La 112 Sesión del Consejo de Europa reunido en Venecia los días 6 y 7 de octubre 2017 en su proyecto del orden del día en el punto 14 analizó las cuestiones jurídicas del decreto del Presidente Maduro del 23 de mayo 2017  por el cual convocó a la elección de una Asamblea nacional constituyente de Venezuela según aparece en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana del lunes 1º mayo 2017. Por lo que se invitó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro,  a fin de realizar un intercambio de puntos de vista del cual extraemos algunos puntos de interés.

El Secretario general Luis Almagro expuso:
“He preparado cuatro informes sobre la situación en Venezuela, publicados el 30 de mayo de 2016, el 14 de marzo de 2017, el 19 de julio y más recientemente el 25 de septiembre.

• Entre la publicación de los informes primero y segundo – sólo 10 meses – la crisis se intensificó dramáticamente.

Si bien el primer informe sostiene que ha habido una “alteración del orden constitucional”, el segundo indica que el país ya había alcanzado una “ruptura total del orden democrático”.

• Después de la sentencia de la Sala Constitucional que asumió las funciones de la Asamblea Nacional a fines de marzo, y el inicio de las protestas ciudadanas, se intensificaron los abusos y los atentados contra la democracia venezolana. El Gobierno de Venezuela respondió a las protestas con una sistemática y deliberada estrategia de represión contra civiles.

• En el tercer informe se destaca, por lo tanto, el uso sistemático de la violencia y el terror que pueden constituir crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el derecho internacional.

• Y el informe más reciente, presentado la semana pasada, muestra que la democracia en Venezuela fue completamente eliminada el 30 de julio, tras el establecimiento de una Asamblea Constituyente ilegítima.

Violación de la Carta Democrática Interamericana (IDC)

• El Gobierno venezolano, país que ratificó la Carta Interamericana (IDC), ha violado elementos esenciales de la democracia, tales como: el respeto de los derechos humanos y los derechos fundamentales; Imperio de la ley; la separación y la independencia de los poderes; y transparencia y rendición de cuentas en el sector público.

• Además, el Gobierno venezolano ha negado al pueblo venezolano el derecho a la vida, la integridad física y la libertad de reunión y asociación, aun cuando estos derechos estén establecidos en la Constitución y en el derecho internacional.

• La evidencia que muestra la violación de los derechos humanos y fundamentales incluye: la represión sistemática, la tortura, la detención arbitraria, la existencia de presos políticos, los juicios militares de civiles, la censura, la intimidación y el hostigamiento de la oposición, el hambre, la escasez de productos básicos y medicinas, y el crimen desenfrenado.

• A continuación se presentan algunas de las cifras más alarmantes que dan prueba de lo anterior:

• El Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales (OVCS) estima un total de 7.468 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 22 de septiembre de 2017.

• Según el Ministerio Público de Venezuela, al 31 de julio, el total de muertes en manifestaciones ascendió a 121 personas. De las muertes totales, según la fuente oficial, el 25% se debieron a medidas tomadas por las fuerzas de seguridad del Estado, y otro 40% verificado como atribuible a la participación de civiles armados que actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad.

• Los heridos y los detenidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad del Estado en el contexto de las protestas son miles.

• El número de presos políticos es de 487 personas, según el Foro Penal.

• El Gobierno ha restringido el acceso a los derechos básicos como la salud, la alimentación y la seguridad. La grave crisis humanitaria y económica señalada en mi primer informe de marzo de 2016 continúa y empeora cada día.

• La economía se ha derrumbado debido a acciones deliberadas y negligencia del gobierno. Mientras la gente sufre –por la falta de medicamentos, alta desnutrición y hambruna, altos índices de criminalidad y violencia- el gobierno lo niega y proclama una realidad alternativa.

• El régimen ha abolido el imperio de la ley, otro elemento fundamental de la democracia. En el informe del Índice de Estado de Derecho para el año 2016, Venezuela tomó la última posición, con una calificación inferior a Afganistán y Zimbabwe.

• El Gobierno ha violado sistemáticamente la propia Constitución Bolivariana. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) falló a favor del Ejecutivo en los cinco decretos presidenciales de estados de excepción y las cuatro prórrogas registradas hasta la fecha. Esto, a pesar de que la Asamblea Nacional rechazó los decretos y que superaron los plazos establecidos por la Constitución.

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente

• El 30 de julio se celebró un proceso para votar por una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. La elección de la Asamblea Constituyente se llevó a cabo ignorando los principios básicos de transparencia, neutralidad y universalidad que deberían caracterizar elecciones libres y justas.

• Fue un día de violencia y muerte, donde las fuerzas del Estado masacraron al pueblo venezolano protestando contra el gobierno autoritario. Dieciséis personas, entre ellas menores de edad, fueron asesinadas en las numerosas protestas que tuvieron lugar durante la votación.

• Mientras el régimen anunciaba una de las mayores votaciones electorales de la historia, los medios de comunicación y los ciudadanos informaron que la mayoría de los centros de votación estaban casi vacíos. No se realizaron los procesos de verificación técnica de la lista de votantes, la maquinaria electrónica y el sistema de verificación de resultados. La empresa a cargo de la plataforma informática para votar en las elecciones venezolanas desde 2004, Smartmatic, dijo que los datos sobre participación habían sido manipulados.

• En una elección que carezca de elementos mínimos de certeza, en los que existan discrepancias en la tasa de participación y en la que la empresa responsable de consolidar los resultados haya denunciado la manipulación, no es posible determinar la validez de los datos diseminados. En cualquier otro país del hemisferio, el número de irregularidades que se han visto en este proceso sería suficiente para decretar la nulidad de la elección.

• En base a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, la OEA informa que el régimen apuñaló repetidamente los elementos y componentes esenciales de una democracia:

o Negar los derechos humanos del pueblo venezolano;
o Eliminar el imperio de la ley;
o Abolición del principio de separación e independencia de poderes;
o Alentar y proteger la existencia de un gobierno corrupto.

• Sin embargo, el golpe fatal a la democracia se produjo el 30 de julio de 2017, con la finalización de una farsa electoral. Al llevar a cabo este proceso fraudulento, el régimen terminó eliminando el último elemento de la democracia en Venezuela: la celebración de elecciones periódicas, libres y justas basadas en el voto universal y secreto. Las condiciones suficientes para una elección competitiva aún estaban vigentes en 2015. Ahora, con lo ocurrido el 30 de julio, el régimen ha robado al pueblo venezolano la posibilidad de recurrir a elecciones para expresarse.

Proceso para analizar si la situación en Venezuela merece remisión a la Corte Penal Internacional

• Como se señaló anteriormente, en mi informe de fecha 19 de julio, consideré que hay evidencia que “señala el uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual como herramientas para aterrorizar al venezolano personas … ” que eventualmente podrían calificarse de crímenes contra la humanidad y deberían ser señalados a la atención de la Corte Penal Internacional.

• Para dirigir un proceso de revisión eficaz de la situación de violencia y represión en Venezuela, nombré un asesor especial de crímenes contra la humanidad, Dr. Luis Moreno Ocampo, quien fue el primer Fiscal de la Corte Penal Internacional (2003-2012).

• El Dr. Moreno Ocampo facilitará a través de un proceso imparcial e independiente la recolección de evidencia que provea una base razonable para determinar si se han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela, la identificación de sus posibles autores, la existencia de procedimientos nacionales de investigación y otros elementos requeridos por el Estatuto de Roma.

• Los resultados del proceso serán presentados al Consejo Permanente de la OEA y al Fiscal de la Corte Penal Internacional.

• Los venezolanos no deben soportar el costo de la aniquilación del Estado de Derecho. No hay mayor injusticia que someterse a la humillación a manos de fuerzas represivas.

Sólo hay una solución democrática para Venezuela: la que exige el pueblo: el fin de la represión violenta, la liberación de todos los presos políticos, un canal de ayuda humanitaria y, sobre todo, unas elecciones inmediatas, libres y justas.

El informe fue aprobado.

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