los candidatos de la oposición por lo que la libertad de asociación, la competencia política y el pluralismo están siendo seriamente debilitados. Los resultados presidenciales se contradicen con los dispuestos por el artículo 147 de la Constitución nicaragüense que prohíbe a los que están relacionados con el Presidente, por sangre o afinidad, ser candidatos presidenciales o vicepresidenciales.

La corrupción es un gran desafio para Nicaragua, quien se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial de corrupcion, en esta práctica están incluidos los miembros de la familia del Presidente. Como señala la resolución del Parlamento europeo el soborno de funcionarios públicos, las incautaciones ilegales y las evaluaciones arbitrarias de las autoridades aduaneras y fiscales son muy comunes.

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Por ello la Resolución el Parlamento Europeo expresa su preocupación por el deterioro constante de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y deplora los ataques y actos de hostigamiento a que han sido víctimas las organizaciones de derechos humanos, sus miembros y periodistas independientes por particulares, fuerzas políticas y órganos vinculados al Estado;

2. Insta al gobierno a que se abstenga de acosar y utilizar actos de represalia contra Francisca Ramírez y otros defensores de los derechos humanos por el desempeño de su labor legítima; Pide a las autoridades nicaragüenses que pongan fin a la impunidad de los autores de crímenes contra defensores de los derechos humanos; Apoya el derecho de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos a expresar su protesta sin represalias; Pide a Nicaragua que lleve a cabo efectivamente una evaluación independiente del impacto ambiental antes de emprender nuevas medidas y hacer público todo el proceso;

3. Pide al Gobierno de Nicaragua que respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas firmada en 2008 y el Convenio 169 de la OIT;

4. Pide al Gobierno de Nicaragua que proteja las tierras de los pueblos indígenas del impacto de los megaproyectos de desarrollo que afectan a la capacidad de vida de sus territorios, colocando a las comunidades indígenas en escenarios de conflicto y exponiéndolos a la práctica de la violencia;

5. Manifiesta su extrema preocupación por el despido de los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y la decisión que modificó la estructura de liderazgo del partido de oposición;

6. Pide a Nicaragua que respete plenamente los valores democráticos, incluida la separación de poderes, y que restablezca la posición de todos los partidos políticos de oposición al permitir que las voces críticas dentro del sistema político y de la sociedad en general, Recuerda que la plena participación de la oposición, la despolarización del poder judicial, el fin de la impunidad y una sociedad civil independiente son factores esenciales para el éxito de cualquier democracia;

7. Recuerda las medidas ilegales adoptadas en violación del sistema judicial que resultaron en cambios constitucionales para eliminar los límites del mandato presidencial, permitiendo a Daniel Ortega permanecer en el poder durante años;

8. Señala que las elecciones de 2011 y 2016 fueron muy criticadas por las irregularidades cometidas por las instituciones de la UE y la OEA; Toma nota de que existe un proceso de diálogo en curso con la OEA y que el Memorando de Entendimiento debe ser firmado antes del 28 de febrero de 2017, lo que podría mejorar la situación;

9. Reafirma que la libertad de prensa y los medios de comunicación son elementos vitales para la democracia y una sociedad abierta; Pide a las autoridades nicaragüenses que restablezcan la pluralidad de los medios de comunicación;

10. Señala que, a la luz del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de América Central, debe recordarse a Nicaragua la necesidad de respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, Por la UE; Insta a la UE a que supervise la situación y, en caso necesario, evalúe las posibles medidas que se adopten;

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, El Gobierno y el Parlamento de la República de Nicaragua.