Nicaragua y Guatemala, son llamados por el Parlamento Europeo a respetar los Derechos Humanos

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Por medio de Resoluciones, el Parlamento Europeo instó a Nicaragua, al gobierno nicaragüense, a abstenerse de acosar y recurrir a actos de represalia contra Francisca Ramírez, la coordinadora del Consejo Nacional para Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía. Ramírez fue detenida e intimidada tras presentar una queja formal por las agresiones perpetradas en la región de Nueva Guinea en diciembre de 2016, y también su familia ha sido objeto de ataques violentos como represalia.

Los eurodiputados piden al Gobierno de Managua que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, firmada en 2008, y que respete plenamente los valores democráticos, incluida la separación de poderes.

Destacan el deterioro del Estado de derecho y la democracia en el país y denuncian que las elecciones libres se ven dificultadas por la exclusión de los candidatos de la oposición, mientras que los periodistas se ven con frecuencia acosados e intimidados, incluso con amenazas de muerte, y sometidos a detención.

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En el caso de Guatemala, la resolución condena los recientes asesinatos de Laura Leonor Vásquez Pineda, Sebastián Alonzo Juan y los periodistas Víctor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona y Winston Leonardo Túnchez Cano, así como los asesinatos de catorce defensores de los derechos humanos cometidos en Guatemala en 2016.

Los eurodiputados hacen hincapié en que estos asesinatos, y la asentada cultura de impunidad, junto a los elevados niveles de violencia y criminalidad en el país, hacen muy difícil el trabajo de los activistas pro-derechos humanos. Valoran los esfuerzos de las autoridades en la lucha contra la delincuencia organizada, pero instan a intensificarlos y reclaman una investigación inmediata, objetiva y en profundidad de los citados crímenes.

El pleno pidió también la aplicación urgente y obligatoria de las medidas cautelares recomendadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos, y urge al Gobierno guatemalteco a revocar su decisión de retirar unilateralmente las medidas cautelares nacionales en favor de los defensores de los derechos humanos.

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