Transparency International acaba de publicar su Informe sobre los países de América Latina y la Corrupción. Su título es directo y responsable “LAS PERSONAS Y LA CORRUPCIÓN: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” Barómetro de la Corrupción.

Señala que en los últimos años se han observado en la región de América Latina y el Caribe tendencias preocupantes, que incluyen el deterioro de los derechos humanos y el debilitamiento de las estructuras de gobernanza. Muchos países están experimentando un aumento de la violencia y de la inseguridad, al mismo tiempo que activistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil sufren el cercenamiento de su libre expresión. En México se ha producido, en lo que va del año, un incremento del 31% en la cantidad de asesinatos cometidos. Señala, además, el intento de homicidio contra un miembro de su junta directiva del capítulo nacional en Honduras, dónde perdió la vida uno de sus guardaespaldas.

En Venezuela, dos miembros del capítulo nacional de Transparency International fueron detenidos junto con dos periodistas por investigar un escándalo de corrupción. Este tipo de delitos y abusos se ven exacerbados por la corrupción, y a veces solo son pos, estos hechos, señalan, afecta a las instituciones de justicia, debilita el Estado de Derecho, distorsiona los procesos políticos y permite la impunidad. Si bien, en el último tiempo una serie de importantes juicios por casos a gran escala pusieron en evidencia élites corruptas de la región y sus redes, en general la voluntad política necesaria para revertirlo no ha sido sostenida.

En Brasil el escándalo Lava-Jato que involucra a políticos y empresarios ha desembocado en una multa multimillonaria para la compañía constructora Odebrecht y otros. Guatemala ha significado una desilusión para la ciudadanía que sigue luchando en calles y plazas.

El informe Barómetro Global de la Corrupción consta de encuestas realizadas a más de 22.000 ciudadanos que viven en 20 países de América Latina y el Caribe. Han consultado sobre experiencias directas de corrupción en los servicios públicos y sobre percepciones acerca de la magnitud de la corrupción.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas —un conjunto de 17 ambiciosos objetivos globales— insta a “reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas” (Objetivo 16.5). Reducir la corrupción es una condición clave para una sociedad justa y equitativa, y combatirla eficazmente fortalece las iniciativas de desarrollo, la promoción de derechos humanos y libertades y la erradicación de la pobreza global.

La encuesta responde a los siguuientes indicadores:
(1) la medida en la cual se percibe un aumento en el nivel de corrupción,
(2) la percepción acerca del desempeño de los gobiernos en sus acciones contra la corrupción,
(3) los niveles de corrupción policial percibidos,
(4) las experiencias de soborno y
(5) la medida en la cual creen que la gente común puede marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción.

Los más optimistas son los ciudadanos de Ecuador, Guatemala y Uruguay, en promedio, entre los 20 países. Muchas personas señalan estar dispuestas a participar en iniciativas contra la corrupción. En Guatemala las personas entrevistadas tienen una visión positiva sobre las acciones que realiza el gobierno contra la corrupción. No obstante, aun en estos tres países hay mucho por mejorar. El soborno sigue estando bastante extendido entre los usuarios de servicios públicos. En Guatemala, muchas personas consideran que la policía es sumamente corrupta y asignan calificaciones desalentadoras respecto de la merma reciente del nivel de corrupción, lo cual indica que se puede hacer más para demostrar al público que la lucha contra la corrupción es seria.

Los ciudadanos de Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela dan  el peor resultado a sus países, dado que reciben calificaciones negativas en cuatro de los cinco indicadores. En estos países, los índices de soborno son elevados, se percibe un alto grado de corrupción policial y los ciudadanos tienen una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción como de la merma en el nivel de corrupción durante los 12 meses anteriores. Esto sugiere riesgos de corrupción reales y apremientas en estos países, y exigirá que todos los niveles del gobierno y la sociedad civil actúen en forma conjunta.

En Honduras, el índice de sobornos es muy elevado y la policía es percibida como sumamente corrupta. No obstante, los ciudadanos tienen una perspectiva bastante positiva respecto de los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción y una clara mayoría cree que los ciudadanos pueden marcar una diferencia en la lucha contra este fenómeno.

En Brasil, los sobornos en pos del acceso a servicios públicos son mucho menores, pero los ciudadanos tienen una mirada crítica respecto de los esfuerzos del gobierno por combatir la corrupción, y una abrumadora mayoría considera que el nivel de corrupción está aumentando.

La grilla demuestra claramente cuál es la magnitud de los problemas de corrupción en toda la región: de sus 100 índices de calificaciones, solamente 20 fueron positivos, mientras que 33 son regulares y otros 47 negativos. Pese a estos problemas, muchos ciudadanos de la región están dispuestos a sumarse a la lucha contra la corrupción. Hacer que se sumen al movimiento contra la corrupción y mantener su entusiasmo debe ser un objetivo prioritario para los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para erradicar este flagelo. Un sistema judicial sólido, honesto y transparente será fundamental para mantener el compromiso público contra la corrupción. La población desea ver que funcionarios públicos reciban las sanciones correspondientes por los delitos que hayan cometido. Si esto no ocurre, los ciudadanos se sentirán incluso más decepcionados con el sistema de gobernanza de su país y esta energía positiva para el cambio podría desperdiciarse.

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