El Parlamento europeo endurece las inspecciones oficiales de alimentos

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El Parlamento europeo debatió el proyecto legislativo que endurece las inspecciones alimentarias en toda la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor. El texto, ya acordado informalmente con el Consejo, busca mejorar la trazabilidad, combatir el fraude y recuperar la confianza de los consumidores.

La legislación establece un sistema de control más amplio y efectivo en los ámbitos de seguridad de alimentos y piensos, salud veterinaria y vegetal, producción orgánica e indicaciones geográficas protegidas.

Como señala uno de sus Considerandos: «Las autoridades competentes deben velar por que el personal responsable de los controles oficiales no revele información obtenida durante la ejecución de dichos controles que esté amparada por el secreto profesional. A menos que exista un interés primordial que justifique la divulgación, el secreto profesional debe incluir la información que iría en detrimento del objetivo de las inspecciones, investigaciones o auditorías, de la protección de los intereses comerciales, así como de la protección de los procedimientos judiciales y del asesoramiento jurídico. Sin embargo, el secreto profesional no debe impedir que las autoridades competentes revelen información objetiva sobre el resultado de los controles oficiales en relación con operadores individuales, cuando el operador en cuestión haya sido autorizado a comentar la información antes de su revelación y dichos comentarios se hayan tenido en cuenta o publicado junto con la información divulgada por las autoridades competentes…..»

Varios casos recientes de fraude alimentario como el escándalo por el uso de carne de caballo, han demostrado la necesidad de medidas más efectivas para proteger a los consumidores y a los operadores honrados ante los riesgos derivados de vacíos legales en cualquier punto de la cadena de distribución alimentaria.


Para establecer un marco común armonizado, la propuesta de reglamento reúne, en un sólo texto, los controles oficiales para todos los sectores de la cadena agroalimentaria (actualmente repartidos entre unos 16 reglamentos o directivas). La propuesta pretende acabar con el solapamiento de normativas y permitir a las autoridades reaccionar rápidamente ante situaciones de emergencia, mediante, por ejemplo, procedimientos rápidos para la acreditación de laboratorios oficiales.